Regresa la corrupción al primer plano de la política española

Laura Borras en el Parlament. / Mundiario
Laura Borras en el Parlament. / Mundiario

El Gobierno central ha asumido en su totalidad la política lingüística catalana, respaldada por el PSC.

Regresa la corrupción al primer plano de la política española

Finalizaba el curso político de forma previsible cuando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las subvenciones por expedientes de regulación de empleo en Andalucía, ha deparado la condena a penas de prisión de un expresidente autonómico y otros ocho altos cargos. Lejos de producirse un debate sobre las medidas que deben adoptarse para evitar casos parecidos, se han reproducido los argumentos clásicos: los nuestros son honestos personalmente a diferencia de los de enfrente que son una banda corrupta. Da igual quien lo diga, el argumento vale para Gobierno y oposición.

En la misma semana ha habido novedades sobre otro caso célebre que afecta a gran parte del equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, así como nuevas revelaciones sobre la trama del comisario que vendía sus servicios a los dirigentes del Ministerio de Interior pero también a los principales empresarios de la banca o del sector eléctrico. Lejos de tratarse de las cloacas del Estado, se trata más bien de trapisondas a cargo de personajes que parecen escapados de las páginas de un comic.

La negativa de los grandes partidos a considerar la corrupción como estructural y a diseñar procedimientos que la hagan difícil, detectable y rápidamente subsanable la hemos denunciado en MUNDIARIO en otras ocasiones. Baste recordar que los hechos juzgados sobre el Gobierno andaluz se remontan a dos décadas atrás y los del Ejecutivo madrileño a una década atrás. Medidas elementales que existen en Francia, Reino Unido o países nórdicos, como la tajante separación entre el nivel político de la Administración y el nivel funcionarial, simplemente no existen en España. El botín de las elecciones es la ocupación masiva de puestos de la estructura de gestión, no sólo de la política, a través de una fronda que crece sin cesar de organismos autónomos, empresas y entes de todo tipo. Quien tenga curiosidad por leer el organigrama del Gobierno central, mayor que nunca a pesar de haber transferido gran parte de sus competencias, o el de los Gobiernos autónomos, Cataluña en especial, comprenderá las dimensiones del problema y las reticencias a perder tan suculento tesoro.

Porque de eso trata la sentencia de Andalucía, de la simplificación de procedimientos para otorgar ayudas a empresas y a personas con un mayor margen de discrecionalidad. A partir de ese momento los personajes sin escrúpulos, como los hay en cualquier grupo humano, tienen la oportunidad de adjudicar ayudas ilegales, ya sea por clientelismo o por razones más prosaicas. Como ha ocurrido en lo que hasta ahora sabemos de las compras de material sanitario durante los momentos críticos de la pandemia o como ocurrió en muchas ciudades durante los años de la burbuja inmobiliaria.

Por otra parte debemos citar que la corrupción no existe como delito único en el Código Penal. El Título XIX de dicha norma, que versa sobre los delitos contra la Administración pública, tipifica como delitos la prevaricación de los funcionarios públicos, el abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales así como las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos o los abusos en el ejercicio de su función.

Es decir no sólo es delito la apropiación grosera de fondos públicos o la mordida tradicional sino todo el abanico de situaciones citado que atenta contra la neutralidad de los actores públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ello se puede ser perfectamente honesto a nivel personal y sin embargo tolerar por acción u omisión, conductas impropias de los subordinados.

Tras lo que hemos escuchado durante los últimos días de algo podemos estar seguros, ningún Gobierno tomará medidas drásticas. Se prefiere que la politización de la cúpula judicial, a la que tampoco se quiere renunciar, limite los daños.

El diálogo con el Gobierno catalán ofrece resultados

Todavía la semana nos ha deparado una productiva reunión del Gobierno con su homólogo catalán, donde se han alumbrado dos documentos. El primero, deliberadamente ambiguo, apunta a modificaciones legales para modificar los tipos penales que llevaron a la cárcel a varios dirigentes independentistas o a pagar multas pecuniarias. Debe tenerse en cuenta que todavía medio centenar de personas están imputadas en varias causas por aquellos hechos. El segundo, mucho más concreto, es la plena asunción por el Gobierno de la política lingüística catalana, en este caso avalada absolutamente por el PSC.

De esa forma ERC consigue resultados tangibles en los mismos días en que defenestra a la principal dirigente de JxCat y Presidenta del Parlamento autonómico. Pero también da oxígeno a los nacionalistas vascos, navarros, baleares y gallegos, en perjuicio de las organizaciones socialistas de esos territorios. @mundiario

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