El Congreso peruano tramita un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra
Una nueva crisis política se avizora otra vez en Perú. En el Congreso se ha presentado un pedido de destitución contra el presidente Martín Vizcarra. La medida, impulsada por tres partidos, se sustenta en las últimas revelaciones de presuntos sobornos al jefe de Estado durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2010 y 2014. Si se llega aprobar en la Cámara, sería el segundo juicio político contra Vizcarra en menos de un mes. En setiembre pasado tuvo que responder ante al Parlamento debido a los contratos obtenidos por 500 mil dólares de un amigo suyo, el artista Richard 'Swing' Cisneros, con el Ministerio de Cultura en plena pandemia.
La tormenta política que acecha al presidente peruano comenzó hace dos semanas. Un aspirante a colaborador del caso ‘Club de la Construcción’ -un cartel de empresas privadas que se repartieron millonarias licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016- reveló a la fiscalía que Vizcarra recibió un presunto pago de 300.000 dólares a cambio de favorecer a la constructora Obrainsa, y su socia italiana Astaldi, en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, promocionado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El mandatario negó esta grave acusación. “Rechazo categóricamente. En toda mi vida no he estado indignado como lo estoy ahora”, dijo en una entrevista televisiva.
Las denuncias contra Vizcarra, sin embargo, siguieron por estos días. El diario El Comercio reveló el domingo último que otros tres aspirantes a colaboradores eficaces señalaron que el presidente también recibió 362 mil dólares para beneficiar con la licitación de la construcción del Hospital de Moquegua a las empresas ICCGSA e Incot. Ambas compañías, al igual que Obrainsa, también están siendo investigadas por el caso del ‘Club de la Construcción’. Un dato que vale mencionar es que ICCGSA ganó licitaciones por más de un millón de dólares cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones (2016-2017).
“No he recibido ningún soborno por ninguna obra ni en Moquegua ni en ninguna parte del Perú ni del mundo”, ha dicho Vizcarra sobre esta nueva denuncia. El presidente peruano ha deslizado la hipótesis de que sectores de la oposición desean sacarlo del poder y bloquear la realización de las elecciones generales en abril del 2021. Acción Popular y Alianza para el Progreso, formaciones con una mayor cantidad de representantes en el Congreso y mencionadas por Vizcarra en una entrevista en una emisora local el lunes pasado, rechazaron esa acusación.
En medio de la situación delicada del presidente, en el Ministerio Público también se libra una disputa aparte. Si bien la fiscal general Zoraida Ávalos ya había dispuesto abrirle una pesquisa a Vizcarra, a fin de determinar si cometió los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en el marco del caso 'Swing', en lo referido a los presuntos sobornos al presidente por su gestión como gobernador regional de Moquegua hubo un panorama diferente. La fiscal Ávalos dispuso que una fiscalía anticorrupción vea este tema. Sin embargo, los testimonios contra Vizcarra fueron conseguidos por un fiscal del grupo especial del caso Lava Jato.
El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del grupo especial del caso Lava Jato, ha señalado que continuaran con las indagaciones contra el presidente, a quien se le levantará el secreto de las comunicaciones y bancario en los próximos días. En tanto, el fiscal anticorrupción asignado por la fiscal general ha respondido con un pedido a la firma Obrainsa para que entreguen todos los documentos relacionados a los supuestos pagos ilícitos a Vizcarra en un plazo de dos días.
La situación de Vizcarra tendría, si se comprueban los sobornos durante su gestión en Moquegua, el mismo desenlace de los últimos cuatros expresidentes peruanos involucrados en el caso Lava Jato. Alejandro Toledo (2001-2006) fue señalado de recibir 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Actualmente cumple detención domiciliaria en Estados Unidos a la espera de su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó en abril del año pasado cuando la fiscalía estaba apunto de arrestarlo por haber recibido 3 millones de dólares de la firma brasileña.
Ollanta Humala (2011-2016) habría sido financiado con 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral del 2011. En diciembre comenzaría el juicio contra el exmandatario. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), antecesor de Vizcarra, también es investigado porque dos firmas suyas habrían generado asesorías que suman 4,8 millones de dólares a la empresas brasileña mientras era ministro de Economía en el 2005. @mundiario
