Los veterinarios exigen cambios urgentes: ¿está la burocracia poniendo en riesgo la vida de nuestras mascotas?

Cientos de veterinarios de toda España se han concentrado en Santiago de Compostela bajo el lema "Dejadnos trabajar". Esta manifestación busca presionar para derogar una normativa que, según denuncian, les impide tratar de forma rápida y eficaz a los animales, poniendo en riesgo su salud y bienestar. La protesta sigue a una anterior realizada frente al Ministerio de Agricultura en Madrid en una fecha reciente, donde se alzaron voces similares. Casos como el de Selva, una perra gallega que falleció tras no recibir a tiempo el antibiótico adecuado, o el de Luna, cuya historia ha movilizado a más de 162.000 personas en una petición en Change.org, han encendido las alarmas.

¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo afecta esta situación a los millones de hogares españoles que consideran a sus mascotas parte de la familia? En este reportaje, exploramos las razones detrás de estas protestas, el impacto de la normativa en la sanidad animal y las soluciones que los veterinarios proponen para garantizar un equilibrio entre el uso responsable de antibióticos y el bienestar de nuestros compañeros de cuatro patas.

El contexto: Resistencia antimicrobiana y el concepto "One Health"

Para entender el conflicto, es crucial ponerlo en contexto. La resistencia antimicrobiana (RAM) es uno de los mayores desafíos de salud global del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra entre los 10 problemas más graves a nivel mundial, mientras que la Unión Europea la sitúa como una de las tres principales amenazas sanitarias. Este fenómeno ocurre cuando las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos, haciendo que tratamientos que antes eran efectivos dejen de funcionar, tanto en humanos como en animales.

En respuesta, la UE y España han implementado estrategias dentro del marco del concepto "One Health" (Una Salud), que aboga por un enfoque integrado entre la salud humana, animal y ambiental. En España, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), iniciado en 2014, ha logrado reducir el consumo de antibióticos en el sector veterinario en un 70%, convirtiendo al país en líder europeo en este ámbito. Un ejemplo destacado es la reducción voluntaria del uso de colistina en el sector porcino, un antibiótico reservado ahora exclusivamente para humanos, lo que refleja el compromiso del sector veterinario con el uso responsable de estos medicamentos.

Sin embargo, esta lucha contra la resistencia antimicrobiana ha traído consigo regulaciones estrictas que, según los veterinarios, están teniendo consecuencias no deseadas, especialmente en el ámbito de los animales de compañía.

La normativa en cuestión: PresVet y las restricciones al uso de antibióticos

Desde el 2 de enero de 2025, los veterinarios de animales de compañía en España deben cumplir con una normativa derivada del Reglamento (UE) 2019/6, que regula el uso de medicamentos veterinarios. Esta normativa, implementada a través del sistema informático PresVet, obliga a los veterinarios a registrar minuciosamente cada prescripción de antibióticos y a seguir un protocolo estricto conocido como "cascada de uso".

El sistema clasifica los antibióticos en categorías:

• Uso prudente: antibióticos de primera elección, que deben ser utilizados inicialmente.
• Uso con cautela: antibióticos de segunda línea, que requieren justificación.
• Uso restringido: antibióticos reservados para casos excepcionales, con requisitos adicionales como antibiogramas (cultivos que tardan 10-12 días).
• Prohibidos: antibióticos exclusivos para humanos, como ciertos medicamentos clave en la lucha contra infecciones resistentes.

El problema, según Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, radica en que esta normativa limita severamente el criterio clínico de los profesionales. "La normativa exige que el uso de los antibióticos sea estrictamente de acuerdo a la ficha técnica del medicamento, que indica para qué especie y patología está autorizado. Sin embargo, las empresas farmacéuticas no tienen interés en ampliar estas fichas técnicas debido al alto costo de los ensayos clínicos, lo que deja a los veterinarios con opciones muy limitadas", explica Álamo en una entrevista para Cuestión de Prioridades.

Un ejemplo práctico: un antibiótico común como la amoxicilina podría estar registrado solo para gatos con infecciones digestivas. Si un perro sufre una infección respiratoria, el veterinario no puede usarlo legalmente, aunque clínicamente sea la mejor opción, y debe buscar una alternativa dentro del sistema de cascada, lo que a menudo implica retrasos y tratamientos menos efectivos.

Casos que estremecen: Selva, Luna y el impacto en los animales de compañía

Las consecuencias de esta normativa no son teóricas: ya están afectando a miles de animales. El caso de Selva, una perra gallega, es un ejemplo trágico. Selva sufrió la mordedura de otro perro, una lesión que suele requerir antibióticos inmediatos para prevenir infecciones como la sepsis. Sin embargo, el protocolo de PresVet obligó al veterinario a comenzar con un antibiótico de primera elección que no fue efectivo. Para cambiar a un antibiótico más adecuado, se requería un antibiograma, un cultivo que tarda entre 10 y 12 días en dar resultados. Selva no resistió: tras varios días de tratamiento ineficaz, falleció.

Otro caso que ha movilizado a la opinión pública es el de Luna, mencionado en una petición en Change.org iniciada por Veterinarios Unidos, que ya suma más de 162.000 firmas. La petición describe un escenario desgarrador: "Tu mascota enferma de repente. Tiene fiebre, deja de comer y está decaída. Corres al veterinario esperando respuestas rápidas, pero te encuentras con retrasos porque la normativa exige trámites burocráticos interminables". La petición subraya cómo estos retrasos están costando vidas y pide un cambio urgente en el sistema.

El impacto en los veterinarios: Burocracia, carga emocional y falta de reconocimiento

Los veterinarios no solo enfrentan limitaciones clínicas, sino también una carga administrativa abrumadora. PresVet requiere que cada prescripción incluya datos exhaustivos: identificación del animal (incluso su número de registro, si lo tiene), datos del propietario (como su correo electrónico y código postal), y una justificación detallada del tratamiento. Rufino Álamo lo describe como "una carga insoportable que nos convierte en burócratas en lugar de sanitarios".

Además, la normativa incluye un régimen sancionador que, aunque recientemente modificado tras las protestas, sigue generando temor. Inicialmente, las multas por incumplimientos podían oscilar entre 60.000 y 1.200.000 euros, una cuantía desproporcionada que, según Álamo, refleja "la precipitación con la que se publicó la norma". Aunque el Congreso ha aprobado una reducción de estas sanciones, aún no se ha publicado en el BOE, lo que mantiene la incertidumbre entre los profesionales.

Pero el impacto no es solo profesional: también es emocional. Los veterinarios, una profesión profundamente vocacional, lidian diariamente con el sufrimiento y la muerte de animales. "La carga emocional es inmensa", afirma Álamo. Estudios del CDC de Estados Unidos señalan que la veterinaria tiene una de las tasas de suicidio más altas entre las profesiones, no solo por el acceso a medicamentos que facilitan el acto, sino por el estrés de las guardias, la falta de conciliación laboral y familiar, y la falta de reconocimiento administrativo. En España, los veterinarios no tienen especialidades sanitarias reconocidas ni un sistema de formación como el VIR (Veterinario Interno Residente), a pesar de ser considerados sanitarios por ley.

Esta normativa agrava la situación: muchos veterinarios jóvenes abandonan la profesión poco después de colegiarse, desmotivados por las condiciones laborales y la burocracia. "No nos sentimos sanitarios de primera", lamenta Álamo, quien señala que la falta de coordinación entre el Ministerio de Agricultura (que regula los medicamentos veterinarios), el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) complica aún más la situación.

El impacto en los propietarios: Costes, abandono y riesgos de salud pública

Los propietarios de mascotas también están sufriendo las consecuencias. La normativa ha generado varios problemas prácticos:

• Retrasos en tratamientos: En casos urgentes, como mordeduras o infecciones, los retrasos para obtener un antibiograma pueden ser fatales, como ocurrió con Selva.
• Costes elevados: Los antibiogramas y otros requisitos burocráticos incrementan los gastos, y muchos propietarios no pueden asumirlos. Además, el IVA del 21% en los servicios veterinarios (a diferencia del 0% en la medicina humana) encarece aún más la atención. Esta discrepancia fiscal, que no reconoce a la veterinaria como un servicio sanitario esencial al mismo nivel que la medicina humana, agrava la situación económica de los dueños de mascotas y limita el acceso a tratamientos vitales.
• Dificultades de acceso a medicamentos: En España, los medicamentos veterinarios solo pueden dispensarse en farmacias (a diferencia de 17 países europeos donde los veterinarios pueden venderlos directamente), y los envases no siempre están adaptados a las necesidades de animales pequeños como hámsters o periquitos. Esto genera residuos de antibióticos que, según Álamo, "pueden acabar en el medio ambiente, en la automedicación o mal gestionados", lo que va en contra del objetivo de la norma.

Estos problemas económicos y burocráticos están teniendo un efecto colateral preocupante: el aumento del abandono animal. Según estudios recientes, la nueva Ley de Bienestar Animal, combinada con estas restricciones y los altos costes asociados (incluido el IVA del 21%), ha incrementado el abandono, ya que muchos propietarios no pueden permitirse la atención veterinaria necesaria. Además, la convivencia estrecha entre mascotas y humanos plantea un riesgo de salud pública: si un animal enfermo no recibe tratamiento adecuado, puede convertirse en un vector de enfermedades zoonóticas, como la rabia o la triquinosis, que los veterinarios han combatido históricamente con éxito.

La perspectiva del Ministerio: ¿Un enfoque equivocado?

El Ministerio de Agricultura defiende la normativa argumentando que es necesaria para controlar el uso de antibióticos y prevenir la resistencia antimicrobiana. Además, señala que el sector ganadero ha implementado medidas similares sin quejas significativas. Sin embargo, los veterinarios discrepan: "No se puede hacer un corta y pega del modelo ganadero a los animales de compañía", afirma Álamo. Mientras que los animales de producción (bovinos, ovinos, porcinos) tienen patologías más predecibles y homogéneas, los animales de compañía abarcan un espectro infinito de especies y condiciones, desde perros y gatos hasta aves exóticas y roedores, cada uno con necesidades específicas.

Los veterinarios también denuncian que no se les escuchó durante la elaboración de la norma. Aunque se presentaron alegaciones en el período de consulta pública, éstas no fueron tenidas en cuenta. "La administración no ha atendido a una realidad que permita la efectiva aplicación de la norma", critica Álamo. Recientemente, el Ministerio ha emitido notas aclaratorias (como la del 15 de enero, que flexibilizó algunos requisitos de identificación de animales) y ha modificado el régimen sancionador, pero los veterinarios consideran que estos cambios son insuficientes. Según una comunicación oficial de la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, no se prevén modificaciones adicionales ni un diálogo con el Ministerio de Sanidad para abordar el problema de forma integral.

La voz del sector: Una protesta unánime y propuestas concretas

La manifestación de hoy en Santiago de Compostela no fue un acto aislado: reunió a veterinarios de todos los sectores (ganadero, porcino, ovino, de salud pública, municipales) y a sociedades científicas, sindicatos y organizaciones colegiales. Esta protesta sigue a la realizada frente al Ministerio de Agricultura en Madrid, reflejando la creciente frustración del colectivo. "No ha habido ningún elemento que haya levantado tanto consenso como este", subraya Álamo, destacando la unidad del sector.

La petición en Change.org, impulsada por Veterinarios Unidos, refleja las demandas del sector:

• Revisión inmediata de la normativa: Flexibilizar el sistema de cascada para permitir el uso de antibióticos de elección, incluso si no están registrados específicamente para una especie o patología.
• Simplificación administrativa: Reducir la carga burocrática de PresVet y priorizar la salud animal sobre los trámites.
• Confianza en el criterio clínico: Reconocer la experiencia y formación de los veterinarios, permitiéndoles prescribir con autonomía.
• Medidas prácticas: Adaptar los envases de medicamentos a las necesidades de animales de compañía y revisar el modelo de dispensación para que los veterinarios puedan venderlos directamente, como ocurre en otros países europeos.
• Equidad fiscal: Reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21% al 0%, equiparándolo al de la medicina humana, para reconocer a la veterinaria como un servicio sanitario esencial y aliviar la carga económica de los propietarios, facilitando el acceso a tratamientos vitales.

Los veterinarios insisten en que están comprometidos con el uso responsable de los antibióticos. "Entendemos el problema de la resistencia antimicrobiana y hemos demostrado nuestro compromiso", afirma Álamo, citando la reducción del 70% en el consumo de antibióticos desde 2014. Sin embargo, advierten que la normativa actual podría tener efectos contradictorios: al limitar el acceso a tratamientos efectivos, se corre el riesgo de aumentar las resistencias, ya que los antibióticos de primera elección suelen ser menos eficaces contra bacterias ya resistentes.

El futuro: ¿Qué pasará si no se actúa?

Si no se atienden las demandas de los veterinarios, las consecuencias podrían be devastadoras:

• Más casos como Selva y Luna: Animales seguirán sufriendo y muriendo por retrasos en los tratamientos.
• Riesgos de salud pública: La falta de tratamiento adecuado en mascotas podría facilitar la transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia o la gripe aviar, que está cada vez más cerca de convertirse en una amenaza pandémica.
• Abandono y crisis emocional: El aumento de los costes, agravado por el IVA del 21%, y la frustración de los propietarios podrían disparar el abandono, mientras que los veterinarios seguirán enfrentando una carga emocional insostenible.
• Pérdida de confianza: La relación entre veterinarios, propietarios y la administración podría deteriorarse, afectando la percepción de los veterinarios como sanitarios esenciales.

Por ello, el sector advierte que las movilizaciones continuarán. "El colectivo está enormemente unido y seguiremos luchando hasta que el ejercicio profesional sea razonable", asegura Álamo. La petición en Change.org, que ya ha superado las 162.000 firmas y aspira a llegar a 200.000, es un reflejo del apoyo social a esta causa.

Llamamiento a la acción

Las mascotas no son solo animales: son parte de nuestras familias, compañeros que nos brindan amor y alegría. Por eso, la situación actual es inaceptable. Los veterinarios, como sanitarios esenciales, merecen la libertad de ejercer su profesión con autonomía y eficacia, sin que la burocracia ponga en riesgo la vida de nuestros seres queridos de cuatro patas.

Desde MundiStyle invitamos a nuestros lectores a sumarse a la petición en Change.org para exigir un sistema que priorice el bienestar animal y la salud pública. Firma aquí. @mundiario