¿Qué consecuencias trae la suspensión del voto de Venezuela en la Organización Panamericana de la Salud?
La precariedad la cual el régimen comunista de Nicolás Maduro ha llevado en todos los ámbitos al Estado venezolano llega incluso al campo de la diplomacia sanitaria, y ahora esa situación queda aun más evidencia en este contexto de pandemia y crisis global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) observa de cerca lo que pasa en el hemisferio y la región más afectada por la pandemia de Covid-19; Occidente y América Latina, respectivamente.
Y es que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), adscrita a la OMS, suspendió este pasado martes el derecho a voto de Venezuela por deudas, decisión que fue tomada al concluir la asamblea anual del organismo regional, realizada por primera vez de forma virtual y abierta al público, marcada por continuos choques entre Cuba y Estados Unidos.
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Ni siquiera el campo de la diplomacia orientada a la resolución de crisis sanitarias y humanitarias como la de 2020 se escapa de la volatilidad, la crispación, la polarización y los conflictos ideológicos entre países con modelos de vida diametralmente opuestos, como EE UU y Cuba, mientras que Venezuela, la nación con la crisis económica, política y social más grave de América, en la mira de Washington, exacerba la falta de consenso en la OPS por la mala gestión que ha habido en América Latina (con algunas excepciones) frente a la crisis del coronavirus.
El 58º Consejo Directivo de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para América Latina, América del Norte y el Caribe, aprobó la resolución sobre Venezuela sin objeciones ni debate del pleno de los países miembros del organismo, tras revelar que el país sudamericano adeuda 7 millones 851.219 dólares por cuentas de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Esto implica que, posiblemente, el régimen de Maduro opte por asumir una posición diplomática aislacionista y a la defensiva para justificar su impago con los problemas de caja dentro del Gobierno venezolano a causa de las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, esas medidas de presión de Washington sobre Caracas comenzaron en 2018, mientras que los incumplimientos financieros de Venezuela ante la OPS iniciaron en 2017 y siguieron una cadena de ‘defaults’ cuando los ingresos del país comenzaron a caer en un promedio de 20 millones de dólares diarios con el desplome de su producción de petróleo, así como a partir del momento en que la oposición comenzó a divulgar informes de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de funcionarios del Gobierno chavista en el orden de los 300.000 millones de dólares hacia estructuras de corrupción gerencial y lavado de dinero desde la estatal petrolera PDVSA y el Banco Central de Venezuela (BCV).
La Constitución de la OPS estipula que “si un gobierno tiene atrasos que excedan el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a dos años completos se le suspenderán los privilegios de voto, aunque puede mantenerlos si considera que no paga por condiciones fuera del control del gobierno”.
El trasfondo de la falta de solvencia de Venezuela
No obstante, el Gobierno (de facto) de Nicolás Maduro atribuye su falta de solvencia a las sanciones estadounidenses como un contexto fuera de su control, pero el flujo de caja en ingresos del Estado venezolano aún registra importantes reservas de oro del Banco Central e ingresos de hasta 500 millones de dólares en 2019 por la venta de 14 toneladas de oro a Rusia y Turquía, según un informe de la agencia Bloomberg.
"No es conveniente crear excepciones que puedan ser alegadas por otros Estados miembros cuando incumplan sus compromisos financieros", dijo el vocero del grupo integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago, al presentar sus recomendaciones.
Entonces, las posiciones diplomáticas de varios países integrantes, entre los que se destacan esas naciones caribeñas y la centroamericana, se basa en evitar que otros países politicen su falta de solvencia para eludir los compromisos del financiamiento regional y cooperativo al control de la salud pública internacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia, crisis humanitaria y colapsos socioeconómicos.
El delegado de El Salvador, que presidió el panel, señaló que “Venezuela reconoció su deuda y ofreció hacer un pago inmediato de 392.560 dólares”, pero dijo que “el gobierno de Nicolás Maduro manifestó tener bloqueados en el extranjero importes significativos, e impedida la operación bancaria fuera del país en este momento”.
Las excusas políticas del Gobierno de Maduro
Caracas asegura que tiene 5.000 millones de dólares represados en bancos corresponsales de Estados Unidos y Europa a causa de las sanciones de Washington, pero omite que cuenta con una reserva de capitales dentro del Banco Central y en los fondos que el Gobierno de Maduro maneja a su discreción.
“Venezuela presentó el 24 de septiembre un plan de pago a 20 años que no incluía las contribuciones de 2020, ni tampoco señalaba fechas de desembolsos concretas en los años 2021 y siguientes. La OPS nunca aceptó antes planes de pago tan dilatados, aunque sí lo hizo la OMS”, informó el vocero salvadoreño.
Aun así, la autonomía de la OPS frente a la OMS podría generar como resultado que el incumplimiento y los pretextos financieros de Venezuela le impidan acceder a la distribución inmediata de las vacunas y las pruebas rápidas de detección de Covid-19 una vez que la OMS inicie la logística del Fondo COVAX.
¿Y si Venezuela no paga?
De no saldar sus deudas, Venezuela no podrá elegir en el futuro al director de la OPS, ni decidir sobre proyectos, ni sobre el financiamiento de la institución. Pero además, tampoco podría acceder a préstamos esenciales para financiar lotes adicionales de vacunas contra la Covid-19 en caso de que se agoten sus reservas de antivirales recibidos de forma inicial o se demoren los trámites para recibir la vacuna de Rusia, o incluso en su defecto, que esta no surta efectos positivos en inmunizar a la población venezolana. @mundiario
