Las autonomías acusan al Gobierno de privatizar la formación de parados

Fátima Báñez, ministra de Empleo de España. / Twitter
Fátima Báñez, ministra de Empleo de España. / Twitter

10 comunidades autónomas han remitido un documento conjunto para criticar el proyecto liderado por Fámita Báñez, encargada de Empleo en el gobierno central.

Las autonomías acusan al Gobierno de privatizar la formación de parados

Diez de las 17 comunidades autónomas que integran España han remitido un documento en conjunto en el que expresan su rotundo rechazo a la forma "unilateral" con la que el Gobierno ha desarrollado el reglamento de la ley de formación. El Ministerio de Empleo ya había tenido serios choques con los sindicatos por el mismo tema, y ahora las autoridades autónomas le acusan de "profundizar en la privatización de la formación para desempleados”.

El documento ha sido firmado por los responsables de empleo de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Navarra y Asturias. Los funcionarios expresan su molestia con "alguna de las medidas más destacadas, principalemente con el cheque formación”.

Esta medida representa la creación de una cuenta virtual en la que el desempleado juntará un dinero procedente de la cotización para el sistema de formación (con una cuota del 0.7% sobre la base de cotización que pagan los empresarios, un 0.6% y trabajadores, con el 0.1%). Con ello, el individuo desempleado podrá ir a centros certificados por las autoridades a fin de recibir la formación que los servicios de empleo hayan detectado que necesita.

El miércoles de esta semana, Fátima Báñez, responsable de la cartera de Empleo, explicó en el Congreso que las administraciones autonómicas permitirían que se pusiera en marcha el llamado "cheque formación" desde agosto. La réplica de los 10 ministros mencionados critica que la "implantación del cheque formación no haya sido consensuada ni diálogada con los agentes sociales, ni tampoco con las comunidades autonómas, que son precisamente quienes tendrán que hacerse cargo de su puesta en marcha”.

Pero las autoridades autónomas van más alla en su crítica y aseguran que el plan "profundiza en la privatización de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de las administraciones públicas de configurar una oferta formativa (...) ajustada a las necesidades del tejido productivo”. A fin de enmendar el pleito, los funcionarios exigen a La Moncloa diálogo y “participación en el diseño y en la gestión de las políticas de empleo”.

En las próximas semanas se podrían abrir varias opciones para retomar el diálogo. Sin ir tan lejos, la semana entrante habrá un encuentro entre los directores generales de Empleo y el Ministerio. En la última semana del presente mes se celebrará la conferencia sectorial de Empleo, ente integrado por el Ministerio y las consejerías del sector.

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