Pedro Castillo asegura ser víctima de una “persecución política” de la Fiscalía

El presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke. / Presidencia.
El presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke. / Presidencia.

El mandatario está siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal que presuntamente perpetró “graves delitos” contra la administración pública.

Pedro Castillo asegura ser víctima de una “persecución política” de la Fiscalía

Por primera vez en la historia del país sudamericano, un mandatario en pleno ejercicio está siendo investigado por el Ministerio Público. El presidente peruano Pedro Castillo, ha sido notificado este fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

En concreto, la responsable de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción del Perú, Rosario Quico, ha acudido este lunes a la sede de la Presidencia para solicitar el registro de personas y vehículos que han entrado al Palacio del Gobierno, mientras que Castillo estaba fuera, en un gabinete de ministros en la región amazónica de Loreto.

Después de esta visita inesperada, el presidente ha cargado contra el Ministerio Público, y ha denunciado abiertamente que es víctima de una “persecución política” que proviene de varios sectores y afecta a otros funcionarios, como otros ministros de su Gobierno progresista.

“Debo decirles con indignación que hoy se ha desatado una persecución política a mi persona y a otros ministerios, ¿y el resto de presidentes? ¿Los demás ministros? ¿Fueron sanos? ¿Los problemas del Perú recién nacen en este Gobierno?”, ha dicho este martes el presidente Castillo.

Amplían investigación contra Pedro Castillo

Castillo enfrenta varias investigaciones desde el año pasado, desde que salieran denuncias de presunta corrupción por una adjudicación en la compra de biodiesel, por tráfico de influencias para ascender de rango a militares, por contratar a funcionarios no calificados para sus cargos y por irregularidades en la licitación de la construcción de un puente en la región de San Martín, a través de una presunta red criminal instalada desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como señala la prensa local.

El Fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación en contra del mandatario este domingo, por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. El caso, inicialmente era una denuncia contra el exministro de Transporte Juan Silva y seis congresistas, pero tras las pesquisas preliminares la Fiscalía cree que Castillo está supuestamente involucrado.

Según la disposición donde se detalla la orden de investigación, a la que CNN ha tenido acceso, el presidente Castillo “ha sido referenciado, en investigaciones fiscales seguidas en fiscalías provinciales de liderar una organización criminal que habría perpetrado delitos graves contra la administración pública y que se habría enquistado en las más altas esferas del aparato estatal”.

Abogado de Castillo exige la nulidad del proceso

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, informó este martes que interpondrá un recurso, si la Fiscalía del Perú desestima su solicitud de anular el proceso contra su cliente. “Si es que la Fiscalía no estimara nuestra nulidad esto abre paso a la tutela de derechos y llevo la discusión ante el Poder Judicial”, ha dicho el letrado apenas ha entregado la petición de “nulidad absoluta” de la investigación contra Castillo.

Espinoza señaló que la solicitud de nulidad busca dejar sin efecto la investigación, amparándose en el artículo 117 de la Constitución de la República, que establece que los presidentes en ejercicio poseen inmunidad siempre y cuando no se les acuse de traición a la patria y otros delitos como impedir los comicios electorales.

No obstante, para la Fiscalía la anulación de la investigación carece de legalidad, toda vez que la Constitución estipula que no puede acusarse formalmente a ningún presidente en funciones, pero no prohíbe “de ninguna manera” que se inicie la parte preliminar del proceso judicial, es decir, las investigaciones que ayudan a determinar si el caso debería proceder a mayores instancias, si se archiva la causa o si de plano se disuelve. @mundiario

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