Ábalos anuncia una ley para que los ayuntamientos pongan topes a los alquileres

José Luis Ábalos, exministro de Transportes. / Mundiario
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El Gobierno busca frenar las alzas desmedidas en los arrendamientos, pero todavía estudia cuál es la vía jurídica más adecuada para hacerlo. 
Ábalos anuncia una ley para que los ayuntamientos pongan topes a los alquileres

Los españoles ven sus finanzas apretadas por el incremento desmedido de los alquileres, que son indicadores de un contexto socioeconómico de lucro para los grandes arrendatario y en paralelo un contexto de pérdida de poder adquisitivo con merma en el bienestar económico de cada trabajador. Es por ello que el Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar que la burbuja de los alquileres se infle cada vez más y eso origine un impasse mucho mayor entre las cadenas de alquileres, los dueños de inmuebles, los ciudadanos y el Gobierno. 

Sobre esta situación recae el peso del Poder Legislativo, que tiene la última palabra para establecer un mecanismo rápidamente ejecutable con el objetivo de poner freno al alza indiscriminada en los alquileres que ha formado parte de la cotidianidad de todo aquel ciudadano que por cualquier motivo necesite arrendar una habitación o un departamento, tomando en cuenta que los precios varían según la zona urbana donde se encuentre.

El Gobierno ha dejado clara su intención de legislar antes del verano para limitar los precios de los alquileres. Así lo ha anunciado este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien al mismo tiempo enfrenta una situación de mucha tensión política dentro y fuera del Gobierno por su presunta violación de las sanciones de la Unión Europea sobre el Gobierno (en disputa) de Venezuela, al haber recibido a la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, sobre quien pesa una prohibición de entrada a territorio comunitario europeo. 

Aunque aún está por definir qué pieza legislativa regulará este control, en medio de un contexto de desacuerdos políticos y fragmentación de las fuerzas políticas que conforman el Parlamento, el ministro ha adelantado que la norma habilitará a Ayuntamientos y comunidades autónomas para que pongan topes a los precios de los alquileres de viviendas siempre que se apliquen sobre zonas muy tensionadas en precios y en momentos puntuales.

Esto implica que dependiendo de la paridad de poder adquisitivo y las condiciones socioeconómicas de cada zona y región urbana del país, el precio oscilará entre máximos y mínimos que estarán acordes a la capacidad de pago del huésped.

"Antes del verano traeré a esta cámara una iniciativa para permitir el control de precios de alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas", ha señalado Ábalos.

El límite al precio de los alquileres está contemplado en el acuerdo firmado entre Podemos y el PSOE para el Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez, que representa un hito en la capacidad de consenso de ambos bloques de izquierda, pues a pesar de que están unidos en un gobierno de coalición, todavía presentan fricciones mutuas a la hora de acordar políticas en materia fiscal, económica y social. 

Se aplicará en la forma en que se pactó en un primer momento, ya en el acuerdo de presupuestos de 2018: será una medida excepcional para mercados tensionados, es decir, para mercados con burbujas tarifarias demasiado abultadas por la compañías arrendatarias. 

Para ello, el departamento que dirige Ábalos está estudiando las vías legales más adecuadas, lo cual representa una transferencia de poder y competencias jurídicas de tamaño considerable a las administraciones municipales y provinciales. 

La medida que estudia Ábalos se basa en habilitar el control de precios por parte de administraciones locales y autonómicas exige tocar varias leyes, además de que representa una política de estatización de la gestión fiscal concerniente al ámbito del sector de arrendamientos. Pero el Gobierno aún no ha decidido si esa medida concreta se incluirá en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la ley de vivienda que prepara o en un decreto ley. Por lo tanto, todavía está por verse la factibilidad de ese marco jurídico como un hecho administrativo absoluto que impactará al sector. @mundiario

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