La Justicia chilena abre una investigación contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers
La Justicia chilena abre una investigación contra el presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers, una filtración que ha sacado a la luz las sociedades opacas de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. El mandatario es investigado por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de Minera Dominga, un megaproyecto minero a desarrollar en el norte del país trasandino, cuya transacción se realizó, en una parte, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal de Centroamérica.
La decisión se fundó en las recomendaciones del informe evacuado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), que analizó los antecedentes revelados por la investigación periodística internacional, pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre el contrato por la venta de las acciones de Piñera a finales de 2010. De acuerdo al documento, el pago de la última cuota por 10 millones de dólares fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto.
El comunicado difundido por la Fiscalía explica que UNAC ha tenido en consideración una investigación penal desformalizada, conocida como Exalmar-Dominga, sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada, de la que el presidente Piñera fue sobreseído; la querella y ampliación de la misma presentada por el diputado Hugo Gutiérrez; el escrito fundado de la defesa a cargo de Juan Domingo Acosta; la audiencia de sobreseimiento en el 4° Juzgado de Garantía, y las decisiones de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.
La resolución firmada por el Fiscal Nacional Jorge Abbott sostiene que la opinión técnica-jurídica de UNAC concluye que los hechos revelados en los Pandora Papers no están comprendidos entre los que fueron investigados y sobreseídos en Exalmar-Dominga, ya que apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del Presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental.
"Respecto a la circunstancia que los hechos difundidos por los medios de comunicación pudieran revestir caracteres de delito, en un análisis preliminar vinculado únicamente a la apertura de una investigación penal, se concluye que los mismos eventualmente podrían configurar los delitos de cohecho -contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal-, soborno en el caso de particulares -tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal- y delitos tributarios", agrega la resolución. @mundiario
