La aprobación de la reforma laboral abre la puerta a otros 12.000 millones de fondos europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. / Twitter @sanchezcastejon
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. / Twitter @sanchezcastejon
La mayor parte de la nueva partida estaba condicionada al cumplimiento del componente 23 del plan que Gobierno envió a Bruselas, que recoge los compromisos adquiridos en materia laboral.
La aprobación de la reforma laboral abre la puerta a otros 12.000 millones de fondos europeos

La tensión entre los partidos y el ruido mediático empañan la aprobación de la reforma laboral, el nuevo marco legislativo que regulará las relaciones laborales en España en los próximos años y que abre la puerta a que el país reciba una nueva partida de 12.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación.  

Y es que el sí del diputado del PP, Alberto Casero, en la rocambolesca votación de este jueves en el Congreso ha sido clave para dar curso al nuevo desembolso de ayudas comunitarias: la mayor parte (10.000 millones) estaba condicionada al cumplimiento del componente 23 del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, el contrato que el Gobierno envió a la Comisión Europea para poder acceder a los mencionados fondos.

El componente 23

El texto, titulado Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo y considerado la espina dorsal del proceso de reforma del año 2021, recoge en unas 90 páginas los compromisos adquiridos por España en materia de legislación laboral. En ese documento se enumera cada capítulo de reformas que el Ejecutivo pretende sacar adelante, así como la dotación presupuestaria de aquellas partidas que requieren de inversión pública.

“Con el fin de promover un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista económico y social y garantizar la seguridad jurídica, es preciso abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de reformas que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo”, expone el Gobierno en la descripción general del componente.


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Bruselas, por su parte, dejó claras sus condiciones: la reforma debía combinar seguridad y flexibilidad, combatir las principales debilidades del mercado del trabajo español (dualidad, temporalidad, paro juvenil y desigualdad entre hombres y mujeres); llegar tras un acuerdo con los agentes sociales y, lo más importante, salir adelante en un proceso parlamentario. Un proceso que finalmente se ha completado este jueves tras la accidentada votación en el Congreso. 

Así, se espera que España reciba los citados 12.000 millones a partir de mediados de este año. La cifra se sumará a los 9.000 millones recibidos inicialmente -que no estaban sujetos al cumplimiento de ningún objetivo-; y a los otros 10.000 millones que Bruselas desembolsó a finales del año pasado al constatar que el país había cumplido 52 hitos de los exigidos.  

guerra por la reforma laboral

En paralelo, la guerra por la reforma laboral. El PSOE y el PP se han lanzado graves acusaciones en las últimas horas: desde "compra de votos" y "transfuguismo" de lado de los socialistas; hasta “pucherazo” y “prevaricación” del lado de los populares. Sin embargo, según fuentes de la Administración citadas por El País, parece poco probable que las reclamaciones anunciadas por el PP y Vox (a la Mesa del Congreso y, de ser necesario, al Tribunal Constitucional) puedan paralizar la aplicación de la reforma laboral.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado duramente la postura del PP que, a su juicio, “no hacen nada más que confirmar una posición de negacionismo, destructiva e incluso de boicot que ha llegado a los fondos europeos”, en referencia a los cuestionamientos de la formación al su reparto de los fondos entre las comunidades autónomas. Los populares, ha dicho Calviño, se dedican a “criticar, boicotear y sembrar dudas no contra el Gobierno de España, sino contra España, dentro y fuera de sus fronteras”. @mundiario
 

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