El proceso para destituir a Vizcarra pierde respaldo en Perú
La crisis política en Perú no tiene cuando acabar. El proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra, a raíz de la difusión de tres audios de su secretaria personal, ha perdido fuerza en las últimos días tras conocerse que el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, buscó el apoyo político de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de integrantes del gabinete de ministros del Ejecutivo, en caso prosperase la salida del mandatario.
El Congreso aprobó el viernes pasado admitir a trámite una moción de vacancia contra Vizcarra para que asista al hemiciclo a explicar las visitas y los contratos por 50.000 dólares que obtuvo el productor musical, Richard Cisneros, más conocido en el ambiente del espectáculo como 'Richard Swing', bajo su Administración. Desde junio, la comisión de fiscalización del Legislativo y la fiscalía investiga a este personaje.
El portal IDL Reporteros reveló el sábado que el titular del Legislativo se comunicó sin éxito con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Marina. Tras conocerse este hecho, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, rechazó dicho accionar en una comparecencia en la que estuvo acompañado, precisamente, con los involucrados, la Policía Nacional, el primer ministro, Walter Martos, y la titular de Justicia, Ana Neyra.
“(Las llamadas) no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático”, expresó Chávez. La respuesta a esta acusación no tardó en llegar. El presidente del Congreso, Manuel Merino, reconoció las conversaciones, pero negó que buscará asegurar el respaldo de los militares en medio del juicio político contra el jefe de Estado. “Fue para decir que frente a la crisis que se estaba presentando en el Parlamento, se iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución”, manifestó en una conferencia de prensa.
Sin embargo, las críticas al líder del Legislativo aumentaron en las últimas horas. El ministro de Energía y Minas, Luis Incháustegui, reveló este lunes en su cuenta de Twitter que personas allegadas a Merino y de su formación lo contactaron en dos oportunidades para asegurarle que iba a continuar en el Ejecutivo, en caso el presidente Vizcarra terminará siendo destituido. Esta situación fue confirmada, después, por el propio Incháustegui en una televisora y una emisora local.
Las acusaciones contra el presidente del Congreso han provocado, evidentemente, que las bancadas impulsoras de la vacancia de Vizcarra retrocedieran en este tema. Por ejemplo, Alianza para el Progreso, la agrupación que aportó 21 votos para que procediera el trámite, se alineó a la posición de su líder, el empresario César Acuña, quien publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que pedía a su partido no respaldar el juicio político contra el presidente.
Un contexto similar ocurrió en Podemos Perú. Daniel Urresti, exministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala y que, ahora, apunta a ser candidato presidencial por esta formación, anunció que no iba a respaldar este proceso contra Vizcarra, pese que también voto a favor de admitir a trámite la vacancia. Recordemos que este partido tiene como fundador al excongresista José Luna Gálvez, quien está implicado en los casos Odebrecht y los Cuellos Blancos del Puerto, donde una red de jueces y fiscales se hacían favores en las más altas esferas judiciales.
Mientras en la oposición pierde fuerza la propuesta de la vacancia, nuevos audios se difundieron en los medios de comunicación. El dominical Panorama reveló conversaciones de la asistente personal del presidente Vizcarra, Karem Roca. En una comunicación, la funcionaria dejó en evidencia que la secretaria general de la presidencia, Miriam Morales, planteó ocultar las visitas que hizo Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Este audio provocó que ambas fueran cesadas en sus cargos.
Por otro lado, en otra comunicación, Roca señala una presunta cooperación entre Vizcarra y la fiscal general, Zoraida Ávalos, para orquestar denuncias contra miembros de la oposición. Entre los que iban a ser objeto de estas acusaciones se encuentra el legislador Edgar Alarcón, quien difundió los audios de la secretaria del presidente. La fiscalía ha pedido 17 años de prisión para Alarcón por haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso durante su ejercicio como contralor de la república entre 2016 y 2017.
El escándalo político que salpica a Vizcarra por la filtración de sus reuniones con su asistente personal, la secretaria general de la presidencia, y un asesor en comunicación, quienes acuerdan la versión que iban a brindar a las investigaciones de la fiscalía y el Parlamento por el caso Cisneros, ha provocado que su imagen presidencial se vea debilitada. El Ejecutivo apunta a que no se agudice ese aspecto y, por eso, ha presentado una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional con el fin de paralizar el proceso de vacancia iniciado por el Parlamento.
La figura de vacancia se origina en la Constitución de 1839, que establecía dejar vacante el cargo si el presidente presentaba una condición mental o física que le impidiera ejercer el poder. La norma actual establece que con 87 votos el Parlamento aprueba la vacancia por incapacidad moral permanente. Con los últimos golpes al Legislativo, dicho proceso contra Vizcarra parece que no prosperará, pero lo que sigue golpeando es la pandemia del coronavirus que, hasta el momento, 729.000 infectados y más de 30.700 fallecidos en el país. @mundiario
