Responsabilidades políticas y judiciales: la historia de un desencuentro

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana. / RR SS
Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana. / RR SS
La entrada de la llamada “nueva política” en el escenario estatal parecía abrir una dinámica capaz de propiciar una efectiva regeneración en las prácticas desarrolladas por una buena parte de las viejas élites políticas.
Responsabilidades políticas y judiciales: la historia de un desencuentro

La dimisión de Mónica Oltra de todos los cargos institucionales que ostentaba, tiene su origen en la investigación decretada por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana a causa de unos hechos graves acaecidos en un centro dependiente del departamento que dirigía la política de Compromís. Mas allá del desarrollo futuro que experimente el procedimiento judicial, esta dimisión puede merecer una reflexión sobre el comportamiento de los partidos políticos durante los últimos años.

En los años 2014 y 2015, cuando apareció Podemos – y también Ciudadanos – el tablero político estatal estaba dominado por dos formaciones – PP y PSOE – que tenían un amplio historial de dirigentes acusados de presuntos delitos de corrupción en la gestión de diversas instancias gubernamentales (de ámbito estatal, autonómico o local).

Ante semejantes situaciones, la respuesta de los portavoces autorizados de ambas fuerzas tenía un común denominador argumental: las eventuales culpabilidades de las personas investigadas solo podían ser dilucidadas en sede judicial, de tal manera que no cabía contemplar la dimisión de las mismas si antes no existía una condena en firme. O sea: hasta que la última instancia capacitada para dictar sentencia (Tribunal Superior y/o Tribunal Supremo) no haya emitido dictamen, nadie debería abandonar su cargo institucional.

Con esta lógica, desaparecía el espacio de las responsabilidades estrictamente políticas y dejaba de operar cualquier criterio de ejemplaridad basado en un código ético previamente establecido. Solo resultaba pertinente el territorio jurídico para depurar las prácticas irregulares, con las consecuencias asociadas a esta opción: dado que la utilización de la mentira forma parte de las posibilidades de defensa ante un tribunal, aceptará tal posibilidad aunque eso resulte incompatible con las reglas de un comportamiento público decente exigible a cualquier representante de la ciudadanía.

El 15-M

Las movilizaciones acontecidas en el mes de mayo de 2011 (lo que fue bautizado como movimiento 15-M) reflejaron un amplio clima social que sumaba, por lo menos, dos indignaciones: la que provocaba el grave empeoramiento de las condiciones de vida asociado a la crisis económica derivada de la especulación financiera e inmobiliaria y la constatación de numerosos casos de enriquecimiento ilícito protagonizados por diversos dirigentes de las organizaciones políticas hegemónicas desde el final de los años 70 de la pasada década. Ese rechazo presente en sectores significativos del cuerpo social que venía apoyando al PP y al PSOE no tuvo una traducción electoral explícita hasta el año 2015 (elecciones locales, autonómicas y generales).

La entrada de la llamada “nueva política” en el escenario estatal parecía abrir una dinámica capaz de propiciar una efectiva regeneración en las prácticas desarrolladas por una buena parte de las viejas élites políticas. Surgieron, en ese contexto, propuestas concretas como la realización de primarias en la vida interna de los partidos, la limitación de los mandatos de representación, la reforma de la normativa electoral y el establecimiento de códigos éticos que propiciasen el abandono de los cargos sin esperar por sentencias judiciales que tardaban mucho tiempo en ser dictadas.

Una traducción práctica muy pequeña

Hoy, varios años después, aquellos objetivos regeneradores tuvieron una traducción práctica muy pequeña. La progresiva pérdida de peso electoral de las nuevas formaciones no facilitó la viabilidad de aquellas propuestas. Además, apareció una circunstancia muy relevante: la presencia cada vez mayor del lawfare en la vida política. En otras palabras: la creciente utilización de las instancias judiciales para desgastar y destruir a los contrincantes políticos. Las hemerotecas certifican la verosimilitud de tal afirmación: denuncias y querellas presentadas por personas vinculadas a la extrema derecha contra responsables políticos de Podemos y de otras organizaciones fueron finalmente desestimadas después de ocupar portadas y referencias destacadas en las radios y en las televisiones.

La pretensión de alcanzar un código de conducta compartido por la gran mayoría de los partidos ante las imputaciones por corrupción está condenada al fracaso. La sensibilidad dominante en el electorado no parece premiar a quien utiliza criterios mas exigentes en la depuración de las responsabilidades éticas y políticas de las personas que ocupan cargos en los poderes ejecutivos y legislativos. Además, la práctica del lawfare obliga a una reconsideración de la estrategia seguida hasta ahora en el combate contra la corrupción. Porque, en las actuales circunstancias, exigir la dimisión por una imputación judicial no suscita las mismas expectativas que cuando se postulaba hace 6 o 7 años. @mundiario

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