La negligencia económica del Gobierno de Maduro incrementa el hambre y la pobreza en Venezuela

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Un hombre de 70 años, visiblemente menguado por la desnutrición, protesta en reclamo de una pensión justa en Maracaibo, estado de Zulia, al occidente del país / Cortesía de Carlos Guerrero, dirigente político juvenil (@SrVenezolano en Twitter).
En medio de una pandemia, el país con el sistema de vida más hostil en toda América se mantiene en una espiral de recesión económica y subsistencia social. En Venezuela, una pensión equivale a 1,2 dólares al mes. La inflación asciende al 50.000% anual, de lejos, la más alta del mundo.
La negligencia económica del Gobierno de Maduro incrementa el hambre y la pobreza en Venezuela

A medida que las economías se desarrollaban a distintas velocidades y crecían en tonos muy diversos alrededor del mundo antes de que la pandemia frenara en seco el paradigma de la globalización y de la dinámica de la producción por el bienestar socioeconómico, el sistema de vida se tornaba cada vez más complejo, cerrado, aislado y primitivo en un país que se posiciona entre los cinco con las crisis económicas, sociales y humanitarias más graves del planeta: Venezuela.

La economía y el tejido social de ese país sudamericano que solía ser una potencia petrolera con suficiente flujo de caja y rentas en dólares para importar el 80% de lo que consumía, cayó en una especie de efecto cascada en el que todo el peso del impacto lo ha sufrido la base de esa pirámide de poder que el régimen comunista de Nicolás Maduro, presidente (de facto) de Venezuela, configuró mediante su estricto sistema de control sobre los recursos naturales, los activos, las grandes empresas y la industria petrolera del país. 


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La cúpula del chavismo permanece instalada en la cúspide de esa jerarquía que sostiene a través del control militar, territorial y político sobre la sociedad venezolana, pero es precisamente esta la que se sitúa en la base de esa estructura absolutamente desigual, donde la vida nacional se ha polarizado, ya no entre chavistas y opositores como era hasta hace unos ocho años, sino entre la población que logra sobrevivir a la crisis y la que es diezmada por los embates de una realidad que golpea con fuerza y no ha dado tregua desde 2014, año en que inició el desgaste progresivo del país.

Pero esa balanza también está totalmente desequilibrada, pues la división interna ahora existe entre una ‘economía burbuja’ que se mueve en un sistema cerrado de consumo, inversiones, trabajo y productos denominados en dólares, mientras que al margen de ese subsistema existe la desvirtuada economía original de Venezuela, por llamarlo de alguna manera, en donde solo existe una moneda hiperdevaluada (el bolívar) y un extenso umbral de pobreza socioeconómica y pobreza extrema. 

¿Cómo es la Venezuela de 2020?

El reflejo de este contexto es una marcada crisis social en la que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, el 96% de la población venezolana vive en pobreza de ingresos, mientras que el 80% vive en la pobreza extrema.

En un país que tiene poco más de 30 millones de habitantes, unos 28 millones 800.000 venezolanos (96%) no cuentan con ingresos para subsistir, al tiempo que unos 24 millones de venezolanos (80%) viven en una situación de total precariedad y austeridad con condiciones de vida que van mucho más allá de la escasez de dinero, sino también en hambre extrema, inexistencia de servicios públicos como agua, electricidad y gas, así como el hacinamiento en comunidades de difícil acceso en las zonas geográficas más aislados de los estados rurales del país y del área más golpeada por la crisis económica en la capital, Caracas. 

La misma ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) estima que “nueve de cada 10 hogares venezolanos (un 96%) presenta pobreza de ingreso, mientras que la pobreza multidimensional -relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda- ya afecta a 64,8% de los hogares, un aumento del 13,8% entre 2018 y 2019”, según reseñó la cadena británica BBC.

Esto implica que 19 millones 440.000 venezolanos (64,8%) no poseen continuidad en el sistema educativo, ingresos rentables por su trabajo u ocupación, disfrute pleno de los servicios públicos y la capacidad financiera para pagar un alquiler o adquirir una casa o un apartamento para desarrollar su vida personal, sentimental, familiar y civil mediante el progreso del índice de la movilidad social, que es lo normal en un país petrolero o industrializado, pero no aplica en la Venezuela de 2020.

Por ejemplo, el sistema de pensiones venezolano (administrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) es prácticamente inexistente en términos económicos reales, pues la devaluación del dinero en el país ha hecho que un ingreso mensual por pensión o jubilación, estipulado por el Gobierno en 400.000 bolívares, sea equivalente al irrisorio monto de 1,2 dólares. Asimismo, el salario mínimo oficial (Bs. 400.000) sumado a un bono especial oficializado por la ley laboral nacional, totaliza unos 800.000 bolívares, que equivalen a 2,4 dólares al mes. Esa es la remuneración que al menos el 50% de la población económicamente activa percibe por su trabajo de un mes. Entretanto, la canasta básica alimentaria en Venezuela tiene un exorbitante costo actual de 41 millones 386.644 bolívares, equivalentes a unos 202 dólares (170 euros).

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Un grupo de ciudadanos protestaron para reclamar un ajuste de las pensiones en medio de la crisis económica interna agravada por la pandemia de coronavirus. La manifestación tuvo lugar el martes 25 de agosto en Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país (Fotos: Cortesía de Carlos Guerrero).

¿Por qué Venezuela cayó en una crisis económica?

Mientras que solo el 20% de la población genera ingresos en dólares, el 80% de los venezolanos perciben ingresos en bolívares, y a pesar de que el 30% restante al margen del 50% que percibe un ingreso mínimo en moneda nacional, obtiene mejores pagos, aún así ese dinero no les funciona como sustento socioeconómico integral debido a la devastadora hiperinflación que hace que los precios en los comercios, tiendas, supermercados y empresas del país se incrementen un 50.000% al año, con un promedio de entre el 20% y 35% mensual de aumento, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Parlamento) ante la ausencia de información oficial por parte del Banco Central de Venezuela, responsable de la extrema inflación y un ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

Por lo tanto, las consecuencias directas de este complejo panorama de miseria son el hambre, la austeridad y la mengua social producto de la política con la cual el Gobierno chavista y el Banco Central explotaron el gasto público al inyectar ingentes cantidades de bolívares sin invertir divisas (dólares de la renta petrolera) en el aumento de la producción de bienes, alimentos y servicios de las empresas privadas, lo cual inundó al país de dinero sin respaldo en una oferta de empleo y productos de alto volumen, disparó la demanda de forma exponencial y generó un ciclo de especulación que lleva a los comerciantes y distribuidores a incrementar los precios casi a diario por la poca capacidad de compra del bolívar, su devaluación ante el uso del dólar y la incertidumbre por una marcada escasez de insumos esenciales para la producción y el sustento de la vida en un país que sufre una crisis multidimensional y estructural desde 2014. @mundiario

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