Los diputados aprueban reforma para el Servicio Nacional de Guardacostas

La reforma aprobada en primer debate por los diputados, centrada en el artículo 36 de la Ley de creación del Servicio Nacional de Guardacostas, busca agilizar el proceso de disposición de embarcaciones incautadas o abandonadas. Esta modificación pretende corregir deficiencias presentes en reformas anteriores, especialmente las introducidas en 2018, que buscaban el uso eficiente de bienes confiscados al crimen organizado.

La nueva propuesta abre la posibilidad de donar bienes a una amplia gama de organizaciones jurídicas y sociales al eliminar la restricción de "idoneidad para administrar fondos públicos". Esto permitirá que pequeñas organizaciones comunitarias reciban equipos, siempre y cuando no sean de utilidad para el Servicio Nacional de Guardacostas.

Además, la reforma propone que los bienes procedentes de hallazgos y aquellos sin antecedentes delictivos puedan disponerse mediante la publicación de un edicto. Este proceso asegura que terceros de buena fe puedan reclamar sus derechos sobre tales bienes.

La exposición de motivos destaca que la iniciativa busca un beneficio social al redirigir bienes utilizados por el crimen organizado hacia personas menos favorecidas. Asimismo, se señala que el Servicio Nacional de Guardacostas puede disponer legalmente de bienes navales, aliviando la carga económica asociada a su resguardo y mantenimiento.

Este proyecto es el primero de una serie relacionada con la seguridad ciudadana que se tramita en el Congreso, tanto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico como en el pleno legislativo. La aprobación de esta iniciativa se logró después de que los líderes de las fracciones legislativas acordaron los plazos para el trámite de otros proyectos relacionados con la seguridad ciudadana.

La diputada Priscilla Vindas enfatizó que el proyecto no solo beneficiará a comunidades costeras, sino también a aquellas cerca de ríos o afectadas por el narcotráfico. El diputado Carlos Felipe García destacó el trabajo serio de la Asamblea Legislativa y la capacidad de generar acuerdos entre las seis fracciones políticas representadas en el plenario.

El consenso logrado entre los jefes de fracción también fortaleció la prioridad de avanzar con otras iniciativas sobre seguridad ciudadana en el pleno legislativo, programando sesiones adicionales por las mañanas para abordar esta agenda. Entre los proyectos destacados se encuentran aquellos que proponen revocar la libertad condicional en caso de arresto durante su disfrute y reformar la legislación sobre el cumplimiento de la pena para obtener el beneficio de la libertad condicional. @mundiario