EE UU sanciona a empresarios y compañías en México por negocios oscuros con Venezuela
La estrategia geopolítica de Estados Unidos hacia el país que es su objetivo en Sudamérica se expande a medida que la agenda de presión de Washington busca crear una especie de cerco energético y logístico que le genere inestabilidad e ingobernabilidad al régimen de Nicolás Maduro, aunque los efectos colaterales de esa estrategia recaen en la población civil mientras la cúpula militar y financiera del chavismo ven cómo los canales de pago e importación de recursos energéticos son bloqueados por el poder de coacción diplomática y comercial de la Casa Blanca en el mundo, sobre todo en Occidente.
Y es que Estados Unidos ha sancionado este jueves a tres empresarios y ocho compañías con sede en México a las que acusó de participar en una red para “intentar evadir las penalizaciones que ha impuesto Washington al sector petrolero de Venezuela”, una táctica con la cual busca presionar la salida de Nicolás Maduro. El país sudamericano enfrenta una escasez de combustibles debido a las constantes sanciones impuestas por Washington a los países que le venden el hidrocarburo al régimen chavista.
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La estrategia de Washington contra el régimen venezolano
Básicamente, el esquema de presión de EE UU consiste en cerrar los flujos financieros que el gobierno (de facto) de Maduro ha logrado conseguir mediante el lobby de los agentes diplomáticos del chavismo, quienes han captado alianzas con los países enemigos de Washington y que, de hecho, también son objeto de sanciones económicas-comerciales y tensiones políticas: China, Rusia, Irán y Cuba.
Los primeros tres conforman el soporte vital del régimen venezolano, pues Pekín le suministraba créditos, Moscú le aportaba financiamiento, gas y petróleo, mientras que Teherán le vendió el mes pasado 1.400.000 barriles de gasolina para mitigar la escasez de combustible que tenía a Venezuela paralizada en medio de la pandemia y de una crisis económica que se agrava a medida que se profundizan los controles militares de Maduro y se crea un espectro reducido de actividad y circulación de capitales en la reservada economía dolarizada de facto en el país.
El Departamento del Tesoro de EE UU anunció hoy que los empresarios Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, así como las entidades Libre Abordo y Schlager Business Group y otras bajo su control, pasaron a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las sanciones se traducen en el congelamiento de todos los bienes e intereses económicos que los penados tengan en EE UU y se les prohíbe cualquier transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses, según el reporte oficial de ese organismo, que controla los flujos de capitales e inversiones de las empresas y transnacionales más poderosas del planeta, que a su vez movilizan y dominan la economía mundial.
“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el Tesoro ha expuesto ahora”, afirmó el subsecretario del Tesoro Justin G. Muzinich. “Estados Unidos continuará persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para beneficio personal a expensas del pueblo venezolano”, agregó en un comunicado.
Las consecuencias para México de hacer negocios con Venezuela
El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, no tardó en reaccionar. En un mensaje publicado en Twitter en el que se dirige al secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, califica las sanciones como “criminales” y anuncia que llevará el caso a la Corte Penal Internacional. “Hagan lo que hagan no torcerán la voluntad del pueblo venezolano. Ninguno de sus planes ha funcionado con Venezuela, ni funcionará. Gracias por sus confesiones y elementos de prueba para llevarlos a la Corte Penal Internacional”, escribió Arreaza.
Sin embargo, Arreaza parece omitir o desconocer que la Corte Penal Internacional no juzga ese tipo de presuntos delitos debido a que no constituyen un crimen de guerra o de lesa humanidad. Por lo tanto, ese tipo de acciones unilaterales es objeto de litigio y de posible demanda solo en la jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiene sede en Washington.
Las sanciones llegan la misma semana en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestara su intención de vender gasolina a Venezuela, si el régimen de Maduro se lo pide, y si lo hacen por “una necesidad humanitaria”.
El punto central de este conflicto radica en que si México exporta gasolina a Venezuela, podría detonar un impasse o cadena de tensiones diplomáticas con EE UU, que no descartaría aplicar sanciones directas al Gobierno mexicano bajo la interpretación de “colaborar” o contribuir a la estabilidad del régimen de Maduro en el poder, que ha configurado toda una estructura militar, política y empresarial que le permite tener control territorial, social y financiero de los grandes monopolios armados y empresariales que le mantienen firme su apoyo en el mandato de la nación, sumida en la peor crisis de su historia.
Según el Tesoro, desde 2019 el régimen de Maduro y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han trabajado con Alex Naím Saab Morán, empresario de origen colombiano y con Leal para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano.
El esquema del negocio entre los mexicanos y el régimen de Maduro
Es así como EE UU revela la que podría ser una compleja estructura de colocación de capitales en euros para evadir los sistemas de rastreo del sistema financiero estadounidense e internacional, que opera en dólares, y comprar petróleo que no era canjeado por cargamentos de comida bajo ese pretexto humanitario que el Gobierno venezolano empleaba como estrategia política para obtener el aval comercial de movilizar crudo a través de las rutas que EE UU mantiene vigiladas en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico.
La Casa Blanca asegura que, presuntamente, una de las técnicas en las que habrían participado los empresarios fue disfrazar un programa de “petróleo por alimentos”. “Saab y Joaquín Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de la compañía en abril de 2020”, detalla Washington.
No se descarta que esos 30 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 900 millones de dólares, hayan sido desviados en estructuras de capital con domicilio en cuentas externas de funcionarios del Gobierno de Maduro en Suiza o bajo la sombra de las cuentas de la estatal petrolera rusa Rosneft como apoyo de Moscú al régimen venezolano.
