¿Qué pasará ahora en Chile con el “apruebo” mayoritario a una nueva Constitución?
Chile, el llamado “oasis” o “milagro económico” de la convulsa y agitada América Latina, va a cambiar sus reglas de juego. Está a punto de cambiar las normas que regulan su sistema de vida, pues paradójicamente, este país que es uno de los más estables de Sudamérica, ya se ha tornado volátil por la desigualdad estructural que afecta tanto a los propios chilenos como a los miles de inmigrantes que allí residen, sobre todo a los haitianos y a los venezolanos. Chile está harta de su sistema desproporcionado e injusto, pero, ¿eso implica la instauración del socialismo en esa nación tan apegada al libre mercado y a la prosperidad del capitalismo?
"Un triunfo de la ciudadanía y la democracia". Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este pasado domingo 25 de octubre en su país, donde, con más del 90% de los votos escrutados y una tendencia irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Sin embargo, Piñera es uno de los principales exponentes y actores del sistema que hoy los chilenos quieren desmontar. La extrema mercantilización de la vida económica y social en Chile es insostenible para el 50% la población (la mitad de los chilenos viven con 600 dólares mensuales, equivalente a unos 465.240 pesos chilenos, pero no les permite llegar a fin de mes). Lo que para el presidente es un triunfo de la democracia, para los ciudadanos es la consecuencia de 40 años de un amplio desajuste en la distribución de la riqueza, de las oportunidades y del acceso a los medios esenciales de vida para muchas personas, pues Chile es el tercer país más caro de América del Sur, después de Uruguay y Brasil, y solo por delante de Argentina.
¿Y ahora?
Ahora el país volverá a tener otra elección el 11 de abril de 2021 para decidir quiénes serán los miembros que integrarán la Convención Constituyente, o Asamblea Nacional Constituyente (como se le conoce en otros países de Latinoamérica), el órgano encargado de redactar la nueva Constitución, que tendrá reglas mucho más flexibles, justas y socializadas que la criticada Constitución nacida durante el oscuro período de la dictadura de Pinochet, el más trágico y sangriento de la historia de Chile.
Los chilenos elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños (en el Congreso) reservados para los pueblos indígenas. Esas 155 personas tendrán la enorme responsabilidad de reescribir las reglas del juego de una forma más justa y equilibrada para toda la sociedad en materia económica, laboral, judicial, política y civil en beneficio de los chilenos.
La convención que redacte la nueva Carta Magna se constituirá en mayo de 2021. Será a partir del quinto mes del próximo año cuando ese organismo comience a trabajar día y noche para debatir y plasmar en tinta y papel indelebles las leyes que regirán la vida económica, social, laboral, judicial, institucional y política de un país fragmentado por la falta de oportunidades, la incertidumbre financiera y la inestabilidad del empleo, pese a que la oferta de puestos de trabajo ha crecido exponencialmente en los últimos tres años, aunque hoy se encuentra un tanto saturada por la oleada migratoria de venezolanos que huyen de la crisis en su país para buscar una mejor calidad de vida en suelo chileno.
¿Qué exigen los chilenos para que haya un cambio?
En octubre de 2019, Chile comenzó a desestabilizarse y a expandir la incertidumbre sobre el futuro de esa bonanza económica que deslumbró a toda la nación y a América Latina (tanto así que atrajo a más de 500.000 migrantes venezolanos). No obstante, los problemas estructurales que motivaron el llamado “estallido social” se mantienen profundizados en una espiral de irresolución por la distribución del ingreso, la insuficiencia del salario mínimo, la inequidad en las ofertas de empleo para inmigrantes sin documentos o estatus legal, y en especial, el excesivo costo de los servicios públicos.
En este país andino, el agua, el gas y la electricidad son bienes de un conglomerado de compañías que controlan el monopolio de esos recursos para venderlos a elevados precios a la población, que se ve presionada por la estrechez de sus ingresos en la cobertura de esos gastos esenciales. El Gobierno ha cedido terreno absoluto a esas empresas en la distribución de tales servicios, beneficiándose de los contratos e impuestos del sector corporativo sin solucionar la poca movilidad social de la población, que no le permite aspirar a un verdadero progreso económico individual o familiar por el alto costo de la vida en el país.
Entre los principales temas que abordará el órgano constituyente están la desigualdad y las reformas sociales, siendo estos los reclamos de las pasadas protestas que fueron el detonante para se realizara este plebiscito con las opciones del “apruebo” o “rechazo” a la decisión de escribir una nueva Constitución.
Solo se incluirán en esa nueva Carta Magna las normas aprobadas por 2/3 (dos terceras) partes de los integrantes de la constituyente.
¿Llegará el socialismo a Chile?
La clave para entender si Chile entrará en una fase de surgimiento de la agenda o del proyecto del socialismo, temido por muchos ciudadanos (incluso los inmigrantes venezolanos) y aclamado por un grupo de la élite política nacional, está en qué tanto espacio le dará esa nueva Constitución al Gobierno y al Estado para hacer público lo que hoy es privado, es decir, socializar y subsidiar los servicios de agua, electricidad, gas, alquiler, así como las ofertas de empleo, las ayudas sociales por la pandemia, la educación universitaria (de las más caras de América Latina), los impuestos y la participación de las empresas en la economía. Amanecerá y veremos si Chile volverá a la era de Salvador Allende, primer presidente socialista electo del mundo. @mundiario
