El dinero público de Venezuela en el mundo por la corrupción supera los 200.000 millones de dólares

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El abogado José Ignacio Hernández, ex procurador del simbólico gobierno interino del líder opositor venezolano Juan Guaidó / El Nacional.
La corrupción continúa permeando la estructura del Estado y mantiene a Venezuela en un estado de austeridad y sequía financiera que dificultará su proceso de recuperación económica.
El dinero público de Venezuela en el mundo por la corrupción supera los 200.000 millones de dólares

Cuando una élite política y militar se aferra al poder, la estructura que crea para preservar sus privilegios y prerrogativas se convierte en el hábitat de ese grupo de altos funcionarios civiles que, en detrimento de la democracia, se transforman en los jerarcas o dueños de un país que, evidentemente, no les pertenece. De esa forma puede leerse la compleja realidad política y económica que se vive en Venezuela.

Y es que, precisamente, la corrupción es el flagelo que durante décadas ha trastocado la actividad política y empresarial del país. Es el virus que nunca ha sido erradicado de territorio venezolano. Su sola existencia representa un enredado sistema de relaciones, intereses, contactos, cuentas bancarias y capitales que entran a Venezuela por la renta petrolera que generan las exportaciones de crudo (en dólares en efectivo) y salen en masa como fondos que, pese a ser propiedad del Estado y de la nación, terminan en los sospechosos e irregulares balances bancarios de altos funcionarios ligados directa o indirectamente a la cúpula de poder del régimen de Nicolás Maduro.


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No lo dice MUNDIARIO, lo confirman los hechos y José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó (reconocido por 55 países como el simbólico presidente encargado de Venezuela), quien advirtió que los fondos venezolanos originados en actividades corruptas y esparcidos alrededor del mundo superan los 200.000 millones de dólares.

El castillo de naipes del Gobierno de Maduro

Esto implica que el Gobierno (de facto) de Maduro ha creado una estructura de capitales que se compone de varias plataformas o niveles. Su orden puede interpretarse de la siguiente manera: la alta gerencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), los testaferros como intermediarios entre los capitales que entran a la compañía y los altos funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos, el propio presidente Nicolás Maduro.

De hecho, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha establecido duras sanciones financieras a dos de los presuntos testaferros de Maduro y su hijo, quienes gestionan y administran los capitales que salen de las cuentas de PDVSA a cuentas corresponsales en bancos rusos y chinos, que luego proceden a transferir fondos a cuentas personales de esos testaferros que poseen titularidades ficticias de empresas de maletín, donde almacenan los fondos y los trasladan a sus cuentas matrices en paraísos fiscales, como Suiza, Andorra y Panamá, países que tienen altos índices de secreto bancario y no auditan ni regulan los flujos de dinero que ingresan del extranjero.

“La tarea de recuperar activos derivados de la corrupción en Venezuela es una tarea titánica y de largo plazo, unos 10 años. Podría abarcar entre 200.000 y 400.000 millones de dólares“, dijo en el abogado Hernández en una entrevista concedida a un medio digital llamado La Gran Aldea.

La magnitud del dinero saqueado de Venezuela

El ex procurador designado por Guaidó aseguró que “esos activos desviados por corrupción, son dos o tres veces la deuda pública de Venezuela”. La deuda externa del país se calcula en unos 160.000 millones de dólares, es decir, que todo el dinero desfalcado de Venezuela por esas redes de corrupción que están en la mira de Estados Unidos representan el valor total actual de la economía venezolana (un producto interno bruto -PIB- actual de 400.000 millones de dólares).

Hernández indicó que “para recuperar, por ejemplo, un tercero de ello en otro país, debe operar una extinción de dominio; hay que reconstruir el sistema de justicia”.

Esto quiere decir que debe reformarse el sistema judicial venezolano para que un nuevo grupo de altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ejecuten una extinción de la titularidad de esos fondos sobre los altos funcionarios del Gobierno de Maduro que han saqueado el dinero de las arcas públicas del Estado. Es una medida jurídica que permite el embargo de bienes privados que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Por lo tanto, si llega a aplicarse, los bienes de esos funcionarios en EE UU podrían ser embargados por el Departamento del Tesoro, que ya tiene sancionados a más de 40 integrantes del régimen de Maduro, incluido el propio presidente.

Citgo, la joya de la corona

Sobre Citgo, el abogado y profesor de derecho administrativo señaló que mientras se mantengan las actuales circunstancias, estará protegido. En 2019, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que le concedió al llamado gobierno interino de Guaidó el control provisional de esa filial productora de gasolina de PDVSA y del Estado venezolano en Texas, que es Citgo.

“En 2016, cuando no habían sanciones, Maduro usó Citgo para desaparecer millardos (miles de millones) de dólares. Además en diciembre de 2019, Maduro se robó casi 50 millones de dólares de Citgo”, denunció.

Sin embargo, no existen estados financieros o balances administrativos de la junta directiva ad hoc designada por Guaidó en Citgo ni tampoco informes del sistema de inteligencia estadounidense que revelen esa supuesta extracción de 50 millones de dólares que Maduro habría ejecutado en Citgo, así como lo ha hecho con la extracción de más de 15 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela desde 2019, que representan un valor de más de 570 millones de dólares.

“Mientras Maduro esté en el poder, no hay solución real posible. La historia del bono Pdvsa 2020 es apasionante porque, uno no entiende cómo Nicolás Maduro incrementó el endeudamiento de Pdvsa en casi un millón de dólares y comprometía así, a Citgo”, añadió Hernández.

La corrupción continúa permeando la estructura del Estado y mantiene a Venezuela en un estado de austeridad y sequía financiera que dificultará su proceso de recuperación económica cuando logre zafarse del régimen de Nicolás Maduro, pues el reto durante la transición que Estados Unidos busca y por la cual presiona en el país se basa en repatriar los más de 200.000 millones de dólares en capitales que han sido saqueados de la otrora potencia petrolera, que posee las reservas de crudo probadas más grandes del mundo (unos 300.000 millones de barriles). @mundiario

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