La abogacía reacciona al conocer que los adscritos al turno de oficio también pagarán IVA

Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, y Cristobal Montoro, ministro de Hacienda en funciones.
Luis de Guindos, ministro de Economía, y Cristobal Montoro, ministro de Hacienda.

Desde el mundo de la abogacía sostienen que el sistema de justicia gratuita establecido en Bélgica, en especial en lo referente a la indemnización económica a los profesiones, es distinto y, por tanto, no equiparable al español

La abogacía reacciona al conocer que los adscritos al turno de oficio también pagarán IVA

En una reciente consulta vinculante de 25 de enero del 2017, la Dirección General de Tributos cambia el criterio anterior asentado desde el año 1986 y declara sujeto al IVA las actuaciones de los profesionales designados de oficio para la defensa de los  beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Este cambio de criterio se basa en una sentencia de julio del 2016 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resuelve una cuestión prejudicial planteada por  el Tribunal  Constitucional belga.

Como ya avanzó MUNDIARIO en exclusiva, los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos, siendo la base imponible el importe total de la contraprestación pagada por la Administración y el tipo aplicable el 21%.

Hasta ahora la Dirección General de Tributos entendía no sujetas estas actuaciones por su carácter obligatorio y gratuito, siendo lo abonado por las Administraciones a los profesionales una subvención, pero no retribuciones propiamente dichas. Por el contrario, en esta consulta vinculante, apoyándose en la citada sentencia TJUE, se entiende que son servicios onerosos, pagados por un tercero (Administración) y sujetos al IVA, “debiéndose repercutir en factura el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21% a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios”, “formando parte de la base imponible de dicha prestación la retribución que perciben con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial”, que, en principio –opinan desde la abogacía– no tendría efecto retroactivo al haber consultas vinculantes anteriores en sentido contrario, pues como dice la propia consulta “el carácter vinculante de la contestación a la consultas tributarias se mantendrá para la Administración tributaria en relación con las obligaciones y, derechos cuyo cumplimento y ejercicio, respectivamente, hubiesen de materializarse por el obligado tributario durante la vigencia de dicho criterio”.

En definitiva, la consulta estima que el beneficiario de justicia gratuita (destinatario de la prestación) ha de abonar el IVA devengado al 21% como contribuyente del impuesto, siendo la base para su cálculo lo percibido por cada actuación, según los módulos y bases de compensación económica establecidos en cada baremo de justicia gratuita y el sujeto pasivo el profesional, obligado a hacer su liquidación e ingreso.

Para la abogacía, dicha interpretación choca frontalmente contra el art. 6.3 de la LAJG, que establece como prestación del derecho a la asistencia jurídica gratuita “la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador”, de modo que es errónea y no aplicable, pues desde el momento en que el destinario fuese contribuyente del IVA como consecuencia de los servicios prestados por los profesionales designados, dicha prestación dejaría de ser gratuita. Siendo además, en la mayoría de los casos, inviable su cobro por razones prácticas. "Piénsese en la jurisdicción penal", advierten desde la abogacía.

¿Es Bélgica diferente de España? 

Desde el mundo de la abogacía sostienen que el sistema de justicia gratuita establecido en Bélgica, en especial en lo referente a la indemnización económica a los profesiones, es distinto y, por tanto, no equiparable al español, dado que las compensaciones a los profesionales no está predeterminadas en baremo. A cada proceso se le asignan unos puntos, a los que se les dará  anualmente valor económico en función del presupuesto global de asistencia jurídica y, finalmente, las tarifas son fijadas por el Ministerio de Justicia en función de las puntuaciones totales que cada año envían los colegios y que dependerá del tipo de casos a los que se le haya asignado el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

A juicio de los abogados españoles, los servicios de defensa y representación como prestación del derecho a la asistencia jurídica son gratuitos para el beneficiario y obligatorios para el sujeto pasivo (en el caso del IVA, los profesionales designados) y por tanto no están sujetos al IVA (art. 7.10º Ley IVA 1992). Obligatorios –precisan–, dado que aquella persona que cumpla los requisitos establecidos en la Ley tendrá derecho a la designación de un abogado y procurador, los cuales habrán de asumir el nombramiento salvo justa y tasada causa de renuncia, pudiéndose, además, acordar la inclusión obligatoria en las listas de asistencia jurídica gratuita cuando el número de profesionales inscritos no fuere suficiente; y son gratuitas, dado que el beneficiario no tendrá que abonar a los profesionales, salvo en los taxativos supuestos de reintegro establecidos en la LAJG.

En cuanto al importe librado por las Administraciones Públicas, creen que no se trata de una remuneración ni del pago de los servicios prestados, sino de una subvención (art. 37 LAJG) que, de hecho, se encuentra lejos de los precios de mercado de dichos servicios.

Reacción del Consejo General de la Abogacía Española

Esta nueva postura ha causado "estupor" y despertado "honda preocupación" en la abogacía. El Consejo General de la Abogacía Española ya está preparado un informe jurídico para refutar esta interpretación, iniciando acciones políticas y coordinando las que se impulsen desde los consejos autónomos y colegios de abogados. De igual manera, cada vez más colegios y representes han manifestado su rechazo a este nuevo e infundado criterio.

"De prevalecer el discutido cambio, llegaríamos al absurdo de que el IVA debería ser abonado por las administraciones públicas (CC AA y Estado), para dar cumplimiento al citado art. 6.3 de LAJG, siendo como ya se dijo, la base los importes que figuren en los respectivos baremos", dicen desde la abogacía.

La abogacía reacciona al conocer que los adscritos al turno de oficio también pagarán IVA
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