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Maduro busca cambiar las leyes venezolanas para evadir las sanciones de EE UU y seguir en el poder

Sin embargo, Washington podría diseñar un mecanismo para neutralizar a las empresas venezolanas, cubanas, rusas o iraníes que decidan prestar sus servicios al Gobierno de Maduro bajo la figura de su “ley antibloqueo”.
Maduro busca cambiar las leyes venezolanas para evadir las sanciones de EE UU y seguir en el poder
El presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la presentación de su propuesta de "ley antibloqueo" contra las sanciones estadounidenses / Telesur.
El presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la presentación de su propuesta de "ley antibloqueo" contra las sanciones estadounidenses / Telesur.

Cuando el poder se hace costumbre, conservarlo se vuelve un instinto natural de la figura o de la cúpula política que lo administra, lo moviliza y lo detenta a su favor. Este es un principio básico de la ciencia política, y es perfectamente palpable en el caso del país más inestable de América y uno de los más inestables del mundo; Venezuela. 

La élite política-militar que hoy domina los monopolios de recursos financieros y energéticos de la nación con las reservas de petróleo más grandes del planeta, planea convertirse en una especie de dinastía bajo el sesgo de su llamado ‘socialismo del siglo XXI’, pues ya es una hegemonía, dado que ha gobernado y controlado el país por los últimos 21 años.


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Y es que el presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este pasado martes la aprobación de lo que él denomina una “ley antibloqueo que adapte el sistema jurídico nacional” para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a su Gobierno en los últimos seis años.

Esto implica que la nueva estrategia del régimen chavista se basa en modificar las leyes venezolanas para crear todo un entramado jurídico que le permita al Gobierno hacer importaciones y exportaciones con las que pueda captar algunas divisas del 99% (aproximadamente unos 5.400 millones de dólares) que, según admitió ayer el propio Maduro, ha perdido Venezuela en sus ingresos desde 2014 por las sanciones de EE UU, aunque esas medidas de presión de la Casa Blanca iniciaron en 2018 y la crisis económica venezolana estalló en 2014, posteriormente surgió la espiral de la inflación en 2015 y la pobreza explotó con el inicio de la hiperinflación en 2017 hasta la fecha.

Lo que podría hacer la cúpula comunista del Gobierno de Maduro consistiría, posiblemente, en una enmienda o modificación al artículo 156 numeral 15 de la Constitución de Venezuela, que especifica el control absoluto del Estado sobre “el régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas”. 

De esta forma, no se descarta que, sin consulta previa con la Asamblea Nacional opositora debido a que la mantiene anulada desde 2016, el Gobierno trate de incluir en la Constitución la figura de los decretos-leyes para que, de manera unilateral, Maduro pueda ordenar a su discreción y conveniencia la prestación de servicios obligatorios de empresas privadas nacionales exportadoras a favor del Estado con el fin de cooperar en el envío y en la importación de mercancías desde países como China, Rusia, Turquía e Irán, que son los aliados (sobre todo Rusia e Irán) que el régimen venezolano tiene para abastecerse de euros en efectivo y de gasolina ante los bloqueos simultáneos que EE UU le ha impuesto al Gobierno nacional en el sistema financiero global para impedirle su acceso a dólares en efectivo, créditos, deuda y financiamiento internacional en la divisa norteamericana, que es la que mueve el comercio entre países y toda la economía mundial. 

“Es una ley para revertir todas estas afectaciones y construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra”, dijo Maduro al presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas-comunistas, que se comprometió debatir la propuesta “con moción de urgencia”.

Sin embargo, Washington podría diseñar un mecanismo para neutralizar a las empresas venezolanas, cubanas, rusas o iraníes que decidan prestar sus servicios al Gobierno de Maduro bajo la figura de esa “ley antibloqueo”. No se descarta que el Gobierno de Donald Trump aplique nuevas sanciones a esas eventuales compañías exportadoras con el objetivo de congelar sus cuentas, bienes, inversiones, capitales y activos en Estados Unidos si llegan a colaborar logística y comercialmente con un régimen autoritario, que está sancionado por la Casa Blanca debido a su responsabilidad en el origen de la precaria crisis económica que hoy tiene a Venezuela en vías de convertirse en un Estado fallido. @mundiario