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Perú vive una grave crisis social por el rechazo masivo al Gobierno interino

Miles de peruanos salen, por tercer día consecutivo a las calles en Lima y las regiones, para repudiar la concentración del poder político por parte de Manuel Merino y del Parlamento. Varios organismos civiles alertan sobre la represión policial y violaciones a los derechos humanos. 
Perú vive una grave crisis social por el rechazo masivo al Gobierno interino
Un protestante contra Manuel Merino. RR SS.
Un protestante contra Manuel Merino. RR SS.

Perú atraviesa por una grave e inédita crisis social sin precedentes en plena pandemia del coronavirus. La destitución del expresidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino de Lama, jefe del Parlamento, como su sucesor en el Ejecutivo ha provocado el rechazo unánime de la población y de organismos de la sociedad civil ante lo que consideran un golpe de Estado que pone en peligro la institucionalidad del país sudamericano, donde se celebrará nuevas elecciones generales en cinco meses.

Este miércoles se vivió una nueva jornada de protestas en las calles de Lima. Desde la Plaza San Martín, miles de ciudadanos salieron a repudiar al Gobierno interino de Merino. Con pancartas -que tenían frases como "Merino no es mi presidente", "Merino Golpista", "Merino no me representa" y "Congreso usurpador"- transitaron por diferentes puntos de la capital. Los recorridos tenían como destinos finales Palacio de Gobierno y el Congreso. La Policía comenzó a reprimir a los manifestantes con perdigones y bombas lacrimógenas por más de 12 horas. 

Los excesos policiales llegaron a una magnitud que comenzaron a detener y golpear a personas que no tenían nada que ver en la protesta. Se reportó la captura de una joven de 14 años que sigue detenida en una comisaria y sin poder comunicarse con su familia. Además, un abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que buscaba defender a 25 detenidos de las manifestaciones, fue apresado sin argumento alguno. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú también denunció que los agentes del orden atacaron a 16 fotoperiodistas y reporteros.

Una protestante. RR SS.

Una persona que lleva la pancarta contra el presidente interino. 

En la Comisión de Justicia del Parlamento se presentó una iniciativa para que el jefe de la Policía responda por estos graves hechos debido a que el ministro del Interior renunció a su cargo con la salida del expresidente Vizcarra. Las formaciones Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular bloquearon la propuesta. Incluso, una representante de este último partido exigió mayor represión de las fuerzas del orden contra los manifestantes. "Aquí hay que pedir mano dura, las manifestaciones están prohibidas. Estamos en estado de emergencia”, dijo la congresista fujimorista Martha Chávez.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado peruano a garantizar la protesta pacífica y los derechos humanos de las personas manifestantes, así como los estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) pidió a las autoridades que se respete el derecho de las y los adolescentes a expresarse libremente. Ratificó que el país andino firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Puno, Ayacucho, Huancayo, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Iquitos, Piura, también se registraron sendas movilizaciones para rechazar al presidente interino y el Parlamento. Este jueves habrán más protestas, pero con una organización mayor que buscará visualizar el repudio de la ciudadanía a la concentración de poder representada en Manuel Merino, quien hace recordar a lo hecho por el expresidente Alberto Fujimori cuando perpetró un autogolpe de Estado para instaurar una dictadura que, finalmente, cayó en el año 2000 al descubrirse graves actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. 

Las protestas en rechazo al Gobierno interino.

Las protestas en rechazo al Gobierno interno. 

Preocupación institucional

Organismos de la sociedad civil se pronunciaron sobre la inestabilidad política. El Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró que el país asistió a un golpe de Estado perpetrado por el Congreso contra el expresidente Vizcarra. “El poder emana del pueblo. El ejercicio del poder es resultado de una elección popular y no de la voluntad de congresistas”, expresaron.

La Asociación Civil Transparencia alertó en un comunicado que existe la posibilidad de que no haya la debida separación de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. Además, aviso sobre el riesgo de distorsionar con cambios la ley de presupuesto, las reformas políticas y educativas, así como no brindar las garantías mínimas para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. 

La ONG Proética demandó que el régimen interino de Merino no incluya a los partidos, que promovieron la destitución del expresidente Vizcarra, en el nuevo gabinete ministerial, cuya conformación -agregó- debe estar integrada por personajes sin investigaciones fiscales o hayan estado involucrados en graves actos de corrupción. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mencionó, en tanto, que el Ejecutivo no debe responder a intereses personales y gobernar con medidas populistas.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDEP) apuntó, además, que la incertidumbre política no debe ser aprovechada por grupos que tienen como negocios el tráfico de tierras, la tala ilegal y la minería en la Amazonía. Finalmente, veinte universidades -entre privadas y nacionales- recalcaron que el cumplimiento de los plazos del proceso electoral y garantizar que se realice con absoluta transparencia y legalidad. 

El rechazo también alcanza al Parlamento.  

Soledad continental

En América Latina también se han pronunciado sobre la crisis política en Perú. La Organización de Estados Americanos (OEA) evitó reconocer a Merino como nuevo mandatario y, por el contrario, exhortó al Tribunal Constitucional a señalar si la destitución hecha por el Parlamento contra el expresidente Vizcarra estuvo dentro del marco legal. Esta posición fue compartida por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Lenin Moreno, quienes indicaron que estarán atentos al desenlace de esta situación en Lima. 

Antes del segundo de proceso de vacancia contra Vizcarra, las encuestadores revelaban que un 80% de ciudadanos rechazaba una posible salida del jefe de Estado. Además, el 77% desaprobaba al Congreso por su manejo irresponsable y populista a la hora de realizar leyes durante la pandemia de la Covid-19. En esta cifra se incluía, además, el blindaje a parlamentarios como Edgar Alarcón, quien ha sido denunciado por la fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso durante su ejercicio como contralor de la república entre 2016 y 2017. 

Ahora que la inestabilidad política perdurará por varias semanas, el Gobierno interino de Manuel Merino se enfrentará a una oposición ciudadana que, sin duda, protestará  en las calles por cada decisión que tome. Eso se evidenció, por ejemplo, al saberse que el abogado Ántero Flores Aráoz -vinculado a sectores ultraconservadores y con un discurso machista, homofóbico y racista- fue designado como nuevo primer ministro en solitario. Este jueves por la tarde se conocerán a los demás integrantes del Consejo de Ministros. @mundiario