Parásitos del presupuesto
Es de conocimiento general que la burocracia del Estado en Bolivia amees gigantesca y que en los últimos lustros de masismo ha crecido aún más. Ahora bien, esa burocracia (dígase de entrada, innecesaria) supone, en los respectivos organigramas de las diferentes instituciones públicas, la existencia de empleos triviales, pero, eso sí, muy bien remunerados. Una de las razones para que el monstruo de la burocracia haya aumentado de tamaño es más o menos conocida por la ciudadanía informada: el clientelismo político, que, en palabras sencillas, es la otorgación de un favor político o económico a cambio de apoyo proselitista. O en palabras aún más sencillas: dar empleo a los amigos.
La ciudadanía solamente sabe que estos empleos existen, pero lamentablemente no conoce cuáles son específicamente. Uno de estos empleos es el de Asesor de Gestión Parlamentaria, que está bajo la directa tutela de cada uno de los diputados y senadores que integran la Asamblea. Cada parlamentario cuenta con un asesor, y entonces, haciendo la correspondiente suma (130 diputados más 36 senadores), tenemos que son 166 asesores de gestión parlamentaria actualmente en funciones.
Quiero avisar al lector que me atrevo a escribir sobre esto porque yo pude, en un brevísimo tiempo, hace unos de meses, ocupar ese puesto, y por tanto logré empaparme de lo que significa su ejercicio. También quiero aclarar que mi intención no consiste sino en develar sociológicamente ciertas particularidades de este por demás peculiar país.
Este cargo público fue creado recién hace unos quince años. Su función consiste en brindar apoyo integral al asambleísta durante sus sacrificadas e intensas gestiones (esto de “integralmente” es muy ambiguo y lleva a que algunos legisladores cometan excesos con sus contratados, como veremos más adelante). Comenzó con una remuneración de unos 4.000 bolivianos aproximadamente, hasta alcanzar los 6.800 y pico, que es lo que hasta hace poco —según la escala salarial de la Asamblea Legislativa— ganaba.
Estando ahí dentro, en la Cámara, puede hacerse mucha sociología, como la hace doña María Galindo haciendo sus llamadas barricadas. Y es lo que justamente yo hice allá. Caí en la cuenta de que los funcionarios de tan noble institución pocas veces o ninguna se dedican a lo que están llamados y obligados a hacer por ley. Así, los legisladores no legislan y sus asesores no asesoran. Éstos son, en su gran mayoría y penosamente, mandaderos, recaderos y botones. Mal de su suerte, las actividades con mayor responsabilidad que les toca desempeñar son las de coordinador de pasajes de avión y amanuense. Y es que gran parte del tiempo la pasan sudando la gota gorda, de aquí para allá, debido a las órdenes (muy degradantes, por cierto) que el legislador les da, y quien actúa a veces sobre su contratado como un sátrapa engreído.
Esto último pudo ser evidenciado a la luz pública cuando en la prensa boliviana, hace unos cinco años, salió una denuncia de un asesor que aseveraba que la mitad de su salario era retenida por su jefe, o sea por el diputado que lo había contratado. En la Cámara pude ver que varios diputados contratan a sus asesores con el expreso consentimiento ad antemano de éstos de ceder una parte de su sueldo para el congresista o para el partido. Negocios verdaderamente indignantes para una persona que, en principio, está llamada a asesorar y, obviamente, para quien está elegida para legislar.
Llevar el desayuno a la cama del diputado o senador, comprarle medicinas, estar de guardia hasta altas horas de la noche en la calle por una u otra razón, mover chirimbolos y hasta lavarle la ropa y cocinar cuando en su casa tiene invitados (no es exageración) constituye parte de sus funciones reales. Pero analicemos ahora cuán sacrificada o intensa es la vida de un diputado o un senador boliviano.
Por la poca —y en muchos casos ninguna— preparación político-intelectual que tienen los actuales legisladores, el trabajo es de por sí menos intenso. Lógicamente y por inercia, tienen la labor un poco menos exigente. Normalmente están rondando los cafés aledaños a la Plaza Murillo, comprando en las tiendas del centro paceño y haciendo intensa (y en algunos casos fructífera) vida social. Los más esforzados dan conferencias de prensa, marchan en protestas ciudadanas y van a algunos medios para ser entrevistados. Dado que la Asamblea, hoy por hoy, no es un modelo de institución sabia y fecunda, el trabajo se reduce a una mera tramitología. Y es el asesor el que la ejecuta. Así, el trabajo de pensar políticas de Estado, tanto para el legislador cuanto para su noble asesor, se reduce casi a cero.
A lo que pretendo llegar es a que los actuales diputados y senadores bolivianos tienen mucho tiempo libre, tiempo que con mucha holgura lo podrían invertir en su tramitología personal que hoy es delegada al asesor. Si personas como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Guillermo Bedregal o René Zavaleta Mercado podían parlamentar tan bien y tan dignamente al mismo tiempo que se las apañaban en sus gestiones personales vinculadas con la Cámara (además de tener tiempo para leer, reflexionar y escribir), no hay razón para justificar la pertinencia del funcionario público llamado Asesor de Gestión Parlamentaria. Para hacer lo que hace, podría crearse un cargo de asistentes a medio tiempo y, claro, con un salario más bajo.
Si hacemos números, tenemos que el Estado boliviano gasta inútilmente 13.545.600 bolivianos anualmente pagando a los dichos funcionarios. O sea casi unos 2.000.000 de dólares. Con ese monto, como todos sabemos, podrían hacerse cosas realmente útiles como un hospital o una carretera. Lo curioso es que de este fenómeno nadie dice nada, pues como de él se benefician tanto oficialistas como opositores (hay en esto, pues, entre ambos un indigno y tácito consenso), a ninguno de los dos bandos convendría eliminar el mencionado puesto: ni a los asesores que ganan buen sueldo, ni a los legisladores que tienen a un ayudante a tiempo completo que les sirve diariamente en sus menesteres personales.
Obviamente que la figura del asesor es importante —muy importante yo diría—, pero siempre y cuando desempeñe las labores a las que hace clarísima referencia el nombre de su cargo. En democracias serias, el asesor parlamentario tiene la misión de hacer pesquisas, recabar información y construir discurso político, para después reunirse con el legislador y definir con éste posiciones políticas. Para ello indudablemente se requiere una formación profesional, y no cualquiera, sino una relacionada con las áreas sociales. Pero como aquí el asesor hace las tareas de un ujier (dicho sea de paso que en el organigrama de la Asamblea existen muchos ujieres aparte, con salarios nada desdeñables), la posibilidad de ser contratado no depende de la preparación y la experiencia, sino simplemente de la lealtad y la sumisión. Esto es triste porque hay casos extremos de asesores que soportan —sí: soportan— el cargo solamente por el seguro médico que aquél les da, siendo que su salario se va casi íntegramente a las manos del asambleísta o al erario del partido.
¿Quiénes son los asesores de gestión parlamentaria? Normalmente, como se tiene dicho, el cargo es otorgado como un pago por un favor. Allí manda el clientelismo. Entonces, son por lo común militantes de los partidos que ayer hicieron intensa campaña electoral y que hoy reclaman cuotas.
El caso expuesto seguramente se repite de forma análoga en ministerios, embajadas, instituciones descentralizadas, alcaldías y gobernaciones. Éste es solamente uno de los muchos que hay; la punta del iceberg. Sé, por ejemplo, de fotocopiadores y mensajeros que ganan por encima de los 5.500 bolivianos, mientras que un maestro de escuela gana algo más de 2.500. Un dineral para el Estado… Ésa es la lógica de la politiquería.
El parasitismo es un tumor. Y eso no cambiará en tanto no haya un gobierno inteligente y responsable, y parlamentarios preparados y con visión a largo plazo. En tanto sigan reinando populistas vacuos y sin códigos éticos, los parásitos seguirán devorándose de a poco las sagradas vísceras del cuerpo estatal. @mundiario
