Maduro asoma la posibilidad de un referéndum revocatorio a su Gobierno para 2022
La dinámica de la política en el país más inestable de América no deja espacios a ningún tipo de ventana estratégica que el régimen controlador del sistema imperante pueda conceder a su rival, que busca destronarlo del poder como una salida de emergencia a la extrema crisis económica y social que sufre la población desde hace seis años.
Y es que el presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó el pasado jueves una especie de proyección que podría ser el preludio de una nueva y decisiva etapa en la compleja realidad del país sudamericano, pues aunque haya quedado sin relevancia su oferta política de abandonar el poder si la oposición ganaba las fraudulentas elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, ahora la próxima hoja de ruta del sector liderado por Juan Guaidó -simbólico presidente interino de Venezuela reconocido por 55 países- se concentrará en mantener la presión internacional para obligar al régimen chavista a negociar o a ir en condiciones limpias a un plebiscito; esta ha sido la nueva ‘oferta’ de Maduro.
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El cuestionado presidente venezolano dijo en una reunión con la prensa nacional en el Palacio de Miraflores (la sede del Gobierno en Caracas) que si la oposición quiere sacarlo del poder tiene la oportunidad de hacerlo con el eventual referéndum revocatorio que, según la Constitución, corresponde para 2022, la mitad del segundo período presidencial, iniciado en 2018 tras la reelección también fraudulenta de Maduro.
“En 2022 pueden recoger las firmas para un referéndum revocatorio”, dijo el mandatario ilegítimo a la oposición para dejarle claro que si Guaidó y su facción buscan sacarlo del Gobierno, entonces deberán hacerlo no por la vía de las sanciones (de Estados Unidos y la Unión Europea), sino mediante los mecanismos democráticos que estipula la Constitución venezolana.
Según el artículo 72 del máximo ordenamiento jurídico del país, “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. Es decir, en la mitad del mandato, Maduro puede enfrentar un referendo que potencialmente sería un rotundo NO de la población a su continuidad en el Gobierno por el actual rechazo del 95% de los venezolanos a su negligente gestión, responsable de una crisis económica extrema, que causó la hiperinflación más alta del mundo, pobreza de ingresos del 96%, pobreza extrema del 70% y una dolarización de facto que ha profundizado la enorme desigualdad socioeconómica del país.
Sin embargo, en 2016, justo en la mitad del primer mandato de Maduro (2013-2019), la oposición intentó organizar y ejecutar un referéndum revocatorio bajo los liderazgos del excandidato presidencial Henrique Capriles y Jesús Torrealba, pero esa estrategia fracasó, pese a que existían las firmas necesarias en cada estado -la regla es la mitad de los electores más uno de cada estado o a nivel nacional-, pues posteriormente tres tribunales de tres estados anularon sus recolecciones de rúbricas a solo pocos días de que se realizara el referendo, lo cual fue respaldado por el Consejo Nacional Electoral -controlado por el régimen de Maduro- y esa consulta nunca procedió ni se ejecutó, prolongando así la permanencia del Gobierno chavista y la profundización de la crisis venezolana.
Cuando ya para 2021 se avecinan unas elecciones de gobernadores y alcaldes que, probablemente, también serán fraudulentas como las del 6 de diciembre, en 2022 se abre la ventana de un plebiscito que decidirá si Maduro se queda o se va del poder, aunque solo si su régimen no bloquea ese proceso usando al Tribunal Supremo de Justicia.
Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que, así como Maduro se mostró tan seguro de quedarse con la Asamblea Nacional por su amplia influencia política en todas las instituciones del Estado, ahora se exprese tan seguro de someterse a un referéndum con la aprobación nacional en contra y desconocimiento internacional de más de 50 países, pues ha expandido su control en los tribunales gracias a la conexión política que ha consolidado en el Tribunal Supremo de Justicia, que le sirvió para anular y bloquear jurídicamente al Parlamento de mayoría opositora de 2015 a fin de que este no aprobara ninguna ley en cinco años.
El tablero ahora se posiciona en dos caminos que le quedan a la oposición para tratar de inducir inestabilidad en el Gobierno de Maduro: 1) recurrir a una escalada máxima de la presión internacional con más sanciones para obligar al chavismo a negociar la entrega del poder o, en su defecto, 2) buscar respaldo diplomático internacional para que se den las condiciones legales, administrativas, electorales y políticas necesarias negociando con el régimen en favor de un referéndum revocatorio limpio, transparente y democrático en el año 2022, que podría ser la última ventana que los venezolanos tengan para cambiar su gobierno y el dañino sistema que los ha sumido en la peor crisis económica y social de su historia. @mundiario
