150 grupos criminales en México

Violencia en México. / RR SS.
Una bala en el piso. / Pexels
Los datos de la delincuencia organizada en México demuestran que la política de seguridad pública del país, así como la de disminución de la desigualdad, han sido un rotundo fracaso.
150 grupos criminales en México

El pasado miércoles 4 de mayo, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) presentaron los resultados de la base de datos BACRIM-2020, que entre otros datos compila la información tomada de la prensa nacional y local sobre grupos de la delincuencia organizada, y el resultado es devastador: documentaron la existencia de al menos 150 grupos criminales dispersos a lo largo y ancho del país.

Mas allá de entrar al detalle de diferenciar entre el tipo de grupos delictivos, su tamaño o poder de fuego (violencia), resalta que la población en México estamos ante el asedio de bandas delictivas que derivan de dos fuentes primordiales: primero, de la dispersión que provocó la estrategia de detener a los principales líderes de esas organizaciones y segundo, del efecto que ha tenido en el país la diversificación del poder público entre varios partidos y actores que llevó a que cambiara la lógica de control que tenía un solo partido sobre todas las autoridades.

En el primer caso, las bandas delictivas se dispersaron debido a que al quedar sin líderes iniciaron las disputas internas para hacerse del control de la organización que supuso que se dividieran en varias células, cosa que de hecho existía, pero la diferencia es que tenían un mando con cierto grado de coordinación y subordinación que al desaparecer provocó rivalidades. Ejemplos hay varios pero lo que vale la pena notar es que esa estrategia de detenciones de líderes de las organizaciones criminales es una implantación de la idea norteamericana de cómo combatir a estas organizaciones. Está claro que esa estrategia por sí sola ha sido errónea porque provoca la dispersión que hoy documenta la BACRIM-2020 y que tiene como manifestaciones visibles el que cada día sea más alto el número de delitos de alto impacto y del fuero común.

microindustria del crimen

Aunado a lo anterior, la detención de líderes de las bandas delictivas no estuvo acompañada por una estrategia de contención de la violencia y de la dispersión que hoy ocurre. Lo que está detrás es esa idea absurda de la imposición norteamericana de que es más fácil combatir a pandillas y bandas locales que a organizaciones estructuradas y coordinadas. Es evidente que no es así y que tampoco las grandes organizaciones criminales funcionan como organizaciones empresariales bien estructuradas y con una clara división piramidal del trabajo. Lo que en realidad ocurre es que células delictivas dispersas tienen acuerdos para proteger el trasiego de drogas en su camino al norte y reciben paga por eso, lo que les ha permitido establecer control de territorios que hoy día se manifiestan en, eso sí, una microindustria del crimen donde lo mismo extorsionan a comerciantes y negocios que secuestran, roban, trafican, controlan el narcomenudeo y un largo etcétera que depende de la región de la que se trate.

En esta descripción no puede omitirse el papel de las autoridades, lo que lleva a comentar la segunda causa de la dispersión de las bandas delictivas: la fragmentación del poder público derivado de la apertura democrática que inició en 1977 pero que se consolidó en 1997 con el establecimiento de los gobiernos divididos (gobiernos donde el ejecutivo lo encabeza un partido y el congreso uno distinto). Con las sucesivas derrotas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los órdenes municipal, estatal y en 2000 el federal, el poder público se dispersó y provocó que la autonomía constitucional de la que gozan estados y municipios fuera una realidad. En ese contexto, tanto la posibilidad de que ganaran elecciones miembros o aliados de la delincuencia organizada como que las autoridades locales fueran sometidas por la vía violenta y bajo amenazas, fue y es una realidad palpable.

Aunado a ello, los gobiernos locales, principalmente estatales, vivieron un auge de recursos derivado del alza en el precio del petróleo que ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, auge que no se tradujo en una mejora sustancial de las capacidades de gobernación de los ejecutivos estatales sino en una fuente de riqueza y desvío de recursos que tiene hoy día a varios de esos gobernadores en prisión o prófugos.

Todo lo anterior hay que tomarlo con cuidado y sin prismas ideológicos ya que la tentación a caer en el error de suponer que no debe perseguirse a los líderes de las bandas delictivas o que la pluralidad democrática debe contenerse eliminando los sistemas de representación proporcional en nuestro sistema electoral o peor aún, que el presupuesto público para que sea efectivo debe estar concentrado en la federación. Ninguna de estas conclusiones es cierta ni debe ser promovida.

Lo que debemos concluir del dato de la dispersión de la delincuencia organizada en México es que nuestra política de seguridad pública así como la de disminución de la desigualdad han sido un rotundo fracaso. No funcionaron en la época del priísmo autoritario (1964-1982) ni en la mal llamada era neoliberal (1982-2018), ni parecen estar funcionando en esta nueva era. Es hora de repensar por completo la forma y manera en que estamos definiendo nuestros múltiples problemas públicos pero, sobre todo, de dejar atrás las políticas que han demostrado por completo su inutilidad. @mundiario

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