Adif decide retener un 10% de los contratos de las empresas del cartel AVE
La empresa gestora de infraestructuras ferroviarias Adif ha anunciado una rebaja unilateral del 10% a los contratos del cartel de AVE todavía vigentes. La compañía entiende que el sobreprecio que provocó el acuerdo entre firmas les perjudica deliberadamente, por lo que les retendrá el 10% y consignará dicha cantidad ante notario. La empresa pública ha decidido esto luego de que hace cuatro meses Competencia les impusiera una multa de hasta 118 millones de euros a las 15 principales adjudicatarias del sector ferroviario que se repartieron entre sí los contratos públicos, explica El País.
Desde más o menos 2005, Adif y las 15 empresas que adquieren los contratos de infraestructuras ferroviarias quedan así al borde de un enfrentamiento. Muchos de los 275 contratos amañados se mantienen vigentes aún a día de hoy y Adif estima que el daño a las arcas públicas sigue ahí. De acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), los servicios licitados subieron su precio, dejando consecuencias en el erario público a raíz de "la reducción tanto del número de ofertas presentadas como de los descuentos ofertados”.
Ya en abril Adif había avisado de que se presentaría ante los tribunales para acusar por daños y perjuicios a las empresas en cuestión, dentro de las que se incluyen ACS, Sacyr y Ohl, pero que no podrá hacerlo hasta que no exista una sentencia firme. Las compañías afectadas se presentaron con un recurso ante la Audiencia Nacional. Pueden llevar el caso al Tribunal Supremo, pero entonces el proceso se extendería hasta unos seis años. Mientras, Adif ha adaptado ya los nuevos pliegos que incluyen cláusulas de "integridad y lucha contra el fraude" que se encargan de dar una armadura a la compañía pública ante potenciales casos de prácticas cartelistas o colusorias, prosigue El País.
No obstante, Adif seguirá sin recibir ningún resarcimiento en el corto plazo pese a estas medidas, por lo que de ahí su decisión de reducir las facturas que todavía tiene pendientes en un 10%. Aquellas 15 empresas dejaron de hacer actividades ilegales en cuanto fueron denunciadas, pero la gestora considera que el daño todavía se mantiene pues los precios no han variado.
En estas últimas semanas, la compañía ha pedido a otras que le transmitan sus nuevas tarifas. Su plan inicial es que las mismas empresas recortaran los precios, y que esas rebajas se mantengan invariables. Eso sucede, por ejemplo, en una de las licitaciones de mantenimiento, la cual no vence sino hasta dentro de cinco años.
En sus misivas, Adif señala que si las empresas no hacen sus cálculos y les remiten sus nuevos precios, no tramitará ni la emisión de certificaciones ni tampoco liquidará contratos ni mucho menos cancelará garantías depositadas. Por lo menos una de esas compañías se ha negado a ello, por lo que Adif le ha aplicado ya la retención del 10% sobre las facturas que queden pendientes. Las cantidades que dejará de pagar los depositará ante notario, a no ser que alguna de las empresas acepte ofrecer alguna garantía por la suma.
No más contratos
Ese 10% es el mínimo sobreprecio que la compañía ha detectado que se produce cuando existen prácticas cartelistas como las que ya sancionó en su momento la CNMC. Adif incluso asegura que podría licitar un peritaje más adelante mientras hace detalladamente sus cuentas.
Probablemente la gran novedad de la resolución de la autoridad de Competencia aún no está vigente y puede que tarde un poco en estarlo. Eso también motivó a Adif a tomar medidas. Eso sí, su recorte está avalado por la Ley de contratos públicos en su artículo 72, en donde reza que "la competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar” corresponde a Hacienda y Función Pública.
A todo esto, las empresas sancionadas no han dejado de ganar licitaciones con la Administración. Entre el 14 de marzo, cuando se emitió la resolución de la CNMC, y el 9 de agosto, las empresas ya contaban con contratos con las diferentes administraciones públicas españolas por un total de hasta 299,7 millones de euros sin IVA. El más gordo fue para una UTE (unión tempora del empresas) con Neopul-Sacyr (38,3 millones de euros sin IVA) para la construcción del trayecto entre Hernani-Astigarraga de la plataforma en la nueva red ferroviaria en el País Vasco. @mundiario
