El PP exhibe contradicciones en su discurso

Ursula von der Leyen, presidenta de la CE dando un discurso en el Parlamento Europeo. / RR.SS.
Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, ha enviado un mensaje de apoyo al PP en medio del debate energético.

En el debate de las medidas energéticas ya ha rectificado y lo hará de nuevo en la votación del proyecto de Ley. En Cataluña muestra ambigüedad política.

El PP exhibe contradicciones en su discurso

El debate sobre energía en las Cortes ha devenido en un juego de espejos donde nada es lo que parece. De un lado el Gobierno, sabiendo que Bruselas preparaba una regulación para final de este mes, decidió adelantar una propuesta para imponer exacciones extraordinarias y temporales a los bancos y empresas de energía, envolviéndolo en una retórica de lucha contra los especuladores. El PP optó por la confrontación absoluta no ahorrando descalificaciones. Al día siguiente del debate la Ministra de Hacienda reconoció que deberían ajustar la norma a las directrices comunitarias con lo que todos los parámetros de la medida como la duración, el hecho imponible ya sean beneficios o costes y el efecto sobre la banca, quedan en suspenso. Además del importe de la recaudación.

Por su parte el PP vio como la Comisión Europea lo dejaba en evidencia debiendo rectificar y asumiendo que apoyarán lo que regule Bruselas. El Gobierno cree que Feijóo no conocía el alcance de los movimientos comunitarios, algo poco comprensible cuando llevaban semanas sometidos a consultas con los Gobiernos. Asume que el coste de desdecirse es inferior al beneficio de dejar al PP en la incómoda posición de votar el próximo mes lo contrario de lo que ayer defendía.

Lo cierto es que el PP, como ya hemos comentado en MUNDIARIO, parece estar necesitado de mejores asesores. No solo es inaudito que no esté al tanto de lo que se discute en los despachos de la Comisión Europea donde hay una nutrida representación de directivos, funcionarios y diputados españoles, sino que además no da muestras de mantener una posición clara y elaborada ante problemas tan complejos como el coste de la energía. Como tácito reconocimiento de su error, en la convención de cargos populares del pasado sábado exhibieron un video de apoyo de Ursula von der Leyden, Presidenta de la Comisión Europea.

Lo que diferencia a una oposición vociferante como Vox de una alternativa de Gobierno, es la capacidad para mostrar alternativas viables, de ofrecer argumentos contrastados, de apoyar en datos y hechos las aseveraciones. Competir en descalificaciones como hacía Casado, no aproxima al Gobierno. Feijóo debería de saberlo mejor que nadie.

El problema no es que el Gobierno acuse al PP de estar al servicio de las empresas energéticas y bancarias. Es una simpleza retórica que no merece análisis cuando el precio de la energía no solo está descontrolado sino que cualquier medida que se adopte tiene costes para los consumidores. Así el tope al gas le significa a cada familia media, un coste igual al del consumo de kilovatios, es decir pagará el doble de lo que consuma, más los cargos por potencia y otros. Unos 70 euros más al mes para una vivienda en piso. El problema es que el PP no ha sido capaz de ofrecer medidas alternativas claras, similares a las que aplican otros países. Y en esas condiciones oponerse no es la mejor fórmula.

Sobre el impuesto a la banca existen mayores dudas. Miguel Sebastián, que fue Ministro de Industria en el Gobierno Zapatero, ofrecía esta semana argumentos que lo ponen en cuestión, afirmando que difícilmente llegará a ser aprobado al menos en los términos que se dice. En este caso la repercusión sobre los usuarios es todavía más probable.

Otro asunto relevante donde el PP se encuentra incómodo es ante el problema catalán para el que ahora defiende un catalanismo constitucionalista etéreo. En la manifestación sobre la enseñanza que tuvo lugar el domingo, no compareció con buen criterio, pues carecía de sentido repetir la foto de Colón. Pero sobre la cuestión de fondo, nada pudo aportar. A pesar de que se trata del primer problema en Cataluña y, por tanto, de uno de los problemas principales de la política española como es el derecho de los ciudadanos castellanohablantes a ser educados en su lengua.

Cuarenta años de dejación en manos nacionalistas, para quienes la inmersión lingüística y lo que lleva aparejado de discriminación sociológica son asuntos medulares de su política, no ha sido posible plantear una alternativa clara. Y no será por falta de modelos: discriminación por centros, itinerarios en el mismo centro o por asignaturas en la misma aula. El problema es el grado de confrontación que ello exige por lo que los llamados constitucionalistas tienden más a manifestarse que a elaborar alternativas. El sistema es tan manifiestamente discriminatorio que incluso existe una excepción para las élites: los colegios llamados internacionales, donde estudiar cuesta de 10.000 a 15.000 euros por curso. Modelo elitista que Feijóo también autorizó en Galicia. @mundiario

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