El Tribunal Supremo de México paraliza el ‘plan B’ electoral de López Obrador

La Suprema Corte de Justicia de México ha admitido la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la reforma electoral impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que el alto tribunal ha concedido su suspensión, para que las modificaciones legales a las leyes no se apliquen hasta que los magistrados resuelvan si los cambios vulneran los derechos de los ciudadanos, o no.

La suspensión ha sido concedida por el ministro Javier Laynez, que instruye el recurso presentado por el órgano autónomo encargado de organizar y celebrar las elecciones, por lo que sus efectos han sido paralizados hasta nuevo aviso. Gracias a esto, el INE podrá conservar sus funciones, su estructura institucional, a miles de trabajadores con puestos en riesgo por la reforma y seguirá operando como antes de la aprobación del llamado ‘Plan B” de López Obrador.

“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto (de reforma) para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, ha informado la Corte este viernes al respecto de la paralización del ‘plan B’. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, ha agregado el alto tribunal.

En su valoración, el magistrado Laynez ha dejado ver que la reforma impulsada por el Gobierno podría incurrir en violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos, por lo tanto, la suspensión de las leyes estará vigente todo el tiempo que necesite la Corte Suprema para resolver la controversia, es decir, determinar si una de las mayores apuestas parlamentarias del Ejecutivo de AMLO en realidad vulnera la Constitución.

El INE impugna la reforma electoral de AMLO

Tanto la Consejería Jurídica del Gobierno como el Congreso pueden impugnar la suspensión ante la propia Corte Suprema de Justicia, pero la solución de esos recursos seguramente tardará varias semanas. Por su parte, el INE impugnó el paquete parlamentario el 9 de marzo y pidió la suspensión temporal de las normas en vigor mientras los magistrados resuelven la controversia para dejarlas sin efecto, “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”.

La impugnación se ceba concretamente contra cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Previamente, el propio INE había promovido sendos recursos contra los cambios a las que se sometieron la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también forman parte de la reforma electoral del Gobierno.

El INE ha advertido de que la implementación de la reforma electoral terminaría afectando completamente sus funciones, pues suprimiría decenas de juntas electorales en centenares de municipios, despediría a más de 6.000 trabajadores, limitará sus capacidades para sancionar a los partidos políticos y funcionarios que hagan campaña fuera de tiempo, con recursos del Estado y de manera abusiva.

Sin embargo, la justificación del Gobierno es que el ‘plan B’ permitirá reducir los costos públicos del sistema de elección, tras un par de años en los que ha recortado los fondos y el presupuesto para el INE. Los detractores de la reforma han advertido de que sus consecuencias terminarían por “desmantelar” y controlar el instituto autónomo, socavando la separación de poderes, y a un año de las elecciones presidenciales y legislativas. @mundiario