Perú obliga a los migrantes a probar situación regular para alquilar vivienda
Dos expertos de la ONU instan al Tribunal Constitucional a que se respete el derecho a una vivienda digna para todas las personas, sin discriminación alguna.
A finales del mes de enero, el Congreso de Perú aprobó la modificación de los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1.350 (Ley de Migraciones) con los que limitan el ingreso y tránsito de los extranjeros y los obliga a acreditar una situación migratoria regular para alquilar un inmueble en el país andino. Una situación que ha provocado la preocupación de Balakrishnan Rajagopal y de Felipe González Morales, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
“La vivienda es un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar”, sostienen los expertos de la ONU. “Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad”, añaden.
Las estimaciones indican que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia. Miles de ellas corren el riesgo de quedarse sin hogar, ya que los cambios aprobados en la Ley de Migraciones penalizan con multa a los arrendadores que brinden alojamientos sin informar a Migraciones los datos de los inquilinos extranjeros.
“Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan viviendas y alojamientos a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación”, afirman los expertos.
La medida también afecta a los peruanos
Los relatores especiales habían planteado el año pasado que la reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que “pone en riesgo a la población migrante y refugiada del país”. Una medida que también afecta a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos por alquiler.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que las nuevas disposiciones legales no cumplen con las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.
Los expertos de la ONU, por su parte, instaron al Tribunal Constitucional de Perú “a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna”. @mundiario
