Los meses más difíciles de México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. / RR SS.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. / RR SS.
Lo que pareciera un cambio radical de los estilos de ejercer el poder en México parece resultar más bien un gobierno con las mismas prácticas nefandas pero con diferentes rostros.
Los meses más difíciles de México

Los próximos 33 meses serán el periodo más complicado de la historia reciente del país. Esos meses son los que restan para que concluya el sexenio de López Obrador como Presidente y a juzgar por los acontecimientos de las últimas dos semanas lo que viene, lo que está preparando en sus oficinas, puede representar un parteaguas para el sistema político mexicano.

Hasta ahora, en 27 meses de gobierno, si bien el ambiente social no presenta la conflictividad que vivimos en otros gobiernos donde las manifestaciones públicas de rechazo a las decisiones presidenciales eran evidentes y que se aderezaban con el descontento de varios sectores por las múltiples crisis, en estos momentos no hay grandes movilizaciones sociales, una popularidad alta, quizá muy alta, y justo eso prefigura lo que viene.

A raíz del enfrentamiento que libra el presidente con un periodista, Carlos Loret, derivado de la publicación de un reportaje donde se evidencia la lujosa vida que lleva el hijo mayor del Presidente y que echa por la borda el discurso de honestidad, honradez y medianía como estilo de vida y de gobierno, el semáforo presidencial pasó a rojo y llevó a radicalizar el discurso al grado de hacer una actuación dramática al llorar frente a las cámaras por el sufrimiento de su familia derivado de su labor política.

Más allá de lo criticable y poco ético que es el hecho de que un mandatario llegue a realizar esas actuaciones, lo cierto es que por primera vez en su mandato la popularidad va a la baja y más gente comienza a dudar de la veracidad del contenido discursivo. No fue posible ver esta debilidad en otros casos más dramáticos y tristes como los niños con cáncer, o los miles de muertos por la violencia delictiva que se suman día a día, o por lo muchos muertos más por la pandemia de covid-19, sino que tuvo que ser en el corazón del discurso e imagen de un personaje que en dos décadas construyó una imagen impoluta de sí mismo a pesar de que muchos de sus colaboradores más cercanos han estado envueltos en escándalos ligados a corrupción, desvío de recursos públicos y tráfico de influencias.

Hasta ahora las decisiones presidenciales han contribuido a su popularidad: el aumento del salario mínimo, la construcción de la Guardia Nacional, el discurso que visibiliza a la pobreza y la desigualdad, la austeridad y recorte de presupuestos y unidades administrativas (sin que tengamos nociones claras de sus bondades y efectos en el corto plazo) y, en particular, la batalla discursiva contra todo y todos los otros, los que se beneficiaron de las alianzas con el poder en el periodo denominado neoliberal a quienes día tras día lanza epítetos, ofensas, afrentas.

Pero lo que hasta ahora pareciera un cambio radical de los estilos de ejercer el poder en México parece resultar más bien un gobierno con las mismas prácticas nefandas pero con diferentes rostros en la palestra. El caso de la Casa Gris desnuda la naturaleza de la nueva clase política guinda y la pone frente al espejo en toda su miseria y farsa.

Ante eso, los ataques a la prensa y a los otros han arreciado, se anuncian nuevos cambios que antes que configurar un mejor sistema político y de mejoras institucionales lo que se sospecha es el obsesivo gusto por (re)concentrar el poder en manos de una persona. Además de el descrédito que tiene a ojos presidenciales la ciencia y la educación, de los que varios colaboradores cercanos anuncian en redes sociales el sentido social que deben tener y que suena más a adoctrinamiento marxistoide de académicos y profesionistas trasnochados, viene a continuación la reforma al órgano electoral (INE) y al instituto de la transparencia (INAI), dos de los bastiones más importantes en los últimos años para acotar y limitar el exceso del gobernante en turno.

Controlar las elecciones es un aspecto clave en cualquier sistema político. En Estados Unidos por ejemplo, desde hace varios quinquenios está claro que su sistema de colegios electorales es obsoleto y genera más problemas de los que resuelve. Por su parte, el modelo mexicano, que con su intrincado laberinto de reglas, plazos y facultades ha logrado tres transiciones de poder pacíficas e institucionalizadas: en 2000, 2012 y 2018. Sin embargo, como es de uso frecuente por el Presidente, la elección de 2006, donde el fantasma del fraude fue revivido por la izquierda y se mantiene muy vivo sin que haya ninguna prueba y evidencia contundente de la veracidad de esa idea y opinión, es el emblema del rencor presidencial y de una venganza que está fraguando en sus oficinas bajo los objetivos de disminuir el costo de las elecciones y de que “no haya fraudes nunca más”, pero que más bien hace sospechar que el verdadero objetivo es controlar al órgano electoral y desaparecer su autonomía técnica, operativa y financiera.

El mismo caso ocurre con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), institución que ha permitido conocer la información pública gubernamental que sustenta varios casos de corrupción y excesos del poder, y que por la misma razón ve de frente una embestida presidencial por desaparecerlo ya que dice el presidente que esas son funciones que la misma Secretaría de la Función Pública puede llevar a cabo, lo que evidencia el real objetivo: controlar qué, cómo y cuál información pública gubernamental se comparte con la población.

Sin embargo, lo más grave es la tentación que pervive en el Presidente por controlar la totalidad de la economía por medio de desarticular el engranaje institucional: Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las demás facultades constitucionales y legales que tienen diversas instituciones en materia económica. Sin duda es una regresión al decenio de 1970 donde los dos presidentes del periodo, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo llevaron al país a un desastre económico del cual, por cierto, seguimos viviendo sus consecuencias.

Vienen 33 meses cruciales en la historia moderna del país y de los cuales solo podemos esperar una profunda batalla del presidente por concentrar el poder y la economía en sus manos bajo el amparo de la bandera de la defensa de los pobres y que, como hemos visto múltiples ocasiones en otros países de América Latina, solo encubren el camino al autoritarismo y la tiranía. No lo debemos permitir. @mundiario

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