La CIJ de La Haya ordena a Venezuela y Guyana no agravar la disputa por el Esequibo
Los magistrados de la corte han dictado que se eviten las acciones que alteren el statu quo de la zona en reclamación, pero rechaza la petición de anular el referéndum venezolano.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Países Bajos, ha emitido este viernes medidas cautelares instando a Venezuela y Guyana a abstenerse de cometer acciones que puedan agravar la disputa territorial en torno a la región del Esequibo, la zona de 160.000 kilómetros cuadrados con potencial petrolero y rica en recursos minerales que ambos países reclaman como suyos desde la época colonial británica en América del Sur.
A pesar de esta decisión, que asienta precedentes jurídicos para que Venezuela o Guyana se abstengan de alterar el statu quo de la administración de la zona, La Haya no solicitó la suspensión del referendo consultivo que Venezuela tiene programado para este domingo, por lo que ha rechazado la petición de Georgetown que pretendía impedir a Caracas de llevar a cabo la consulta pública que se celebrará este domingo en todo el país.
La CIJ falló con medidas cautelares al identificar un “riesgo de perjuicio irreparable” por parte de Caracas al derecho “plausible” de Guyana antes de que los magistrados puedan emitir su decisión final sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, el proceso judicial que concedió el territorio en disputa a Gran Bretaña, entonces potencia administradora de su colonia, la Guyana Británica, que fue denunciado por Venezuela de ser fraudulento y “viciado” por presuntas irregularidades cometidas por sus jueces.
En la sentencia, la CIJ afirmó que Guyana actualmente “administra y controla” el territorio en disputa de facto y enfatizó que Venezuela debe “abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación” hasta que el propio tribunal resuelva la controversia de manera definitiva.
Sin embargo, Caracas no reconoce la jurisdicción de La Haya en la resolución del conflicto, y reafirma la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, un pacto con Londres en las vísperas de la independencia guyanesa en el que se establece el congelamiento de la disputa hasta que ambas partes decidan un mecanismo consensuado para resolverlo.
Guyana recurrió el referéndum de Venezuela
Venezuela, bajo la administración del presidente Nicolás Maduro, promueve un referendo que se llevará a cabo el 3 de diciembre para consultar a la población acerca de cinco preguntas claves, sobre el reconocimiento de la CIJ para resolver la disputa territorial y la posible anexión de la región en disputa, la creación de un nuevo estado conocido como Guyana Esequiba y su incorporación plena en el mapa nacional de Venezuela, ya no como “Zona en Reclamación”.
A finales de octubre, Guyana presentó la solicitud de medidas provisionales argumentando que Venezuela no debería llevar a cabo el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los aspectos fundamentales para determinar la validez del Laudo Arbitral de 1899.
Pese a las intenciones de Guyana, Venezuela ha reiterado firmemente que “nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”. Georgetown criticó a su país vecino y argumentó que la consulta busca respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ y, tras la votación, anexar la región por la fuerza.
La jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, subrayó durante la lectura de la sentencia que las medidas provisionales tienen “efecto vinculante” y crean “obligaciones jurídicas internacionales”. Varios analistas de la corte destacaron que Venezuela también podría haber presentado medidas provisionales solicitando que Guyana dejara de explotar recursos en el Esequibo.
Venezuela, que tiene plazo hasta abril de 2024 para presentar una contramemoria, no reconoce la CIJ como medio de resolución para la disputa y sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido. Este acuerdo fue firmado en 1966 para resolver el conflicto de soberanía después de que Venezuela anulara el Laudo Arbitral de París de 1899. En 2018, Guyana presentó unilateralmente el caso ante la CIJ, la principal entidad judicial de la ONU, para resolver el diferendo ignorando los deseos expresos de la parte venezolana, hecho que Caracas ha objetado. @mundiario