La Audiencia Nacional afea ahora la fusión de las cajas gallegas de hace diez años

Era mucho más que un rumor persistente. Lo sabían todos aquellos que estaban en el ajo y unos cuantos de los que tenían en su mano la capacidad de decidir o de influir en las decisiones. Cuando, allá por 2010, la Xunta promueve la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, la caja coruñesa estaba al borde de la intervención. Se encontraba en una situación delicada, muy justa de solvencia. Era la consecuencia de varios años de proceso expansivo en el que practicó una agresiva política crediticia con escasas garantías, sin reforzar los controles de riesgo y financiándose en los mercados mayoristas. Feijóo, a sabiendas de lo que había, decidió no dejarla caer. Tomó la decisión política de apadrinar un matrimonio forzoso y abocado al fracaso, al que la entidad viguesa se opuso hasta donde pudo. Sabía que aquello acabaría mal y tenía otros planes, pero tuvo que acabar claudicando, sin siquiera derecho al pataleo. 

La Audiencia Nacional acaba de dictar un auto que pone negro sobre blanco, bajo membrete oficial, una verdad que para más de uno todavía sigue siendo muy incómoda.  Si bien ese no era el objeto del pleito, la resolución judicial cuestiona abiertamente la fusión impuesta desde San Caetano, que acabó costándonos a los contribuyentes nueve mil millones de euros de las arcas públicas que hubo que inyectar a a entidad refundida. De ellos apenas se recuperaron unos mil tras la venta a Banesco de lo que quedaba de las antiguas cajas nacionalizadas y bancarizadas. Los magistrados vienen a confirmar que Caixa Galicia no tenía salvación, mientras que, sin embargo, Caixanova no corría aún el riesgo de ser intervenida. No es que gozara de una buena salud, pero estaba en condiciones de sobrevivir. Hubiera podido salir adelante al menos por algún tiempo no sin serias dificultades y con mucho esfuerzo, a base de corregir el rumbo.

La caja viguesa, según la Audiencia Nacional, nunca habría sido intervenida de no haberse visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia. Tenía, entre otras, la posibilidad de establecer una alianza a tres bandas con Caja de Murcia y Caja Astur. Estaba en ello. Y el Banco de España lo sabía. Los máximos responsables del organismo regulador, entonces capitaneado por el socialista Miguel Angel Fernández Ordóñez, disponían de más de un documento que desaconsejaba la integración de las cajas gallegas. Sin embargo, al parecer por presiones políticas o por un supuesto pacto PSOE-PP, no la vetó. Eso sí, para dar su nihil obstat puso una serie de condiciones, entre ellas, la principal, que fuesen los directivos de Caixanova los que ocupasen los puestos de máxima responsabilidad en la entidad resultante de la fusión, aquella que Feijóo presentó orgulloso como la cuarta en el ranking de las cajas de ahorro españolas.

Fue el por entonces director general de la entidad viguesa, José Luis Pego, quien un año antes de la fusión avisó de que aquella era la peor de las alternativas posibles si de lo que se trataba era de que el sector financiero gallego salvara al menos los muebles en medio de la tormenta perfecta desatada por la gran recesión. Aún así, a pesar de su escepticismo, Pego aceptó la encomienda de gestionar la caja fusionada con un contrato blindado por el que acabaría en los tribunales, tras el nombramiento de José María Castellano como presidente ejecutivo y en medio de un gran revuelo mediático y social. Al final, como estaba cantado, la operación para crear la gran caja única gallega acabó en fiasco. La antigua dirección de Caixanova dio con sus huesos en la cárcel, mientras José Luis Méndez, el hombre que llevó a Caixa Galicia al borde la quiebra, se salvó de la quema. Se fue de rositas, con un indemnización millonaria que nadie objetó, y con su honor casi intacto. Y eso es algo que aún escuece a mucha gente. @mundiario