Polémica por juicios masivos en El Salvador impulsados ​​por Bukele

Presos en El Salvador. / RR SS.
Presos en El Salvador. / RR SS.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promovido una controvertida reforma que oficializa la realización de juicios masivos, permitiendo audiencias con hasta 900 presos en una sola sesión.
Polémica por juicios masivos en El Salvador impulsados ​​por Bukele

El régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador ha acumulado más de 71.000 personas detenidas, lo que ha generado una sobrepoblación en las cárceles y ha desbordado los juzgados del país centroamericano. Ante esta situación, el Parlamento salvadoreño, dominado por el partido de Gobierno, ha aprobado una serie de disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, logrando así la realización de juicios masivos con hasta 900 detenidos en una misma audiencia. Esta medida tiene como objetivo procesar estructuras criminales completas en lugar de someter a los acusados ​​a procedimientos individuales.

Sin embargo, esta decisión ha generado alarma y preocupación en el ámbito nacional e internacional. Expertos de Naciones Unidas han advertido que estas audiencias masivas pueden socavar el debido proceso y el derecho a la defensa adecuada de los detenidos. En muchas ocasiones, los defensores públicos tienen apenas unos minutos para presentar los casos de cientos de detenidos, lo que pone en riesgo su derecho a una representación adecuada y la presunción de inocencia.

El régimen de excepción, que fue aprobado inicialmente por un mes en marzo de 2022 y ha sido extendido en varias ocasiones por los diputados, ha sido elogiado por algunos sectores por su eficacia en la neutralización de las maras y en la mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosas violaciones a los derechos fundamentales durante este período, incluidas muertes bajo custodia del Estado, violaciones al debido proceso y desapariciones forzadas.

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas argumentaron que la realización de juicios masivos permitiría dictar sentencias más rápidas a los criminales y evitar que los miembros de estas estructuras delictivas queden en libertad. No obstante, los críticos de esta reforma señalan que la medida puede vulnerar los derechos de los presos inocentes y violar el debido proceso, ya que muchos detenidos podrían estar incluidos en grupos de pandillas sin tener vínculos con ellas.

Ante las críticas y preocupaciones, el ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, justifica la reforma al señalar que las pandillas actuaban como un corporativo criminal y que la medida busca erradicarlas de manera contundente. Sin embargo, Naciones Unidas ha instaurado al Gobierno de El Salvador a no pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública ya respetar las garantías del debido proceso y los derechos humanos.

La aprobación de la reforma que permite juicios masivos en El Salvador ha generado un fuerte debate sobre la efectividad y la legalidad de esta medida en el combate contra la delincuencia. Mientras algunos defienden su utilidad para enfrentar a las pandillas y mejorar la seguridad, otros critican su potencial impacto negativo en los derechos de los acusados ​​y en el debido proceso. Organismos internacionales y expertos en derechos humanos han instado al Gobierno salvadoreño a garantizar un juicio justo e individualizado para cada acusado ya respetar los estándares internacionales de derechos humanos en el proceso judicial. La lucha contra la delincuencia no debe llevarse a cabo a expensas de los derechos fundamentales de las personas. @mundiario

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