¿Autocensura? Anagrama evita publicar El odio pese a tener el aval judicial

La decisión de la editorial Anagrama de mantener en suspenso, por tiempo indefinido, la publicación del libro El odio, de Luisgé Martín, basado en el relato del parricida José Bretón, reabre un dilema tan antiguo como espinoso: ¿puede la literatura ampararse en la libertad de expresión para dar voz al horror, incluso si ello implica remover las heridas abiertas de un crimen que aún conmueve profundamente a la sociedad española?

La Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado que no concurren los requisitos legales para prohibir de forma cautelar la difusión del libro, rechazando así la petición de la Fiscalía de Menores y de Ruth Ortiz, madre de los dos menores asesinados por Bretón en 2011. El tribunal ha hecho hincapié en los principios de proporcionalidad, legalidad y libertad creativa, subrayando que no se pueden aplicar medidas tan restrictivas sin una demanda formal que evalúe, con rigor y pruebas concretas, la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, que la justicia no haya prohibido el libro no implica que su publicación carezca de consecuencias éticas o sociales. La editorial, pese a tener vía libre para distribuir la obra, ha optado por detener su lanzamiento como gesto de prudencia, en una decisión que habla más de sensibilidad editorial que de presión judicial. Anagrama se enfrenta así a un escenario paradójico: legalmente puede publicar el libro, pero moralmente sabe que está en el centro de una tormenta de legitimidad, no solo jurídica, sino también humana.

La cuestión de fondo trasciende el caso concreto de El odio. No se trata únicamente de si se vulnera o no la intimidad de Ruth Ortiz o la imagen de sus hijos asesinados, sino de si es lícito convertir en material narrativo —por muy literario que se pretenda— el testimonio de un asesino condenado, cuya voz ha sido silenciada judicialmente por mandato expreso de la sentencia. No hay que olvidar que Bretón tiene prohibido comunicarse con la madre de los niños por ningún medio, una medida de protección que se extiende durante más de dos décadas. ¿Puede entonces interpretarse la publicación de sus declaraciones en un libro como una forma de quebrantamiento de esa condena?

La Fiscalía y la familia de las víctimas así lo creen. Y no les falta razón al temer una revictimización innecesaria, que les obliga a revivir públicamente una tragedia personal indescriptible. El hecho de que la comunicación se produzca de forma indirecta —a través de un escritor y una editorial— no exime de responsabilidad moral ni atenúa el impacto emocional que puede tener ver reaparecer, en páginas impresas, la figura de un hombre que planificó y ejecutó el asesinato de sus propios hijos.

Pero al mismo tiempo, la cultura democrática no puede construirse sobre la censura previa. La justicia ha recordado que el derecho a la creación literaria, aunque basado en hechos reales, es una forma de expresión protegida por la Constitución. Y que limitarla exige algo más que el escándalo o el dolor, por muy comprensibles que estos sean. Esta protección, sin embargo, no es un cheque en blanco. La libertad de expresión no convierte en inocuo todo lo que se dice o publica, y menos aún cuando afecta a derechos tan delicados como el honor, la imagen o la intimidad de menores fallecidos.

La paradoja es evidente: El odio no está prohibido, pero está en entredicho. No porque la justicia lo haya vetado, sino porque la sociedad —y en particular quienes sufrieron la tragedia de forma directa— lo perciben como una herida reabierta, como un uso indebido del sufrimiento ajeno. En esta tensión entre lo legal y lo legítimo, entre lo posible y lo aceptable, es donde la literatura contemporánea está llamada a reflexionar con profundidad y responsabilidad.

¿Debe contarse todo? ¿Debe publicarse todo lo que se escribe? ¿Y quién asume la carga de esas decisiones? El autor, desde luego, tiene derecho a explorar los rincones más oscuros de la condición humana. Pero la editorial, como intermediaria entre la obra y el lector, tiene la obligación de sopesar no solo la calidad literaria, sino también el contexto, las consecuencias y las heridas que pueden causar ciertas historias.

El caso de El odio plantea, en última instancia, una pregunta que la justicia no puede resolver sola: ¿cómo convivimos con el horror sin convertirlo en espectáculo? ¿Cómo evitamos que la voz del verdugo eclipse, otra vez, el silencio de las víctimas? En tiempos donde el morbo vende más que la compasión, tal vez lo más valiente sea, precisamente, callar. O, al menos, detenerse a pensar antes de hablar en nombre de quienes ya no pueden defenderse. @mundiario