El Gobierno peruano declara "estado de emergencia" por 30 días en todo el país
El Consejo de Ministros peruano se encuentra en sesión permanente debido a la crisis que atraviesa el país a raíz del golpe de Estado que quiso dar el expresidente Pedro Castillo contra el Parlamento y lo que ha significado su posterior destitución y encarcelamiento. Al mando quedó la que era su vicepresidenta Dina Boluarte, no tan reconocida y cuyo nombramiento no ha impedido que el país entre en una espiral de violencia y desequilibrio.
Por este motivo, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha anunciado que el Consejo ha pactado establecer el "estado de emergencia" por 30 días para intentar aplacar las revueltas. Con la medida buscan dar una respuesta "contundente" a estas proptestas que se han tornado violentas tras la rápida caída de Castillo del poder.
El exmandatario enfrenta a la Justicia peruana siendo acusado de rebelión tras intentar disolver la cámara legislativa e instaurar un "gobierno de excepción".
La medida anunciada por Otárola implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de libertad y seguridad personales, de libertad de tránsito; y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Con dicho anuncio, se amplia la medida a todo el país luego de que la presidenta inicialmente la declarara para "las zonas de alta conflictividad social" del sur el pasado lunes.
Aquel lunes la presidenta presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales para abril de 2024; y luego de varias críticas por parte de la opinión pública, Boluarte se mostró dispuesta a incluso celebrar unas elecciones para finales del 2023.
Para el 15 de diciembre está prevista una reunión del pleno del Congreso donde se debatirá el posible adelanto de las elecciones. Es probable que el ministro de Justicia, José Tello, asista y de su punto de vista sobre la posibilidad de unas elecciones adelantadas en cuanto a lo técnico y legal.
Protestas
Tras la destitución de Castillo, las calles de Perú se han tornado violentas debido a la molestia generalizada de la población que pide nuevas elecciones. A raíz de las protestas se ha confirmado la muerte de, al menos, seis personas, y otra decena de heridos. Entre las peticiones algo desordenas de la sociedad, pueden destacarse tres concretas: la renuncia inmediata de la actual presidenta, Dina Boluarte; elecciones inmediatas o incluso el cierre del Congreso.
En términos concretos, las acciones del Congreso no estuvieron fuera de lugar. Lo de Castillo si fue un intento de abuso de poder en un día en que justamente enfrentaba una moción de censura del Congreso y podía terminar por nublar su mandato. Fue una medida desesperada que no fue apoyada por la mayoría de los ministros, otros cargos importantes o el Ejército y la policía. Ahora se encuentra detenido de forma provisional a solicitud de la Fiscalía. Se espera a que se realice una audiencia judicial para evaluar el mantenimiento de la medida o el levantamiento de esta medida cautelar. En cuanto a la designación de Boluarte, no existe ilegalidad alguna, tras la destitución de Castillo, ella era la siguiente al mando y le ayudó el hecho de que no apoyara el arrebato de su predecesor. @mundiario
