El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra por recibir supuestos sobornos
La más grave crisis política se acaba de desatar en Perú en plena pandemia del coronavirus. El Congreso de la República decidió esta tarde destituir al presidente Martín Vizcarra Cornejo. Era el segundo proceso de vacancia contra el jefe de Estado por una supuesta "incapacidad moral permanente" para liderar al país sudamericano en menos de dos meses. El detonante de la medida contra Vizcarra fueron las denuncias de presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2013 y 2014.
Según la Constitución peruana, se requerían 87 votos de la Cámara para sacar del cargo al presidente. En la votación de hoy se superó largamente esta cifra: 105 parlamentarios se mostraron a favor de la salida de Vizcarra Cornejo. La bancada de Unión por el Perú, liderada por el exmilitar Antauro Humala -sentenciado a 19 años de prisión por el asesinato de cuatro policías en 2005-, fue el promotor de la vacancia y consiguió los apoyos de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Ambas formaciones tienen la mayor cantidad de representantes en el Congreso.
Con la salida de Vizcarra, la Carta Magna indica que el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, debe juramentar como nuevo jefe de Estado debido a que no hay un vicepresidente de la república. Además, debe conformar un Gabinete de Ministros. En un comunicado de prensa, el titular del Parlamento ha enfatizado que la realización de las elecciones generales, previstas para el 11 de abril de 2021, no serán postergadas de ninguna manera.
En el debate de la vacancia, el presidente Vizcarra rechazó los supuestos sobornos recibidos. “Debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda armar en relación con los mismos”, afirmó. Además, el mandatario recordó que hay un grupo de parlamentarios que tienen investigaciones en el Ministerio Público. “Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones, por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, lanzó.
La tormenta política que acechó al expresidente peruano comenzó con una danza de denuncias por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional en Moquegua en 2013. Un aspirante a colaborador del caso ‘Club de la Construcción’ -un cartel de empresas privadas que se repartieron millonarias licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016- reveló a la fiscalía que Vizcarra recibió un presunto pago de 300.000 dólares a cambio de favorecer a la constructora Obrainsa, y su socia italiana Astaldi, en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. A esta hecho se sumó las declaraciones de otros tres aspirantes a colaboradores eficaces que señalaron que el presidente también recibió 362 mil dólares para beneficiar con la licitación de la construcción del Hospital de Moquegua a las empresas ICCGSA e Incot.
La ola de indignación ciudadana se ha desatado en varias regiones de Perú. En Lima, cientos de manifestantes se desplazaron a los alrededores del Congreso para protestar contra la destitución de Vizcarra con sendas pancartas que tenían mensajes como “La democracia se defiende” y “Congreso golpista”. El mismo panorama se repitió en Trujillo, Arequipa, Huancayo y Chiclayo. Se tiene previsto que este martes habrán más movilizaciones contra lo que el pueblo peruano considera un golpe de Estado perpetrado por el Parlamento.
Decisión inconstitucional
El constitucionalista Omar Cairo señaló que la medida aprobada por el Parlamento contra Vizcarra no califica como causal de vacancia. “El artículo 113 de la Constitución no permite al Congreso destituir al presidente por los motivos que han invocado como no haber manejado bien la pandemia, haber demorado el reparto de tablets o estar investigado por delitos antes de la función presidencial", señaló a MUNDIARIO. El especialista mencionó que “la vacancia presidencial se da solo si hay un hecho objetivo”. En efecto, la Carta Magna indica que la salida del mandatario puede ser por viajar al extranjero sin permiso del Congreso, impedir las elecciones generales, por muerte y la incapacidad física.
La debilidad institucional de Perú ya estaba predestinada desde 2016. El economista Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones generales de ese año. Sin embargo, el Parlamento -con mayoría fujimorista y sus aliados- no lo dejaron gobernar debido a que interpelaban y censuraban a varios de sus ministros. En diciembre de 2017, el exbanquero de Wall Street fue sometido a un primer proceso de vacancia por haberse descubierto presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Los votos no alcanzaron para destituirlo.
El panorama cambió, no obstante, para Kuczynski en el segundo proceso de vacancia al que fue sometido porque se revelaron unos videos de una presunta negociación de votos a cambio de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien está sentenciado por delitos de lesa humanidad. La difusión de este material forzó a Kuczynski a renunciar al cargo y Vizcarra, entonces vicepresidente, asumió la presidencia.
La situación de Vizcarra tendría, si se comprueban los sobornos durante su gestión en Moquegua, el mismo desenlace de los últimos cuatros expresidentes peruanos involucrados en el caso Lava Jato. Alejandro Toledo (2001-2006) fue señalado de recibir 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Actualmente cumple detención domiciliaria en Estados Unidos a la espera de su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó en abril del año pasado cuando la fiscalía estaba apunto de arrestarlo por haber recibido 3 millones de dólares de la firma brasileña. Ollanta Humala (2011-2016) habría sido financiado con 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral del 2011. @mundiario
