¿Por qué se prostituye el sistema tributario en España?

María Jesús Montero. / RR SS
María Jesús Montero. / RR SS
España no sufre un “infierno fiscal”, el Gobierno no se "forra" con la recaudación impositiva, ni siquiera es cierto que el dinero esté siempre mejor en el bolsillo de los contribuyentes. Es preciso abrir un debate tributario serio y riguroso, que ponga las cartas boca arriba.
¿Por qué se prostituye el sistema tributario en España?

La Constitución Española señala en su artículo 31.1 que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Estos principios debieran primar sobre todos los demás intereses, aunque en la práctica no es así. El sistema tributario español responde a la ideología política de los sucesivos ejecutivos y de las circunstancias que han motivado  los parches superpuestos de los que hace gala.

Conscientes de que es el momento de enfrentar una reforma tributaria en profundidad y en conjunto, para rediseñar el sistema de manera coherente, el Gobierno encargó a un grupo de personas expertas un informe que, desde el 3 de marzo, permanece en un cajón.

El Libro Blanco sobre la Reforma tributaria contiene un amplio diagnóstico de los principales problemas que revela el sistema actual, al tiempo que hace un análisis técnico sobre las reformas que convendría realizar. Entre ellas se señala que, de acuerdo con la teoría clásica del federalismo fiscal, no todos los tributos son susceptibles de ser descentralizados, en particular los impuestos sobre la riqueza. La alta movilidad de sus bases imponibles y la probabilidad de una competencia fiscal perjudicial y perniciosa son la mayor evidencia que la experiencia comparada arroja –y también la propia nacional–.

Amilcare Puviani recoge en su libro Teoria della Ilusione  Finanziaria  que “la aplicación de los principios constitucionales a la Hacienda… lejos de haber conseguido formar un todo compacto en defensa de los intereses comunes, formaron una débil malla por entre cuyos huecos se difundió la opresión sobre los pobres y la exaltación de los poderosos”, corría entonces el año 1903 y parece que no han cambiado demasiadas cosas.

Las diferencias políticas en cuanto a la política fiscal son lícitas y conocidas, lo que no parece de recibo es que se prostituya el lenguaje hasta el punto de menoscabar la conciencia fiscal de la ciudadanía, que ya de por sí no goza de buena salud. Es una evidencia que hay que reformar la imposición patrimonial en España, las decisiones de desfiscalización que se están tomando en los últimos tiempos y el efecto dominó que han generado, son el resultado de razones electorales más que fiscales.

Esta situación ha empujado a la parte socialista a replantearse la negativa que hace apenas unos meses dio a la propuesta de Unidas Podemos sobre la necesidad de un gravamen a los “ricos”. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que trabaja en un gravamen a las grandes fortunas con la finalidad de incrementar los recursos para hacer frente a las necesidades que ha generado la crisis, así como también que las personas que más tienen (recursos) contribuyan en mayor medida. Sin embargo, la única certeza es que el gravamen entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, mientras se desconoce el qué, el cuánto, el cómo y a quién se va a dirigir.

Ante estas incógnitas, ¿qué posibilidades tiene el Gobierno de establecer un nuevo gravamen a los “ricos”? Fundamentalmente son tres:

1)  Actuar sobre el impuesto de patrimonio (IP) existente, poniendo un suelo, de tal manera que ninguna comunidad autónoma lo pudiera bonificar al 100%. Esta opción no está exenta de dificultades y, sobre todo, restaría inmediatez a la medida, puesto que habría que actuar sobre la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Cesión de Tributos, por lo que no parece la opción más probable. La otra posibilidad es que se establezca un gravamen complementario dentro del impuesto de patrimonio que sea estatal, de forma que aquellos contribuyentes que son bonificados en sus respectivas comunidades, acaben pagando la parte del tributo a nivel central.

2) Otra de las posibilidades consistiría en actuar a sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Si bien no resulta sencillo de alcanzar el objetivo que se pretende, pues los grandes patrimonios, por definición no tributan por IRPF sino que utilizan otras vías para  optimizar sus resultados.

3) Por último, se podría crear un nuevo gravamen complementario, que debe salvar el obstáculo de no incurrir gravar dos veces el mismo hecho imponible, para lo que se podría pensar en una prestación patrimonial pública, que no es un impuesto pero se le parece, pero  cuyo recorrido es incierto, pues apenas hay precedentes en el sistema español.

Madrid, Andalucía y ahora también Galicia

Habrá que esperar y ver por qué opción se decanta finalmente el Gobierno. En todo caso, lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir a su clase política es seriedad, más aún cuando se juega con las cosas de comer, porque ni el Gobierno se “forra” con los impuestos, ni España sufre un “infierno fiscal” ni siquiera es cierto que el dinero esté siempre mejor en el bolsillo de los contribuyentes.

El debate tributario debe abrirse a toda la sociedad, ponerse las cartas boca arriba y, más allá de esta guerra tributaria en la que se han embarcado las comunidades autónomas (Madrid, Andalucía y ahora también Galicia, que acaba de anunciar una bonificación del 50% en el impuesto de patrimonio), el resultado final debiera ser un sistema justo y equitativo, que recaude lo suficiente para atender a las obligaciones derivadas del Estado de Bienestar, si es que se quiere mantener. Todo lo demás son juegos florales. @mundiario

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