Guillermo Lasso firma la “muerte cruzada” y disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador en su juicio político. / RR.SS.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador en su juicio político. / RR.SS.

El presidente ecuatoriano ha convocado nuevas elecciones generales menos de 24 horas después del inicio de su juicio político en el Parlamento, por un supuesto caso de corrupción.

Guillermo Lasso firma la “muerte cruzada” y disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y ha convocado la celebración de nuevas elecciones generales en un periodo de seis meses. El mandatario ha ordenado el cierre del Parlamento argumentando una “grave crisis política” derivada del juicio político en su contra en el hemiciclo, que tiene como objetivo “la desestabilización del Gobierno, la democracia y del Estado”.

Esta decisión ha sido anunciada por el propio presidente, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Lasso ha invocado el pleno uso de sus poderes, al recurrir a la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que le permite al jefe de Estado disolver al Legislativo y al Ejecutivo si considera que la Asamblea Nacional obstaculiza su capacidad para gobernar, y que solo puede aplicarse en los primeros tres años de una administración, cuando Lasso apenas cumplirá dos años en el poder este mismo mes de mayo.

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, ha aseverado el mandatario en su mensaje a la nación.

Al firmar la muerte cruzada, el mandatario está obligado a convocar nuevas elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de seis meses, en las que se arriesga a perder el poder. Por ello su nombre, dado que tanto el presidente como la Asamblea pierden sus atribuciones. Además, se trata de la primera vez que este mecanismo es aplicado tras su introducción en la Constitución de 2008, bajo el Gobierno del izquierdista Rafael Correa.

Lasso convoca nuevas elecciones generales en Ecuador

A partir de ahora, la ley prevé que Lasso permanezca en el poder y comience a gobernar mediante decreto, mientras las autoridades electorales fijan la fecha de unas nuevas elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe decidir cuándo se celebrarán los comicios dentro de un plazo de siete posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.

El mandatario ha aprobado la fórmula constitucional de la muerte cruzada menos de 24 horas después del arranque del juicio político en su contra, con el que la oposición izquierdista, conformada por la Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Correa y el movimiento indigenista Pachakutik, esperaban cesar al presidente por una supuesta involucración directa en la trama de corrupción por el traslado de derivados de crudo.

“Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un caso de corrupción”, ha aseverado Lasso en su mensaje de este miércoles.

El presidente ha negado rotundamente que haya tenido conocimiento de la supuesta trama de malversación de fondos públicos, por varios contratos entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio privado Amazonas Tankers, que el Gobierno de Lasso nunca anuló, sino lo contrario. El mandatario sostiene que los contratos fueron firmados en 2018, durante la administración del presidente Lenín Moreno, y que su Gobierno (en 2022) más bien solicitó examinarlos, a pesar de las renovaciones y que la Contraloría no hallara pruebas iniciales de que los contratos perjudicaron al Estado. @mundiario

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