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Guaidó organiza una consulta con la que los venezolanos rechazarán las elecciones de diciembre

En una jugada decisiva, el líder de la oposición busca un intento más por movilizar a la población en favor de respaldar nuevas sanciones de EE UU que presionen a Nicolás Maduro a negociar o a entregar el poder ante la grave crisis interna.
Guaidó organiza una consulta con la que los venezolanos rechazarán las elecciones de diciembre
El simbólico presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó (centro), durante el acto de juramentación del equipo que organizará la consulta popular sobre las elecciones legislativas de diciembre / Centro de Comunicaciones de Guaidó.
El simbólico presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó (centro), durante el acto de juramentación del equipo que organizará la consulta popular sobre las elecciones legislativas de diciembre / Centro de Comunicaciones de Guaidó.

Permitir que en un país donde el Gobierno se ha posicionado como un actor de control absoluto del Estado en forma de un monopolio sostenido por las armas, las altas jerarquías militares y el apoyo diplomático-financiero de la potencia comunista más grande del mundo: Rusia, es una apuesta riesgosa en medio de la peor crisis económica y social de América, y también una de las más graves del mundo, todo esto en el contexto de una pandemia. 

La élite comunista-militarista que se ha hecho con el control del territorio, las instituciones, la sociedad, los recursos energéticos y los flujos de capitales de Venezuela busca cerrar su ciclo de dominio con la última elección que le falta para gobernar el país a su discrecionalidad. 


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Es por ello que el simbólico presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó (reconocido por 55 países), anunció la conformación de un grupo de trabajo que se encargará de organizar una consulta popular mediante la cual los venezolanos decidirán, aún sin una fecha determinada, si rechazan o no la celebración de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con las que el régimen de Maduro prevé apoderarse de la mayoría absoluta o casi única de la Asamblea Nacional (Parlamento).

El líder de la oposición aseguró que “los venezolanos deben unificar la estrategia para lograr una transición política en el país”. Sin embargo, su agenda de presión civil interna no ha dado resultado desde que en 2019 se autoproclamó como presidente encargado del país, generando que la estrategia de implosión social haya sido neutralizada por el inmenso costo de represión ante el monopolio de la violencia que el Estado ejerce sobre la población en las jornadas de protestas bajo las órdenes de Nicolás Maduro, presidente (de facto) de Venezuela.

Guaidó agregó que “la consulta popular logrará movilizar al país” e invitó a los venezolanos a participar. Esta medida no ha sido detallada en cuanto a una logística precisa para que pueda ser un acto civil políticamente eficaz sin el acoso armado-militar del régimen de Maduro. 

En julio de 2016, la oposición organizó un referéndum en el que se les preguntaba a los venezolanos si se oponían al Gobierno de Maduro y llamaban a la Fuerza Armada que se apegue a la Constitución y al Estado de derecho para iniciar una transición del poder exhortando al presidente chavista a ceder su cargo por el bienestar y la recuperación del país de su extrema crisis. Resultó ser un acto simbólico que no causó ruptura o debilitamiento alguno en la estructura de mandos militares sólidamente cohesionados en torno a la estructura de monopolios, capitales y autoridades que mantienen a Maduro en el poder. 

“Movilizará a la mayoría para que levantemos las banderas de solución a la crisis y cambio en Venezuela. Es fundamental participar”, sentenció.

¿Funcionará esa consulta popular?

El problema radica en que ese acto político o electoral paralelo no será vinculante aunque tenga el respaldo jurídico de la Asamblea Nacional legítima (la controlada por la oposición desde 2015), pues el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el régimen de Maduro) probablemente llegue a anular su validez bajo el argumento de que no fue un proceso autorizado ni avalado por el órgano que regula y gestiona las elecciones del país; el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual fue recientemente renovado -sin seguir el procedimiento establecido en la Constitución- con cinco nuevos rectores, cuatro de ellos ideológica, política y financieramente ligados con el chavismo y el Gobierno.  

Por su parte, el también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró la importancia de participar en la consulta popular que promueve. “Nuestra agenda de lucha requiere combinar la presión internacional y la presión interna para impulsar la transición”, dijo este pasado lunes.

¿Qué busca exactamente el líder opositor con esta jugada? Al ser las elecciones legislativas de diciembre un proceso logísticamente controlado por el chavismo -con candidatos opositores inhabilitados, partidos reformados con sentencias del Tribunal Supremo y con decenas de opositores encarcelados o exiliados- Guaidó busca dar la imagen de que, efectivamente, se trata de unas elecciones amañadas con circuitos de votación, tecnología y rectores del CNE influenciados por el Gobierno de Maduro, lo que posicionaría ese hecho como un fraude electoral que desencadenaría otra ola de rechazo y presión internacional de Europa y muchas naciones del mundo democrático contra el régimen de Maduro.

Entonces la estrategia es que el Parlamento derivado de ese proceso sea visto por la comunidad internacional como una élite política fraudulenta para así justificar nuevas sanciones de EE UU y Europa contra la cúpula de poder que controla Venezuela sin solucionar la extrema crisis económica y social que desgasta al país. Guaidó manifestó también que “la movilización y la acción de calle son una clave importante en medio de la lucha que se libra contra la dictadura”. 

Este lunes fue presentado el comité que organizará el evento. La junta que fue designada con la aprobación de la Asamblea Nacional quedó conformada por Blanca Rosa Mármol de León (exmagistrada del TSJ), Carolina Jaime Branger, Enrique Colmenares Finol, Horacio Medina, Isabel Pereira Pizani, Estefanía Cervó y Rafael Punceles.

El obstáculo frente a esta estrategia 

Antes de la intervención de Guaidó, la ex magistrada Blanca Mármol aseveró que “si el Gobierno obstaculiza la realización del evento, quedaría al descubierto la naturaleza del régimen que ha mantenido por más de 20 años una careta democrática, manteniéndonos en votaciones que nunca nos ha permitir ejercer verdaderamente nuestro derecho a elegir”.

La deriva autoritaria del actual sistema dominante en Venezuela es producto de su origen ilícito e ilegítimo tras las elecciones del 20 de mayo de 2018 en las que Maduro se adjudicó la reelección por seis años más con resultados cuestionados y candidatos opositores bloqueados por las instituciones que su Gobierno controla. Al verse presionado por el mundo democrático occidental, el líder chavista justificó su retórica de agresión y victimización por las sanciones de Washington con la radicalización del control militar que su aparato de poder ejerce sobre el país induciendo más crisis económica, más inflación y más conflictividad política en el limbo de los venezolanos. @mundiario