Acusan al presidente peruano Martín Vizcarra de recibir un presunto soborno de 300.000 dólares

Martín Vizcarra enfrenta una nueva acusación.
Martín Vizcarra enfrenta una nueva acusación.

La fiscalía recoge el testimonio de un colaborador, en el marco de una investigación llamada ‘Club de la Construcción’, que complica la situación del mandatario. 

Acusan al presidente peruano Martín Vizcarra de recibir un presunto soborno de 300.000 dólares

Nuevos indicios de corrupción complican la situación del presidente peruano Martín Vizcarra. Un aspirante a colaborador del caso ‘Club de la Construcción’ -un cartel de empresas privadas que se repartieron millonarias licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016- ha revelado a la fiscalía que el mandatario recibió un presunto soborno de 300.000 dólares a cambio de favorecer a la constructora Obrainsa, y su socia italiana Astaldi, en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, promocionado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), cuando era gobernador regional de Moquegua en 2014.  

Según el colaborador, la trama se desarrolló el 2013. El gerente de Obrainsa, Elard Tejada, presentó sin éxito una propuesta económica a UNOPS para lograr la adjudicación de la obra. Tras no lograr el objetivo, se contactó con el entonces gobernador Vizcarra, quien le reveló el presupuesto que su gestión planeaba para el proyecto. En retribución, la autoridad le pidió el pago de una comisión de 2% de la obra. La entrega del dinero a Vizcarra se habría realizado en dos partes. La primera se hizo en las oficinas de la compañía entre enero y abril. En tanto, la segunda mediante el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos de Lima a Moquegua.

Para verificar la versión del colaborador, la fiscalía recabó como pruebas las copias de los cheques del pago del soborno y varios correos electrónicos. Después se solicitó la variación de la orden de captura de Tejada, prófugo desde el 2017, por detención domiciliaria ante un juzgado, que declaró fundado el requerimiento. Antes de este episodio, la empresa de Tejada fue socia de una compañía de Vizcarra en una licitación de un proyecto en Arequipa en 2003. Ambos se alzaron de dicha operación.

El presidente Vizcarra negó esta grave acusación en una entrevista  televisiva. “Rechazo categóricamente. En toda mi vida no he estado indignado como lo estoy ahora”, dijo. Sin embargo, el mandatario reconoció que estuvo en reuniones de carácter técnico con el gerente de la empresa Obrainsa, pero "cuando ya la obra fue adjudicada porque era de importancia”. Lo cierto es que el escándalo ha tomado un nuevo giro en las últimas horas. El diario La República informó este lunes que ejecutivos de la empresa peruana ICCGSA y la ecuatoriana CASA han ofrecido al Ministerio Público pruebas de pagos ilícitos a Vizcarra.

La grave acusación contra Vizcarra también tuvo impacto en el Congreso. Unión por el Perú, agrupación liderada por Antauro Humala -exmilitar preso por encabezar una revuelta que provocó la muerte de cuatro policías en 2005-, aviso de que iba a recolectar firmas para promover la vacancia del presidente. En septiembre pasado también fue el impulsor de esa medida, pero no tuvo los votos requeridos en la Cámara. Ante este nuevo escenario, los voceros de algunas formaciones como Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado han descartado respaldar la destitución de Vizcarra.

La tormenta política que acecha al presidente peruano, con la revelación de este supuesto soborno, se agudiza. El viernes pasado, la fiscal general Zoraida Ávalos ya había dispuesto abrirle una pesquisa a Vizcarra, a fin de determinar si cometió los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en el marco de las contrataciones obtenidas -por 50.000 dólares- de un amigo suyo, conocido como Richard 'Swing' Cisneros, con el Ministerio de Cultura. El proceso iniciará el 28 de julio del 2021, día en que Vizcarra entregue el cargo a su sucesor. 

La situación de Vizcarra tendría, si se comprueba el soborno en el proyecto de Moquegua, el mismo desenlace de los últimos cuatros expresidentes peruanos involucrados en el caso Lava Jato. Alejandro Toledo (2001-2006) fue señalado de recibir 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Actualmente cumple detención domiciliaria en Estados Unidos a la espera de su extradición. Por su parte, Alan García (2006-2011) se suicidó en abril del año pasado cuando la fiscalía estaba apunto de arrestarlo por haber recibido 3 millones de dólares de la firma brasileña.

Ollanta Humala (2011-2016) habría sido financiado con 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral del 2011. En diciembre comenzaría el juicio contra el exmandatario. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), antecesor de Vizcarra, también es investigado porque dos firmas suyas habrían generado asesorías que suman 4,8 millones de dólares a la empresas brasileña mientras era ministro de Economía en el 2005. @mundiario

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