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El Congreso de España insta a la Unión Europea a imponer más sanciones contra el régimen de Maduro

¿Cuáles podrían ser esas sanciones? Posiblemente, un embargo de armas de la UE sobre el Gobierno venezolano, la prohibición de cualquier transacción del régimen de Maduro en bancos europeos y el control sobre cualquier flujo de euros en efectivo que salga con destino a Venezuela.
El Congreso de España insta a la Unión Europea a imponer más sanciones contra el régimen de Maduro
Cámara de Diputados del Congreso de España, en Madrid / La Sexta.
Cámara de Diputados del Congreso de España, en Madrid / La Sexta.

El rol de Europa en la crisis económica y social más grande del hemisferio occidental, es indispensable. La diplomacia europea y, específicamente, la española, pueden marcar una diferencia en la estrategia que el mundo democrático puede diseñar para erradicar el comunismo y el socialismo de América Latina, sobre todo en el país más inestable del continente americano; Venezuela. 

Es por ello que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España instó este pasado lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a “condenar las violaciones de derechos humanos y represión del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, promover su condena y pedir que la Unión Europea (UE) aumente las sanciones contra el mandatario”.


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Esto implica que Madrid continúa distanciandose de Caracas, aunque el Gobierno de Sánchez no ha mostrado una posición clara con respecto a si rechaza o no al régimen chavista, pues España reconoce de una manera difusa a Juan Guaidó -líder de la oposición venezolana- como el presidente interino del país sudamericano, pero tampoco ha expresado una postura diplomática contraria a la ilegitimidad del presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro. 

Además, la Comisión exhortó al Ejecutivo español a “apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana”.

Sin embargo, el Parlamento español no detalló qué tipo de sanciones podría imponerse contra el régimen venezolano. La Unión Europea ya mantiene activas una serie de medidas de presión contra funcionarios del Gobierno de Maduro, tales como: el congelamiento de cuentas bancarias, la revocación de visas y el congelamiento de activos o bienes de esos funcionarios en territorio de la UE, así como la prohibición de entrada a países de la zona. De hecho, existe una estrecha conexión entre los flujos de capitales amasados por los funcionarios del Gobierno venezolano en sus altas esferas de poder y varias cuentas domiciliadas en Suiza, que es un país miembro de la UE y mundialmente conocido por ser el paraíso fiscal refugio de los grandes patrimonios financieros de figuras políticas a nivel internacional debido a sus altos índices de secreto bancario. 

Estos son algunos de los puntos incluidos en una proposición no de ley defendida este lunes por el opositor Partido Popular (PP), que fue apoyada por la comisión en todos sus puntos, salvo en el punto relacionado con “la necesidad de emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe”.

Lo llamativo es que existe una posición ambivalente en España sobre el estado actual de cosas en el clima de derechos humanos en Venezuela, claramente evidenciado como un patrón sistemático de violación mediante una política de Estado, pero que no ha sido condenado por el Gobierno de Sánchez ni tampoco los suficientemente rechazado como para que la diplomacia española presione por el diseño de sanciones especialmente enfocadas en los funcionarios responsables de torturas o daños físicos, psicológicos y/o sexuales sobre las presuntas víctimas políticas del Gobierno de Nicolás Maduro. 

La iniciativa aprobada también plantea “la necesidad de que el Ejecutivo español exija al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos que no han sido juzgados o han sido condenados de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad”.

Aunque el régimen de Maduro liberó a más de un centenar de presos políticos en septiembre, la llamada estrategia de la ‘puerta giratoria’ ha sido consecuentemente aplicada por el aparato de poder del chavismo para utilizar a los opositores y disidentes como fichas de canje en negociaciones de cuotas políticas a cambio del alivio de la presión internacional que la oposición construye en forma de un cerco diplomático alrededor del Gobierno, es decir, libera presos con la condición sine qua non implícita de que el ala radical de Guaidó suavice su lobby de sanciones ante Washington contra Caracas. 

Además, el Parlamento español insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “rechazar de forma contundente la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre si no se dan las condiciones democráticas suficientes”.

La percepción de España sobre lo que ocurre en Venezuela

En el plano electoral, es evidente que España y Europa interpretan la situación de Venezuela como una deriva democrática donde el para-Estado de la élite socialista-militarista del chavismo ha configurado un tablero donde la cúpula de poder de Maduro decide cuáles fichas juega la oposición y, al mismo tiempo, configura la correlación de fuerzas para que los circuitos de votación, la infraestructura electoral y el control territorial estén totalmente a favor del oficialismo, como lo ha estado desde las elecciones de gobernadores de 2017.

La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó también una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre “el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos, por la que se insta a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado social y democrático de Derecho”.

Las posibles nuevas medidas de presión

¿Cuáles podrían ser esas sanciones? Posiblemente, un embargo de armas de la UE sobre el Gobierno venezolano, la prohibición de cualquier transacción del régimen de Maduro en bancos europeos y el control sobre cualquier flujo de euros en efectivo que salga con destino a Venezuela, pues el Gobierno chavista saca el oro del Banco Central venezolano para exportarlo a Rusia y Turquía, que le pagan a Caracas con cargamentos de la divisa europea en metálico. 

De esta forma, el sistema de monopolios en la alta esfera empresarial y militar del Gobierno venezolano podría ceder o debilitarse si se corta la retroalimentación que constantemente recibe con el financiamiento derivado del oro, que es el recurso mediante el cual se sostiene el régimen de Maduro ante la imposibilidad de conseguir dólares en el mercado internacional por las sanciones de Estados Unidos y la caída de sus exportaciones de petróleo. @mundiario