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Las Naciones Unidas y la CIDH enviarán misiones a Perú para investigar la represión policial

Ambos organismos internacionales exigen que se busque a los responsables que ocasionaron la muerte de dos jóvenes durante las masivas marchas contra el expresidente interino Manuel Merino. 
Las Naciones Unidas y la CIDH enviarán misiones a Perú para investigar la represión policial
Postales de los jóvenes asesinados. /Twitter.
Postales de los jóvenes asesinados. /Twitter.

La brutal represión policial que dejó el saldo de dos fallecidos en Perú será investigado en el fuero internacional. Las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han puesto en la mira lo sucedido en el país sudamericano que tuvo en la última semana masivas protestas ciudadanas que lograron, finalmente, provocar la salida de Manuel Merino de Lama del Ejecutivo y garantizar la transición encarnada, ahora, en el veterano parlamentario Francisco Sagasti, quien asumió como mandatario interino este martes. 

La portavoz de la ONU, Marta Hurtado, confirmó a la agencia EFE el envío de la misión de expertos y manifestó la preocupación de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet por las denuncias de un uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. “Nos preocupan asimismo informaciones que hablan de más de 90 heridos cuando participaban en manifestaciones pacíficas”, señaló. 

“Cualquier uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad debe ser razonable, legal y proporcionado al nivel de la amenaza”, agregó. La portavoz de las Naciones Unidas subrayó que ha recibido también denuncias de detenciones arbitrarias y restricciones no justificadas a periodistas que intentaban ejercer su derecho a informar, por lo que la oficina recordó también a las autoridades peruanas que “deben cumplir con sus obligaciones en relación con la libertad de prensa”. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exigió una severa investigación de lo ocurrido en Perú. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y de Jack Bryan Pintado Sánchez en el quinto día de protestas iniciadas tras la declaratoria de vacancia presidencial realizada por el Congreso de la República”, insistió la entidad regional.

Amnistía Internacional (AI) rechazó la violación de derechos humanos y exigió el fin de la represión por parte de la Policía en las manifestaciones en Perú. “Debido a la represión violenta de las protestas, esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos. Las autoridades deben priorizar la protección de la población sobre cualquier interés político”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, según recoge un comunicado del organismo.

Los pedidos de estos organismos han tenido repercusión en la justicia. La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, anunció una investigación contra el expresidente Merino de Lama, su ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, así como a los jefes de la Policía por  haber cometido los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones por el fallecimiento de los estudiantes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron victimas de la represión policial durante las protestas realizadas el sábado pasado en Lima. 

Deslinda responsabilidad

La Policía Nacional rechazó que hubiera habido excesos en la actuación de los agentes en una comparecencia con la prensa este martes. “Se ha dicho que ha habido brutalidad policial, y ya hemos demostrado que no hay detenciones arbitrarias ni desapariciones”, declaró el general Víctor Sanabria.  Respecto del uso excesivo de perdigones, las lesiones oculares, y la ilegalidad de los disparos de balas de cristal contra el cuerpo, Sanabria señaló que las responsabilidades son “individuales y personalísimas” y que no podían atribuir a toda la policía “un posible hecho aislado”. 

En las últimas horas, sin embargo, se reportó una grave denuncia contra las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que el joven Luis Fernando Araujo Enríquez, quien participó en las protestas de los últimos días, había denunciado un presunto secuestro de parte de un grupo especializado de la Policía Nacional por tres días. Como en el caso de Araujo también se busca el paradero del joven Gabriel Rodríguez Medrano se encuentra inubicable desde el último sábado.