Rebajas fiscales y órdagos tramposos
Las rebajas en el IRPF de las comunidades autónomas de régimen común, son simbólicas. Las rebajas del Gobierno son muy selectivas de suerte que excluyen a las clases medias.
El espectáculo de la política española, en los planos estatal y autonómico, hace tiempo que abandonó la verosimilitud de los espacios informativos de la televisión para adentrarse en la telerrealidad, donde todo vale para mantener al público enganchado. Cuando un asunto tan serio y medular de la democracia como es la fiscalidad, el reparto de cargas entre contribuyentes y empresas así como la distribución por tramos de renta o riqueza, degenera en una tómbola de saldos, primero se pierde la credibilidad y luego se abandona la racionalidad de las decisiones.
La secuencia es ilustrativa. El PP defiende rebajas varias, deflactación, deducciones, cambios en el IVA, etc. El Gobierno lo ve imposible en la actual coyuntura. El Presidente de Andalucía da un paso más, eliminando el impuesto de patrimonio a imitación de Madrid y anunciando otras rebajas. De inmediato, sus homólogos de Galicia y Murcia se suman. Sin hacer el ruido, el PNV aplica la deflactación en el País Vasco.
El Gobierno acusa a todos menos al nacionalismo vasco de entregarse a los ricos y otras lindezas. De improviso el Presidente de la Comunidad Valenciana, una de las más endeudadas y perjudicadas por el actual sistema de financiación, se apunta a la fiesta. Y en un día el Gobierno estatal asume lo que había negado hasta ese momento y se apunta a las deducciones y rebajas varias. Rizando el rizo impone ahora un impuesto que rechazó hace dos meses cuando lo solicitó su socio Unidas Podemos.
Naturalmente, todo el debate tiene trampa desde el principio. Las rebajas en el IRPF de las Comunidades Autónomas de régimen común, son simbólicas y en modo alguno modifican la capacidad de gasto de los contribuyentes. Son medidas destinadas a crear un clima electoral favorable pero de mínima incidencia. Las rebajas del Gobierno son muy selectivas de suerte que excluyen a las clases medias, a partir de 21.000 euros anuales de ingresos.
Sumando despropósitos el Gobierno de Extremadura anuncia su propia rebaja, allí limitada a tasas y precios públicos, después de varios días repitiendo insistentemente la oposición a las rebajas fiscales. Y todavía faltan varias Comunidades por manifestarse, pero la senda ya está trazada y quien no se apunte puede sufrir un coste electoral.
El debate termina así aparentemente en tablas, pues si todos rebajan el efecto supuesto será nulo o muy leve. Sin embargo, el daño a la credibilidad fiscal está hecho mientras se sigue alimentando una espiral de gasto público que en algún momento habrá que controlar, pues se está financiando con deuda pública.
Uno de los argumentos expuestos por el Presidente andaluz es la captación de contribuyentes con elevados patrimonios que puedan invertir en su territorio. Los datos empíricos muestran que solo Madrid, por el efecto capitalidad, tiene esa capacidad. Por otra parte, si el impuesto de patrimonio está mal diseñado, como sostienen los especialistas, la solución no es suprimirlo sino trasladarlo a la renta, como en otros países, o redefinirlo.
El político con mayor credibilidad de la democracia, Felipe González ha tratado de imponer orden reclamando la reforma fiscal tantas veces prometida. No será aprobada en esta legislatura como tampoco será aprobada la nueva financiación autonómica a pesar de que el anterior modelo terminó en 2014. La política española no está para ningún acuerdo racional o estructural. Todo se limita a fuegos de artificio y aplazamiento de los problemas para el futuro. Exactamente, para el momento en el que Bruselas reclame de nuevo ajustes fiscales y haya que reducir gastos de verdad o aumentar ingresos de forma sustantiva.
OTRA VUELTA DE TUERCA EN EL NACIONALISMO CATALÁN
En otro de los grandes problemas actuales, la política catalana, se ha producido la previsible ruptura entre los socios de Gobierno, equívoca como es habitual en aquellos lares. JxCat ha amenazado con irse del Gobierno, pero no lo ha hecho. En su lugar ha reclamado que su Vicepresidente cesado sea restituido en el cargo de inmediato mientras jalea a sus afiliados para una consulta dentro de una semana sobre la continuidad en el Gobierno. ERC trata de evitar ese desgaste pidiendo un pronunciamiento inmediato. Pero hay en juego demasiados puestos bien retribuidos, unos 250, además de la influencia en todo tipo de contratos, organismos, y entidades variopintas. De eso va el debate real.
La única alternativa al actual Ejecutivo catalán es incorporar al PSC y Comúns, reforzando la colaboración con el Gobierno central y apoyando la gestión de Ada Colau en Barcelona, es decir, un Gobierno más volcado a la izquierda que al nacionalismo. Pero también una fórmula que podría tener coste electoral para ERC a pocos meses de las elecciones municipales, ya que JxCat tiene una sólida base de poder municipal con centenares de alcaldías. Por otra parte, la división interna en este último partido podría abocarlo a nuevas escisiones por lo que sus posibilidades de recuperar la hegemonía a medio plazo son cada vez menores. Es la hora del pragmatismo. @mundiario
