El Salvador decreta un régimen de excepción para frenar a las pandillas

Nayib Bukele. / Twitter.com @nayibbukele
Nayib Bukele. / Twitter.com @nayibbukele

El Congreso salvadoreño ha aprobado la suspensión de ciertas garantías constitucionales por un mes, con opción a prórroga, en medio de una “desmesurada” ola de violencia.

El Salvador decreta un régimen de excepción para frenar a las pandillas

Tras lo que ahora se conoce como “el día más mortífero” en la historia reciente de El Salvador, la Asamblea Legislativa de la nación centroamericana, ha aprobado por mayoría el decreto de un Régimen de Excepción, que supone la suspensión de ciertas garantías constitucionales, por un mes, aunque prorrogable por la misma cantidad de tiempo, en un intento por frenar los repuntes de la violencia.

Este sábado se registraron al menos 62 homicidios, que, junto a las 14 muertes violentas no dolosas de este viernes, suman 76 víctimas de asesinato ocurridas en menos de 48 horas y que han alarmado a las autoridades y a la población de El Salvador. Se trata de la jornada más violenta que ha vivido el país desde el fin de la guerra civil en 1992, y supera al más reciente, en agosto de 2015, cuando se registraron 51 homicidios.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele le pidió al Congreso que aprobara este decreto, invocando el artículo 29 de la Carta Magna, que contempla la suspensión de varias libertades civiles “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

Suspenden garantías constitucionales en El Salvador

El Legislativo, unicameral de apenas 84 escaños, donde el partido oficialista, Nuevas Ideas, posee la mayoría, aprobó el decreto con 67 votos a favor, cero en contra, cuatro abstenciones y 13 ausencias, por un periodo de 30 días para suspender las garantías con el objetivo de “facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.

De acuerdo con el decreto ya sancionado y promulgado en el Diario Oficial de la República, se restringe la libertad de asociación y de reunión, se ignorará la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones al ya no necesitar de una orden judicial para interferir. Asimismo, las detenciones administrativas podrán alcanzar los 15 días como máximo, cuando lo usual son 72 horas, así como se elimina la presunción de inocencia tras la captura, que ahora no necesita de una orden emanada por un tribunal.

“Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal (…) servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente. A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, explicó Bukele.

La violencia al alza

Esta espiral de violencia supone un duro golpe contra la popularidad de Bukele, quien prometió reducir el poderío de las pandillas y convertir a El Salvador en un país referencia en una región gravemente afectada por los grupos estructurados de crimen organizado, responsabilizados por delitos de homicidio, extorsión o narcotráfico.

Desde el 2016 El Salvador ha vivido un descenso de las olas violentas, alcanzando su mejor punto en 2019, tras la llegada de Bukele al poder, lo que disparó aún más su popularidad. El líder del partido Nuevas Ideas atribuyó la reducción del crimen a su Plan de Control Territorial (PCT), una estrategia de seguridad que militarizó los barrios más afectados y puso a 5.000 soldados en las calles.

Sin embargo, tras una investigación del medio El Faro, citado por El País, el descenso real del crimen se debería a la celebración de un “pacto secreto” entre el Gobierno y las principales pandillas del país, como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, cuyas filas alcanzan los 70.000 miembros en un país de apenas siete millones de habitantes, y sólo 17.000 estarían tras las rejas, de acuerdo con las cifras oficiales.

“En cualquier caso, el hecho objetivo es que en 2015 el país contabilizaba 20 asesinatos diarios y hoy ronda los cuatro. Hace seis años, El Salvador tenía una tasa de 103 muertos por cada 100.000 habitantes y hoy está en 17”, señala El País.

Cuestionamientos al presidente

En diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de EE UU, sancionó a dos funcionarios de la administración de Bukele, por haber entregado “beneficios y privilegios” a los líderes de las bandas a cambio de que apoyaran al partido en las elecciones legislativas de ese año, donde resultaron vencedores obteniendo la mayoría absoluta del Congreso. El Gobierno del estadounidense Joe Biden, no ha manejado buenas relaciones con el que es uno de los mandatarios más jóvenes del continente, quien ha sido puesto bajo la lupa por “irrespetar” la separación de poderes al renovar al Tribunal Supremo de El Salvador a través del Parlamento.

El mandatario centroamericano también ha sido duramente criticado por los partidos opositores, quienes le han pedido que no “pase por encima” de los derechos humanos de los pandilleros. Bukele ha responsabilizado a los Gobiernos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, extrema izquierda), sus mayores detractores, por haber originado este conflicto, permitirlo y por también haber hecho acuerdos similares con las bandas. @mundiario

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