La industria alimentaria pide “no” taladrar los bolsillos de los consumidores con impuestos disfrazados de fondos verdes
Empresarios de Costa Rica instan a los diputados a descartar iniciativa que busca imponer un impuesto que pagarían los empresarios y familias.
Los empresarios de alimentos y bebidas pertenecientes a la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) fomentaron su total desacuerdo con el proyecto de ley 22.362, denominado Modificación de la Ley No. 8839 del 24 de junio de 2010 y sus reformas, tachando la iniciativa como una amenaza adicional a los bolsillos de los consumidores, alejada de todos los principios de razonabilidad técnica, proporcionalidad y seguridad jurídica
Los empresarios del sector privado señalan que el texto del proyecto de ley contiene conceptos indeterminados, y el claro propósito de constituir un fondo económico llamado “Fondo para el Manejo de Residuos” (FOMARE), financiado con impuestos, bajo el eufemismo de “contribuciones especiales”, cuyo monto es de hasta $3 dólares por unidad, que se pretenden imponer sobre personas físicas o jurídicas que produzcan o importen bienes declarados de manejo especial.
La sola idea de cargar con más impuestos a la población, es impresentable, detalló el presidente de CACIA, Juan Ignacio Pérez.
"No podemos creer que ante la crisis inflacionaria que afecta la economía mundial y los altos precios de todo lo que la población necesita, se pretenda crear en una ley un subsidio para un gremio en específico, en detrimento del costo de vida y recursos disponibles para el resto de la sociedad”, añadió Pérez.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de CACIA, Mario Montero, indicó que desde la industria alimentaria se está generando una alerta para los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos por la tramitación del expediente 22-362 el cual parece generar un impacto fuerte sobre los bolsillos de las familias costarricenses en tiempos en los que se afrontan aun precios altos en todo.
Montero indicó también que se hace un llamado a los diputados del país para que estas modificaciones no lleguen a ver la luz en la Asamblea Legislativa y así no impacten más al pueblo costarricense.
La Ley No. 8839 del 24 de junio de 2010 y sus reformas aboga para la gestión integral de residuos, que busca imponer un impuesto, que finalmente deberán pagar las empresas y las familias en el precio de una gran cantidad de productos, necesarios en la cotidianeidad de la población. @mundiario
