Una tragicomedia peruana
La última crisis en Perú ha demostrado que la clase política está totalmente alejada de la realidad que, actualmente, impacta al país como es la pandemia del covid-19. A esta hora, se podría haber escrito la crónica de la salida del presidente Martín Vizcarra, lo cual hubiese sumido en una peligrosa incertidumbre al tener a un Palacio de Gobierno acéfalo en el poder. Sin embargo, no ocurrió ese escenario porque se rechazó su vacancia.
Más allá de lo escuchado en la sesión de ayer, la crisis desatada en los últimos días deja la figura presidencial muy debilitada y el Parlamento golpeado. Ambos poderes son vistos así ante una población que sufre día a día la crisis sanitaria y económica por la covid-19. Dentro de este escenario descrito es necesario, además, recalcar que un personaje intrascendente, como Richard Cisneros, tuvo un papel protagónico para originar este problema que pudo resolverse sin poner en vilo a una nación.
Si hacemos una cronología de hechos, el presidente Vizcarra no dijo toda la verdad sobre el caso Cisneros, o más conocido como 'Richard Swing'. La revelación de los audios de su exsecretaria personal evidencia, claramente, que hubo un intento por planear una versión de los hechos que lo involucran a este pintoresco artista. La prensa le preguntó muchas veces a Vizcarra si tenía un nexo con Cisneros. El presidente lo negó en todos los idiomas, pero la realidad terminó siendo otra.
La fiscalía tiene que investigar a Vizcarra cuando culmine su mandato. Por ese trance también pasaron sus antecesores Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Todos están siendo procesados en los tribunales, salvo García que se suicidó. Entonces, la vacancia —a diez meses de salir de Palacio de Gobierno — solo era una jugada para satisfacer los intereses de algunos grupos políticos que ya tantean lo que pueden sacar al golpear al presidente, quien no ha tenido éxito en el manejo de la pandemia, y así comenzar su estrategia política rumbo a las elecciones del próximo año.
Con esta crisis, el presidente Vizcarra perdió la bandera que siempre izo para tener el respaldo de la población en momentos complicados: la lucha contra la corrupción. Ese discurso ha quedado deslegitimado hace varios meses tras las sendas revelaciones, en los medios de comunicación, de contrataciones de personas de su entorno en el Estado. Y también de mantener a ministros cuestionados por esta misma razón. Para contribuir con ello, además, se constató que en su círculo más cercano había personas —como sus exsecretarias Karem Roca y Mirian Morales— que pugnaban por un poco del poder efímero. Ambas ya fueron sacadas de Palacio y, ahora, serán investigadas por la fiscalía por los recientes audios difundidos del caso Cisneros.
Pero, en esta reciente y absurda crisis, el presidente no podía haber sido el único protagonista. El Parlamento, elegido en enero pasado, ha quedado como un poder que buscaba una vacancia express bajo el liderazgo de congresistas muy cuestionados por sus modales democráticos. Una escena parecida que la mayoría fujimorista montó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2018.
Si empezamos por la cabeza, la actitud del titular del Congreso, Manuel Merino, de llamar a los altos mandos militares, ha sido inoportuna porque dio cabida a que había un plan para sacar del poder a Vizcarra. En su conferencia de prensa — tras conocerse este hecho— Merino señaló que un presidente del Legislativo podría comunicarse con los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo que no dijo es que, en un escenario tan delicado como un proceso de vacancia, cualquier gesto político resulta muy importante.
En el caso de Acción Popular resulta muy particular. En 1969, el expresidente Fernando Belaunde Terry fue derrocado por el general Juan Velasco Alvarado. Antes, durante su gobierno, sufrió en carne propia la intransigencia parlamentaria de la coalición del Apra y el odriismo. La historia, entonces, ha puesto en esa vereda a esta agrupación que ya comenzó a desgastar sus opciones electores rumbo a las venideras elecciones. Esa facción de congresistas que buscan atacar sin cesar al Ejecutivo no se va quedar tranquila.
Protagonistas apartes son el congresista Edgar Alarcón y Podemos Perú. Si empezamos por el parlamentario, quien ha sido denunciado por corrupción debido a su papel como contralor general de la república, solo resultó ser el chivo expiatorio del reo Antauro Humala, quien, desde la cárcel, busca dinamitar la democracia al apelar a sus afiebrados y ortodoxos planes para presentarse como el salvador del país. No se puede negar que un sector de la población peruana sintoniza con sus posturas radicales.
En tanto, Podemos evidencia que no es un partido, sino una banda de personajes con intereses oscuros que solo tratan de conseguir —a punta de leyes populistas— un caudal de votos con miras al 2021. En esa jugada participa Daniel Urresti, quien debe responder al juicio por asesinato de un periodista que debe iniciar a fines de este mes, y Cecilia García, que presiona para la aprobación de la devolución de la fondos de la ONP y el retiro total de las AFP.
A poco de que acabe este quinquenio, el balance temporal es que los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento han significado un desprestigio para ambos en la democracia peruana. Urge que los electores sean responsables el próximo año en las elecciones generales. No se puede permitir cinco años más, en los cuales la Constitución sea tan maltratada como ha sido desde el 2016. El Bicentenario es una oportunidad para recuperar ese horizonte perdido en Perú. @mundiario
