La Fiscalía cita a declarar a la presidenta peruana Dina Boluarte por su rol en las protestas

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido citada este miércoles por la Fiscalía General de la Nación para declarar en una investigación que involucra los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, que pudieron haber sido cometidos durante las protestas antigubernamentales en las que más de medio centenar de ciudadanos fallecieron entre diciembre e inicios de este año.

La citación ha sido programada para la semana que viene, el 31 de mayo, y ha sido confirmada por el abogado de la mandataria, Joseph Campos, que ha explicado que su cliente deberá comparecer ante la fiscal general Patricia Benavides. El equipo legal de Boluarte ha asegurado que aguardan “con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Boluarte es citada para declarar en el marco de esta investigación, después de que recibiera notificaciones en los últimos tres meses, pero no ha acudido a declarar en ningún momento. Debido a la gravedad de los delitos investigados y del rango de las personas implicadas, la fiscal general está a cargo de las indagaciones.

La Fiscalía investiga las muertes durante las protestas

La Fiscalía anunció el inicio de las pesquisas preliminares el 10 de enero, en la que también están siendo investigados el ex primer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios. El actual primer ministro Alberto Otárola ya fue interrogado en varias ocasiones entre enero y febrero.

Los hechos investigados guardan relación con la violenta ola de protestas antigubernamentales en la que fallecieron al menos 77 personas, unas 49 de ellas en enfrentamientos directos de los manifestantes con las fuerzas de seguridad, mientras que el resto falleció a consecuencia de los disturbios. Según informes de la Defensoría del Pueblo, más de 1.300 personas resultaron heridas, y en su mayoría eran civiles que fueron alcanzados por proyectiles disparados por los agentes de seguridad.

Las protestas estallaron poco después de la destitución del expresidente Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, después de que intentara dar un fallido autogolpe de Estado en el que intentó cerrar el Congreso, convocar una Asamblea para reescribir la Constitución, reordenar el Poder Judicial e instaurar un Ejecutivo en el que gobernaría por decreto.

Castillo actualmente cumple una medida de prisión preventiva de 18 meses, en el penal de Barbadillo en Lima, acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Pero sobre él también pesa una acusación por organización criminal y corrupción, que es la investigación original del Ministerio Público por la que el Congreso iba a aprobar una moción de censura en su contra, para poder procesarlo penalmente.

El mandatario izquierdista intentó sortear la destitución con el autogolpe, pero no lo consiguió. Sus simpatizantes, principalmente movimientos indigenistas del sur del país andino, comenzaron la violenta ola de protestas que exigían la liberación de Castillo y la disolución del Gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte, que se convirtió en jefa de Estado gracias a la sucesión constitucional amparada en la Carta Magna. @mundiario