La ley que regula las ONG en Venezuela representa “el cierre del espacio cívico y democrático”
La razón que esgrimió el diputado a la Asamblea Nacional oficialista Diosdado Cabello para impulsar el proyecto de ley es que al menos 62 ONG operan con fines políticos en Venezuela.
La ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, adoptada en la primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero, es una regulación que impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de ONG y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio, según informó este lunes la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU, advirtió que "la ley sobre ONG puede presentar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
Un comentario compartido por Franciso Cox, experto de la Misión, quien considera que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una protesta cuasi permanente de suprimirlas”. “La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”, agregó.
Limitaciones a su funcionamiento
Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones se enfrentan a la posibilidad de desaparecer. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional”.
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, lo que pondría en peligro a las mismas por supuestamente “comprometer la soberanía nacional”.
Asimismo, el otro aspecto que desata preocupación es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, recogida en el artículo 15 del proyecto.
Según la Misión de la ONU, una interpretación amplia del concepto “actividades políticas” permite subsumir todo tipo de actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales. Esto suprime la fiscalización del espacio público y democrático, “lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones”.
Fin inmediato
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), solicitó a la Asamblea Nacional oficialista que ponga fin “de inmediato” a esta normativa restrictiva. “Les pido que pongan fin de inmediato a este proyecto de ley en la Asamblea Nacional y que detengan todos los esfuerzos para atacar, controlar, enjuiciar o censurar las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todos los venezolanos, particularmente los más necesitados”, reza una carta del organismo publicada recientemente en su portal web.
AI considera que esta acción es otro intento de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil. “Es un vergonzoso esfuerzo por limitar su trabajo de derechos humanos, incluida la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, beneficiarios de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela”. @mundiario
