Cesiones del PSOE contra la sentencia del Supremo sobre el catalán y la escuela

La directa participación de la organización territorial del partido de los socialistas en Cataluña PSC –partido hermanado con el PSOE– en la maniobra del independentismo para dejar sin cumplir ni efecto la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en un cuarto de las asignaturas es decir, que se enseñara en castellano un 25 por ciento de las materias en las escuelas catalanas, resulta no ya sorprendente, sino escandalosa. Illa se hace así socio de lo que, en su día, tras conocer el desfavorable fallo, anunció el president de la Generalitat, Pere Aragonès, quien calificó la sentencia de"un ataque muy grave" y proclamó "el catalán en la escuela no se toca". El modelo de inmersión lingüística ha sido una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades. Defenderemos el modelo de la escuela catalana", dijo. Lo que sorprende es que el PSOE, en lugar de acatar la sentencia se alie con los independentistas para tratar de dejarla sin efecto.

ERC, Junts, PSC y En Comú Podem acaban de lograr un acuerdo para reducir la presencia del castellano en las aulas de Cataluña. Y vale la pena fijarse en los términos. El castellano deja de ser lengua “vehicular”, como el catalán, aunque fuera en una mínima proporción, y pasa a ser un contenido “curricular”; es decir, una materia más como podría ser el inglés o la química. Se eliminan los porcentajes, aunque el PSC parece contento y contradictorio  porque se espera que, pese a esta medida, los escolares adquieran durante su formación la misma destreza en el manejo de las dos lenguas. Pero lo más insólito es que los partidos ahora coaligados contra la cuota mínima del castellano afirman que se trata de seguir adelante, superando lo que llaman “interferencias judiciales”; o sea, que tanto el Superior de Justicia de Cataluña, como el Supremo cumplan su función de aplicar la ley es “una interferencia”.Recuerda esta manipulación del lenguaje aquella otra que hizo el doctor Pedro Sánchez para indultar a los golpistas catalanes, luego de afirmar que deberían cumplir integras sus sentencias, afirmando que era preciso “desjudicializar” el llamado conflicto catalán, como si los responsables de la intervención del Tribunal Supremo en este caso no fueron los que aplicaron la ley, sino quienes la vulneraron.

El PSC de Illa ha cedido para que la sentencia del Supremo, que debería cumplirse antes de que acaba el mes, de modo que los independistas puedan cumplir su objetivo de reducir la presencia de la lengua oficial y común de España tenga asegurada en Cataluña un mínimo en sus aulas, bajo el bien calculado disfraz de que el alcance de la presencia de las lenguas en la enseñanza "debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos". Pero ya sabemos cuáles son y van a ser esos criterios que consideran al castellano como una lengua extranjera más. Ahora, el acuerdo en el que el PSC hace de comparsa se completará con una disposición complementaria, que también saldrá del Parlament con para blindar a los directores y docentes de los centros escolares ante las “injerencias de los tribunales”. Y pese a que el asunto tiene una dimensión política, como es evidente, con enorme cinismo se recurre a un hipócrita argumento como que “en pedagogía no caben porcentajes ni cuotas lingüísticas”. Y todo esto se ha hecho con acelerada prisa para no ejecutar, como ya se anunció que se haría, la sentencia del Supremo que obliga a cumplir con el 25% de castellano en las aulas, que expira el 31 de mayo.

El castellano deja de ser lengua vehicular

¿Va a aceptar finalmente el PSC que el castellano deje de ser lengua “vehicular”, es decir, de uso ordinario como el catalán en la enseñanza”? Porque en este orden las palabras tienen un claro significado “”curricular” no es lo mismo que “vehicular”. Claro que ni Aragonès ni sus socios en este negocio las tienen todas consigo, ni la seguridad de que la nueva ley limitadora pueda frenar la acción judicial, si bien, entre resistente y victimista, anuncia que “no vamos a renunciar a todas las herramientas que tenemos al alcance para defender el modelo de escuela catalana”. Pero el asunto no está totalmente resuelto, pues tanto la CUP, Ciudadanos, PP y Vox van a pedir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el caso, lo que los sectores del independentismo consideran “una maniobra de la derecha” para impedir lo inevitable. @mundiario.