El Gobierno de Costa Rica acelera cuatro proyectos de seguridad
Los líderes de los partidos políticos han convenido impulsar la pronta aprobación de cuatro propuestas legislativas promovidas por el gobierno de Rodrigo Chaves.
Los seis líderes de fracción acordaron tomar medidas para agilizar la aprobación de cuatro proyectos de ley impulsados por el gobierno de Rodrigo Chaves. Estos proyectos, que ya superaron un primer debate la semana pasada, están pendientes de su segunda votación programada entre el martes y el jueves de la presente semana.
Uno de los proyectos busca eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para sus funciones. Otro establecería penas de prisión de uno a seis años para quienes fabriquen, comercialicen, instalen u operen dispositivos diseñados para interferir o bloquear señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imágenes con fines ilícitos.
El tercer proyecto se centra en reformas relacionadas con la justicia penal juvenil, procurando adecuar la respuesta judicial a la criminalidad violenta y la delincuencia organizada, así como ampliar la lista de delitos de prescripción a cinco años y permitir la detención provisional de menores que representen un peligro para la sociedad.
Otra propuesta autorizaría la intervención telefónica para casos de homicidio simple y femicidio, otorgando a la Fiscalía General la facultad de solicitarla. También extendería el período de intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año.
El cuarto proyecto tiene como objetivo establecer sanciones más severas para el uso indebido de armas, considerando como agravante la posesión o portación de un arma de fuego registrada a nombre de otro y reportada como extraviada o sustraída. También propone aumentar las penas si dicha arma se utiliza para cometer un delito o está vinculada a delincuencia organizada o asociación ilícita.
Además de estos proyectos, se acordó impulsar otras iniciativas que fortalezcan las áreas de seguridad e investigación de las instituciones estatales para combatir el fraude, la corrupción y otros delitos que afecten los recursos públicos. También se busca acelerar el proceso de levantamiento de cadáveres en casos de muertes violentas o sospecha de delitos culposos.
Los líderes de los grupos parlamentarios también han consensuado establecer una lista de cinco proyectos prioritarios, destacó Alejandro Pacheco, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana. @mundiario