La administración local vuelve a protagonizar el debate sobre las cuentas públicas

La Comisión Nacional de Administración Local ha sido informada hace unos días por parte del Ministro Montoro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los Ayuntamientos en los próximos 3 años sin que se alzaran voces contrarias ni reivindicativas del reconocimiento del papel que realmente juegan estos en el balance final de las cuentas del Estado. Al día siguiente hizo lo propio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera refiriéndose a las Comunidades Autónomas, en este caso con más voces críticas, cuando está por ver si ni siquiera las que se mostraron a favor cumplan tales objetivos.

El año pasado, según el propio Ministro de Hacienda, “casi” se consigue el objetivo de déficit público comprometido ante Bruselas. Pero si vemos las cifras con detalle comprobaremos que lo fue, por una parte gracias a que los Ayuntamientos gastaron menos de lo que tenían autorizado, y por otra a que la prima de riesgo cerró 172 puntos básicos por debajo de 2012, con el consiguiente ahorro en el pago de la deuda, mientras que tanto las Comunidades Autónomas como el Estado incumplieron gravemente sus objetivos de déficit. Así, el conjunto de autonomías se desvió un 0,24 % mientras que el Estado casi triplicó esa desviación, hasta el 0,53 %. Y con un agravante: en julio de 2012 el Gobierno creó el Fondo de Liquidez Autonómica como una línea de crédito para que las Comunidades pudieran hacer frente a sus obligaciones con la deuda, adscribiéndose 6: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Valencia. Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia, habiéndose reeditado estas ayudas en  2013. Y aunque se suponía que quienes se acogieran a estos Fondos debían presentar un plan de ajuste y sus cuentas pasarían a estar sino fiscalizadas al menos controladas por el Ministerio de Hacienda, sin embargo el déficit de estas Comunidades no ha parado de crecer y en mayor proporción que el de las que no se acogieron, las cuales han moderado considerablemente el suyo, por lo que no parece ser de justicia que aquellas que debían estar controladas crecieran sin parar, sin que les pase nada, y las que se comprometieron a ajustarse lo consiguieran sin ayuda externa adicional.

Del total del déficit público sobre el PIB al cierre de 2013 el del Estado supuso el 81,7 %, el de las Comunidades Autónomas el 20,2 % y el de las Entidades Locales tan sólo el 4,1 %, es decir, la quinta parte del autonómico y una veinteava parte del estatal. Y del déficit de la Administración Local su mayor aportación viene sobre todo de las grandes Corporaciones, es decir, de Ayuntamientos capitales de provincia y de más de 50.000 habitantes. Y ante todo esto al Gobierno sólo se le ha ocurrido que lo más urgente debía ser aprobar una Ley que controlase el gasto de la Administración Local, para lo que se aprobó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la misma, como si las cifras no demostrasen sobradamente que la Administración Local ya se comporta bajo criterios y parámetros claramente de racionalización, siendo esta la más sostenible de todas las Administraciones Públicas.

Quizás donde pudiera haber menor racionalidad y sostenibilidad es en el mantenimiento de los 4.896 ayuntamientos que en la actualidad tienen menos de 1.000 habitantes, siendo más del 60 % del total, y de los cuales el 80 % ni siquiera llegan a 500, existiendo 470 con menos de 50 vecinos, habiendo presidentes de comunidades de propietarios con mayor representatividad que algunos Alcaldes. Y esto no se ha querido tocar sino que lo que se ha pretendido es desapoderar a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes trasladando sus competencias hacia las Diputaciones, cuando estas no han demostrado ser mejores gestores, amén de su carácter de elección indirecta, así como a las Comunidades Autónomas, que, tal y como queda acreditado, no son el paradigma de administración racional y sostenible. Y por si todo esto no fuera suficiente, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr. Beteta, pidió a las Comunidades Autónomas que entiendan que algunos servicios los gestionan mejor y más barato los Ayuntamientos, cuando precisamente él, que ha sido uno de los padres intelectuales de esa Ley, ha regulado en el sentido totalmente opuesto. Por ello creo que vuelve a cobrar vigencia la célebre frase de Groucho Marx de que “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.