El Ministerio Público de Guatemala busca frenar el traspaso de poder del presidente Arévalo
El Ministerio Público de Guatemala, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, ha generado nuevas tensiones políticas al abrir un caso con un antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. La acusación se centra en presuntos daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y busca despojarlos de su inmunidad para procesarlos.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Saúl Sánchez, sostiene que Arévalo y Herrera participaron en la toma a la fuerza del campus universitario estatal en 2022, como parte de una protesta estudiantil contra las elecciones en la Usac. Además, se emitieron 28 órdenes de captura en relación con este caso y una orden contra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, por otra causa.
Rodas, quien denuncia que estas acciones buscan sabotear la toma de posesión, asegura que estas medidas son parte del "pacto de corruptos" en Guatemala. En una rueda de prensa, el fiscal Sánchez acusó a Arévalo de "delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita".
Aunque las causas son separadas, Rodas sostiene que el nuevo caso es parte de la misma estrategia para socavar la voluntad popular expresada en las urnas. La Fiscalía presentó capturas de pantalla de videos como supuestas pruebas contra Arévalo, mostrándolo en el campus después de la liberación.
La situación ha generado preocupación y críticas, con Estados Unidos amenazando con sanciones económicas y restricciones de visados si Arévalo no asume su cargo el 14 de enero. La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la solicitud de retirar la inmunidad, considerándola como acciones políticas que distorsionan el proceso electoral y violan principios democráticos. La tensión política en Guatemala sigue en aumento mientras se acerca la fecha de toma de posesión del presidente electo. @mundiario