La Audiencia Nacional investiga a Repsol por sus contratos con Villarejo

Oficinas de Repsol en Madrid.
Oficinas de Repsol en Madrid.
Manuel García-Castellón abre una nueva causa, ahora contra la petrolera, con lo que se suman ya más de 20 carpetas en este caso.
La Audiencia Nacional investiga a Repsol por sus contratos con Villarejo

La Operación Tándem tiene ya una nueva rama, que se extiende hasta la petrolera Repsol. La Audiencia Nacional investiga los contratos que la compañía tenía con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el centro sobre el que gira toda una megatrama de corrupción policial y empresarial, recuerda El País. El mismo medio cita a sus fuentes jurídicas para confirmar que el magistrado Manuel García-Castellón decidió abrir dicha investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la cual sigue de cerca los negocios millonarios de esta pieza, que ya se ha llevado por delante a empresas nacionales como el Banco BBVA y la energética Iberdrola.

Desde Repsol se ha defendido ante el mismo periódico que no se sabe nada al respecto y que el juzgado no les ha notificado de nada. Como sea, admiten que hay facturas de 2011 de la petrolera en las que aparece el nombre de algunas empresas de Villarejo, al que García-Castellón tiene como líder de una "estructura paraestatal" que hizo negocios ilícitos con información confidencial, por la que ganó "cantidades millonarias". Eso sí, la investigación va apenas en su fase inicial.

Agencias de noticias señalan que las pesquisas en cuestión se extienden incluso a Caixabank y pretenden aclarar si ésta usó los servicios de Villarejo en 2011 para evitar que Sacyr, con un acuerdo con Pemex, se apoderara del consejo de administración que a la sazón encabezaba Antoni Brufau.

Para darle mayor veracidad a su información, El País asegura haber visto dos facturas a nombre de Repsol que fueron intervenidas al comisario jubilado. Una de ellas es de 2014 y su monto es de 24.200 euros por "servicios de análisis de información y seguridad". La segunda, de dos años antes, es por un monto hasta los 53.100 euros bajo el concepto de "elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados”.

La macrocausa crece un poco más a cada día que pasa desde que se abrió en 2017. De momento cuenta ya hasta con 20 piezas separadas, en las cuales se investiga, cómo no, al Partido Popular, específicamente a su extesorero Luis Bárcenas, una guerra fría contra Podemos de parte de la llamada policía patriótica y también el espionaje ilegal que hizo a pedio del BBVA. @mundiario

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